martes, 26 de diciembre de 2017

Fallece en accidente el líder comunitario Elmer Gaviria


Fallece en accidente el líder comunitario Elmer Gaviria

Entre muchas de las acciones que realizó en aras de mejorar la calidad de vida de la comunidad, se destaca su labor en la apertura de carreteras en la región y su disposición para la resolución de conflictos.



Con profundo sentimiento de tristeza, lamentamos informar que el líder comunitario Elmer Gaviria falleció anoche a causa de un accidente en la vereda Carrizal, de Remedios (Antioquia).


Elmer era un destacado dirigente campesino; entre muchas de las acciones que realizó en aras de mejorar la calidad de vida de la comunidad, se destaca su labor en la apertura de carreteras en la región y su disposición para la resolución de conflictos. Actualmente se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal e integraba el comité de deportes.

Resaltamos su liderazgo el cual se evidenció en el paro agrario, étnico y popular desarrollado en 2013, fecha en la cual fue impactado por un proyectil de arma de fuego en una de sus piernas mientras se encontraba en el refugio humanitario ubicado en el municipio de Barbosa (Antioquia).

Sin duda es una pérdida irreparable. La familia Cahucopana extiende su abrazo solidario y fraternal para con su compañera, hijos y familia, además para la comunidad campesina y minera de la vereda Carrizal.
Adiós, compañero, hermano y amigo Elmer.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Colonizando tierras a pie


Colonizando tierras a pie

Libia Tamayo es fundadora de la parte baja del nordeste antioqueño, donde llegó hace más de treinta años huyendo de la violencia

Por: Bibiana Ramírez  



Desde aquí le pertenece a doña Libia, por todo ese borde que ve allá. Ella fue de las primeras en llegar a esta región. A nosotros nos cedió una buena parte”, dice Gerardo mientras señala la montaña. “Y esto lo caminamos nosotros, ¿cierto Gerardo?”, dice Fany con una risa tímida. Gerardo también sonríe y dice que el camino casi no le rendía, Fany le refuta diciendo que no es cierto, que tenía un paso constante y ligero. Sonríen y siguen mirando por la ventanilla, tal vez añorando aquéllas épocas cuando se caminaban todo el nordeste, hablando de derechos humanos y abriendo trochas.

Vamos rumbo a la parte baja del nordeste antioqueño, veredas bastante alejadas de Remedios, pasando desde Martaná, Santa Lucía, El Pollo, donde hay una base militar, después por El Popero, Gorgona, Paso de la Mula, Plaza Nueva y Camelias. Hasta ahí llega la carretera. Cerca, no tan cerca, está el río Tamar que ya es límite con el Sur de Bolívar. Cuando llueve es posible que los carros se queden atascados en el lodo y los ríos se crecen hasta desbordarse, dejándolos incomunicados.

Entrando a estas veredas ya no es posible ver esa selva nativa y tupida que hay más adentro. Los madereros y la ganadería se han consumido gran parte de esta vegetación. Sin embargo hay monte para rato. Ya muchas familias están optando por cuidar lo que les queda porque saben que ahí está el agua.

Descubriendo montañas

Todas esas regiones fueron colonizadas por campesinos desplazados y pobres deseando salvar sus vidas, pues ya habían perdido sus bienes en manos de los paramilitares.

Libia Tamayo, que todos conocen como la abuela, fue la primera en entrar a la parte baja del nordeste y llegó allí, no porque quiso sino porque le tocó. Ella salió desplazada en 1983 de Puerto Berrío con su compañero, dos nietos y Gustavo, un trabajador. “En Berrío nos perseguían los Masetos, ¿los oyó mentar? Eran unos paras. Ellos nos hicieron salir de allá. Por aquí no conocíamos nada, ni sabíamos para dónde veníamos. Él dijo: ‘vámonos, salvemos aunque sea la vida’. A un poco de familias nos hicieron salir con un montón de niños y la mera ropita que llevábamos puesta”.

En el 84 lograron llegar, abriendo monte hasta Plaza Nueva. Hacían estaciones de ocho y quince días. Armaban algún ranchito de plástico o paja y ahí se quedaban mientras cogían energías para seguir. Eran tierras baldías. En Plaza Nueva se quedaron varios años. La subsistencia no era fácil, no había caminos, todos tocaba inventarlos.

