Foto: El Tiempo
Retaliaciones entre paramilitares causan
nueva masacre en Segovia – Antioquia
La
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño –Cahucopana– denuncia la violación de los derechos humanos que
persiste en las cabeceras municipales de Segovia y Remedios en el departamento
de Antioquia. Ya que el pasado 23 de febrero tuvo como expresión el asesinato
de cuatro personas en el barrio 20 de julio de Segovia, acción realizada
presuntamente por miembros del “Clan Úsuga”.
En 2012 se
presentó una crisis humanitaria por los enfrentamientos entre diversos grupos
ilegales paramilitares, denominados “pos desmovilización AUC” por la Defensoría
del Pueblo, que involucró población civil rural y urbana. Debido a esta
realidad ampliamente documentada por las organizaciones sociales, así como por
el trabajo de denuncia e incidencia realizado por Cahucopana, el Sistema de
Alertas Tempranas emitió el 3 de abril de este año el Informe de Riesgo N°
002-12AI para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia. Con este informe
se alertó sobre la situación de alto riesgo en la que se encontraba la
población debido a la dinámica de confrontación armada entre estructuras
paramilitares que se disputan el control del territorio: Los Urabeños y Los
Rastrojos. Esta disputa es motivada por intereses económicos sobre la región
que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de
la zona como corredor estratégico, y es facilitada por los altos niveles de
abandono estatal y pobreza que predominan en la región manteniendo a sus
pobladores rurales en situación de confinamiento.
Pese a que
la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones que debían ser
adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar
el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos
humanos de las comunidades rurales y urbanas de estos tres municipios, con
énfasis en poblaciones identificadas en alto riesgo como los mineros
artesanales; hasta el momentos y a pesar de que Cahucopana persiste en la
interlocución con las instituciones encargadas de tomar las medidas pertinentes
frente a este caso, no se han llevado a cabo acciones que protejan a la
población y hagan efectivo el derecho a la vida.
Fue así como
el pasado 23 de febrero en el barrio 20 de julio del municipio de Segovia,
aproximadamente a las 4: 00 pm, fueron asesinadas cuatro personas identificadas
como Óber Díaz Guerrero, de 23 años; Esnéider Torres Fonnegra, de 25 años;
Brayan Steven Montaño, de 20 años y el menor de edad Samuel Emilio Gómez
Zapata, de 17 años. En este hecho también resultó herida una persona más.
Una de las
hipótesis que se manejan afirma que el hecho sucedió por la retaliación entre
bandas criminales y grupos paramilitares. Las víctimas, según los medios de
comunicación, se encontraban reunidas para conformar una nueva estructura
criminal.
Ante estos
hechos que irrumpen con la tranquilidad de los pobladores de Segovia y que
contribuyen a la agudización de la crisis humanitaria y la vulneración de los
derechos humanos, Cahucopana hace el llamado al Gobierno Nacional para que de
manera urgente se desmonten las estructuras paramilitares y se combata a todos
aquellos actores delincuenciales generadores de violencia, además que se
brinden las garantías de seguridad necesarias para el respeto a la vida y la
permanencia de las comunidades mineras y campesinas en la región.
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