“Nosotros vivíamos de la madera. El marido mío cortaba palos para llevarlos a Campo Bijao y luego a Barrancabermeja. Valía más el flete que la madera. Minería no se hacía. Después que se abrió la tierra fue que vino a aparecer. El revuelto nos tocaba cargarlo como a dos horas y en una mula, desde Remedios, traía la comida para nosotros. Cuando eso no había base militar en El Pollo. Esa base llegó cuando se empezaron a abrir caminos por aquí y llegó gente desplazada de muchos lados”.

Hasta ahí, Libia y su familia creían haber encontrado un lugar tranquilo. Cuando se creó la base militar, en los noventa, los soldados entraban por toda esa región. “Cuando ya se formó el caserío de Plaza Nueva, empezó el control de las comidas. Uno llevaba el bultico de panela para el mes o mes y medio y se lo recortaban a la mitad, así era con el arroz. Como en ese lado había guerrilla, nos decían que era para ellos. Comenzamos a mercar por Campo Bijao hasta Barranca por el río en johnson, pero era muy costoso y por ahí también quitaban los mercados, en Cuatro Bocas, donde salían los paracos”.

Atropellos del Ejército

Y la llegada de la base trajo consigo múltiples excesos con esos campesinos que buscaban un futuro en otras tierras. Cuando Libia vivía en Plaza Nueva, casi vivía a la intemperie. “Aquí comenzaron los sufrimientos con el Ejército. Ahí nos tocaba dormir en el monte casi diario. Un día nos tocó arrancar a toda carrera y dejamos todo, al otro día que volvimos estaba la comida regada en el patio, la ropa, las ollas estaban hundidas, a la máquina de moler le había volteado el tornillo. Y decía mi compañero: ‘esa gente sí es dañina’. Eso lo hacía el Ejército que era el que nos perseguía por allá”.

Cada quince días aparecían por cualquier lado de la montaña y siempre llegaban preguntando por la guerrilla. Los soldados se hacían cerca de la casa de Libia, a acampar. “Eso era cada momentico a pedir cosas, que si tenía gallinas, que si tiene tal cosa, tal otra que para que les vendiera. Pero nosotros que teníamos las cosas medidas, no podíamos”.

Años después se fue poblando esa región. Llegaron nuevas familias. Empezaron a abrir las carreteras. Tenían días tranquilos, cuando el Ejército no aparecía, pero otros días de alarma y temor, por ejemplo con los bombardeos que fueron constantes. “Por la finca de don Domingo el Ejército bombardeó a la guerrilla. Yendo para Los Bogotanos tiraron unas bombas por allá en la montaña. En La Gorgona también. Ya cuando estaban en proceso de paz también bombardearon y mataron a dos guerrilleros”.
Gerardo, Fany, Libia, fundadores de Cahucopana en la parte baja, empezaron a hacer denuncias, a interlocutar con el Ejército. Lograron que los dejaran tranquilos y se retiraran de esa zona, pero los militares se quedaron en la base.

Los conflictos cambian

Libia fue haciendo intercambio con esas tierras o a los que llegaban les cedía parte para que hicieran sus ranchos. Ella es fundadora de la junta de acción comunal, hace 27 años. “Yo toda la vida hice parte de la junta. Yo en todo tengo que estar menos en misa, así yo no hable, siempre estoy analizando y pendiente. A mí me acobija una timidez, mucha pena que me da. Me da miedo equivocarme”.

Ya se retiró de la junta porque dice que los años ya no le ayudan. Sin embargo está en el comité de mujeres. Pero ella misma asegura que la gente en esa vereda ha sido difícil de organizar. “Les gusta mucho el chisme y poco actuar”.

Se han presentado discordias en la junta. Además están llegando problemáticas que antes no se veían. “Aquí se están entrando marihuaneros, ladrones, atracadores por los caminos y ya no estamos tranquilos. Llegan encapuchados, como hace días a Plaza Nueva. Están robando ganado. Hace dos meses se le perdieron a Jeremías once vacas. A otro vecino le robaron una. No se sabe quiénes son”.
Libia ahora tiene una casa de madera, colorida y que sirve de tienda en Camelias. Es una líder querida y reconocida en toda la región. Algunos vecinos llegan a saludarla, a comprar algún fresco o a ver cómo está de salud. Ella, con su sonrisa tímida, los recibe y les da algunas noticias. El sol del medio día pega duro sobre los tejados de lata y la carretera de tierra. “Así, con ese sol tan bravo nos caminamos todo este nordeste”.



sábado, 11 de noviembre de 2017

Video - Memorias de la masacre de Segovia


Memorias de la masacre de Segovia

Por: Agencia Prensa Rural  




En noviembre de 1988, un grupo de paramilitares irrumpió en Segovia, Antioquia hacia las 6 de la tarde, durante 4 horas se pasearon por el pueblo asesinando a cuanta persona se cruzaban. El saldo fue de 45 muertos y un centenar de heridos. La acción se llevó a cabo en retaliación por el triunfo que había obtenido la Unión Patriótica en esa zona del país. Fue un escarmiento para la población por apoyar a candidatos populares. En 2011, Reiniciar, Cahucopana, ACVC y otras organizaciones sociales llevaron a cabo un acto en que recordaron la masacre. Durante este acto ubicaron un monumento para recordar a los mártires de Segovia en el parque central. Este video recoge algunas memorias de habitantes de Segovia que vivieron la masacre, sus recueros, su memoria, nos transportan a esas oscuras horas en que los paramilitares ante la mirada cómplice de la policía y el ejército perpetraron tan horrenda matanza.

sábado, 30 de septiembre de 2017

Daños que el Estado no podrá reparar


Daños que el Estado no podrá reparar


Acto de reconocimiento a Cahucopana como sujeto de reparación colectiva en la vereda Lejanías, Remedios (Antioquia).

Por: Bibiana Ramírez 





Las lágrimas de Yineth se juntan con el sudor para recordar a los combatientes caídos. A Ramiro le tiembla la voz cuando recuerda a su compañera Marleny Giraldo. Amparo llora por su hija desaparecida hace 16 años. Macías hace memoria de sus seis hijos que le arrebató la guerra. Todos mencionan el nombre de algún campesino al que el Ejército quitó la vida.

La Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) es sujeto de reparación colectiva, donde el Estado reconoce los daños causados a miembros de esta organización y el asesinato de 16 campesinos presentados como guerrilleros por el Ejército.

“Cahucopana declara que la población ha sido afectada de manera individual por un patrón de victimización configurado en los siguientes hechos victimizantes: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, amenazas a la vida, la integridad y la seguridad personal, delitos contra la libertad sexual, desplazamiento forzado, lesiones personales, discriminación, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y estigmatización”, dice la resolución donde se declara a la organización como víctima.

Lo sucedido en el nordeste desde el 2000 está en los recuerdos de los campesinos como una herida imposible de cerrar. A raíz de tanta violencia, en el 2004 algunos líderes de la vereda Lejanías deciden conformar Cahucopana para hacer las denuncias y frenar tanto atropello. “No podíamos seguir dejando las tierras nuestras, entonces hablamos con la ACVC para ver qué podíamos hacer, para no estar de un lado para otro huyendo de la violencia. Hicimos la primera acción humanitaria y las primeras denuncias, con mucho miedo, pero las hicimos”, recuerda Fanny García, primera presidenta de la Corporación.

Lejanías

Braulio García, más conocido en la región como Rayito y uno de los fundadores de Cahucopana, estuvo liderando la defensa de la vida en esta vereda, cuando en el 2006 llegó el Ejército y se quedó un año en la entrada del caserío. “Llegaban aquí tratándonos mal, insultándonos, que nosotros éramos guerrilleros, que no éramos campesinos. Una vez nos cogieron un muchacho, lo tuvieron toda la noche, le metieron la cabeza en una bolsa plástica. Fuimos nueve a la base a reclamarlo. Me preguntó el sargento que yo quién era, le dije que defensor de derechos humanos, cambió la actitud y nos lo entregaron. Lo iban a matar. No pudimos salvar la vida de muchos otros”.

Rayito recuerda que saqueaban la cantina. Ninguna mujer podía dormir sola porque se le metían a la casa. “Usted aquí no podía salir alrededor del caserío, porque ahí estaban asustando. Estábamos como sitiados, suspendidos, no podíamos movilizarnos, pero nosotros, como defensores de derechos humanos, rompíamos y pasábamos por encima de ellos”.

En cierta ocasión, en la base militar se escucharon unas explosiones de bombas, granadas y ráfagas de metralleta. Rayito salió corriendo a ver qué sucedía. Los militares lo insultaban y le decían que se fuera. Él hizo una llamada a Bogotá y puso el teléfono en altavoz para denunciar que el Ejército se estaba inventando un enfrentamiento con la guerrilla.

“Éramos seis o siete en la casa y sólo podíamos traer cuatro libras de arroz, un litro de aceite, tres panelas. Uno podía hacer un mercado de cuarenta mil pesos cada 15 días. Salía uno a Segovia y a Remedios y eran los paracos pendientes de lo que se compraba. Teníamos doble retén. Matábamos alguna res y venía el Ejército a quitarla y a decir que eso era para la guerrilla”.
Rayito fue de los primeros habitantes de Lejanías. Sólo había selva y un par de casitas y se podía trabajar donde se quisiera. Empezó a llegar gente y crearon la junta de acción comunal. “Pasaron muchos años que vivimos alegres, sin preocupaciones. Estaba la guerrilla por ahí cerca, pero no pasaba nada. Tenemos que decir que aquí las FARC nunca nos mató un campesino. Todos los muertos los recibimos fue del Estado y los paramilitares”.

Reparación colectiva

El 18 de septiembre se hizo el acto de reconocimiento, por parte del Estado, a Cahucopana como víctima. En Lejanías se reunieron los líderes más antiguos de la Corporación, junto con los más jóvenes, para empezar un proceso de reparación nuevo en el país.

Hasta la fecha hay cuatro procesos nacionales de reparación colectiva que van a iniciar la implementación de medidas, pero ninguno ha culminado y no se sabe cuál será el resultado. Lo primero que hace el Estado es un proceso de alistamiento donde socializa con la comunidad víctima todo el camino que tendrá que recorrer. Al tiempo que se hace un acto simbólico de siembra de memoria y recuerdo de los seres queridos.

“Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no dentro del proceso de reparación colectiva, y hay cosas que son irreparables y eso lo tiene claro el Estado”, dice Gina Jaimes, de la Unidad de Víctimas y encargada del proceso con Cahucopana.

Cahucopana toma la iniciativa de rendir declaración en la Defensoría del Pueblo. No es aceptada la primera vez. Hacen un segundo intento apoyados en el proceso de paz y vuelven a declarar. Ahí entran al plan de reparación dentro de los casos nacionales.

“Según el ideal de la Unidad, se piensa para cuatro años, según las medidas que se acuerden. Esto se hace en conjunto, todas las partes proponen. No podemos hacer justicia, restitución, ni indemnización. Sería entregar unas medidas de satisfacción”, agrega Gina.

La guerra no termina



Para quienes vivieron el conflicto es gratificante que el Estado reconozca que tuvo culpa en las violaciones de derechos humanos, por acción del Ejército o por la omisión a las denuncias de los campesinos.

Sin embargo esa paz que tanto reclaman en el campo no está siendo posible porque los atropellos aumentan. “En Lejanías se están presentando robos, violaciones, droga, corrupción, violencia intrafamiliar. Está entrando mucha gente de afuera a hacer daño”, dice con preocupación Óscar Macías, líder de Cahucopana y artista.

Y a Rayito le indigna que haya también abuso económico. Con la madera “llegan los que tienen plata y no preguntan cuánto vale, sino que se le va a pagar tanto, si quiere le vende, sino déjela ahí para leña, ¿y qué hace uno? Venderla. Se sabe que el que la está comprando se la está llevando toda”. Igual está pasando con el ganado, además de criminalizar la minería.

Al finalizar el evento de reconocimiento, las nuevas generaciones de Cahucopana hicieron un homenaje a los fundadores: Gerardo, Fanny, Macías y Rayito, y con emotividad estos entregaron a la juventud el trabajo de trece años luchando por las comunidades. “Es una alegría que fuimos nosotros los que rompimos trochas para protegernos y hoy le entregamos el legado a los jóvenes”, dice en medio de lágrimas Fanny García.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Grupo armado se toma vereda de Remedios


Grupo armado se toma vereda de Remedios

La Corporación Cahucopana emite una acción urgente ante la fuerte presencia de hombres armados y encapuchados en la parte baja del Nordeste Antioqueño que pone en riesgo la vida, integridad, libre movilidad y la permanencia en el territorio de los habitantes de esta región.

El jueves 28 de septiembre de 2017 la comunidad de la vereda Plaza Nueva, jurisdicción del municipio Remedios, en Antioquia, aproximadamente a las 11:00 de la noche percibieron la llegada de un grupo de personas encapuchadas quienes portaban armas de fuego, entre 15 y 20 de estas personas se ubicaron en la zona comunal conocida como "El Descargadero” por ser el lugar donde la gente deja la madera para comercializarla.

Los hombres se mantuvieron en la vereda durante toda la noche generando zozobra e intranquilidad, los perros no dejaron de ladrar anunciando la presencia de personas extrañas. La comunidad está temerosa en denunciar y han expresado miedo por los hechos similares vividos en épocas pasadas que conducían al asesinato o desaparición de los habitantes.

Es de resaltar que a pocos kilómetros de la vereda está ubicada la base militar de la XIV brigada del Ejército Nacional, “El pollo” y en la región ha habido fuerte presencia militar.

Por lo anterior se exige a las distintas instituciones responsables en materia de derechos humanos sobre la necesidad de la protección de la vida y la permanencia en los territorios ante la presencia reiterada de grupos armados que la Corporación ha venido denunciando, lo que se configura como un hecho de amenaza latente y lo que puede conllevar a desplazamientos masivos y vulneraciones a la vida e integridad de mineros y campesinos de la zona. Se exige además que se de apertura a las investigaciones pertinentes sobre las medidas que no han sido tomadas por parte de las entidades encargadas de investigar hechos que son reincidentes.

Se solicita asimismo a la comunidad nacional e internacional exigir al Estado colombiano las garantías para las comunidades, estar atentos a próximos hechos que se puedan ir presentando, que se pronuncien ante los hechos y que acompañen visibilizando y denunciando la situación en estos territorios.

Reconocimiento a Cahucopana como sujeto de reparación colectiva



Reconocimiento a Cahucopana como sujeto de reparación colectiva

Un paso en la dignificación de nuestras comunidades

Tras 13 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado interno, en el que las comunidades minero campesinas de Remedios y Segovia, organizadas en Cahucopana, resistieron a hechos victimizantes efectuados por diferentes actores armados legales e ilegales, y que se vieron representados en ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, confinamiento poblacional, desaparición forzada, quema de caseríos y el bloqueo económico y sanitario, entre otras, el Estado reconoce a la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño como sujeto de reparación colectiva.

Para ello, los pasados 18 y 19 de septiembre una vez más nos encontramos la familia Cahucopana en la vereda Lejanías, jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, para realizar el acto de notificación de la resolución de inclusión como sujeto de reparación colectiva y conformar el comité de impulso el cual orientará el proceso de reconstrucción de memoria histórica y las solicitudes de reparación para nuestra organización.

Acompañados por organizaciones hermanas como la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Jurídica Yira Castro, las organizaciones internacionales ECAP y PBI, y funcionarios de la Unidad para las Víctimas, iniciamos la etapa de alistamiento como primer momento en el proceso.

Luego de haber sido incluidos en el Registro Único de Víctimas, el alistamiento permitió a la comunidad conocer las cinco medidas de reparación (satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución y garantías de no repetición) establecidas en la política pública de víctimas, en las que se identifican acciones que suponen la recuperación del buen nombre y la honra, el resarcimiento del daño causado en términos de lo jurídico, médico, psicológico y social, la restitución de los derechos y bienes en los casos posibles y el restablecimiento de condiciones físicas, económicas, infraestructurales.

Para todo el proceso que dura aproximadamente tres años, se conformó el Comité de Impulso que se encargará de ser el puente entre las comunidades y la Unidad de Víctimas. Para nuestro caso, quedó constituido por compañeros representantes de veredas donde la Corporación adelanta trabajo, quienes a su vez son socios de las Juntas de Acción Comunal de sus veredas y hacen parte de los equipos de trabajo de la corporación.

Culminada la jornada de socialización, quisimos rendirle un sentido homenaje a cuatro de nuestros fundadores, aquellos que llevan más de una década de estar caminando y abriendo las trochas que hoy comunican las veredas de Remedios y Segovia, siempre firmes creyentes en que la organización comunitaria enarbola las voces del campesinado, aunadas en las denuncias que han roto los cercos impuestos, la censura, la exclusión, los continuos intentos por invisibilizar y criminalizar a las comunidades minero-campesinas, indígenas, afrodescendientes y las organizaciones sociales.

Para el cierre del acto de reconocimiento, en homenaje a los hombres y mujeres que han contribuido con su trabajo en la defensa de los derechos humanos para la permanencia en el territorio, se instaló una placa en mármol, como un permanente llamado a la lucha que estamos continuando por una justicia social para el campesinado del nordeste antioqueño.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Video- Reparación colectiva a Cahucopana

Reparación colectiva a Cahucopana

Por: Agencia Prensa Rural 





La Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) es sujeto de reparación colectiva, donde el Estado reconoce los daños causados a miembros de esta organización y el asesinato de 16 campesinos presentados como guerrilleros por el Ejército.
El 18 de septiembre se hizo el acto de reconocimiento, por parte del Estado, a Cahucopana como víctima. En Lejanías se reunieron los líderes más antiguos de la Corporación, junto con los más jóvenes, para empezar un proceso de reparación que es nuevo en el país.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Ejército y Policía Nacional capturan campesinos de Remedios acusándolos de pertenecer al ELN


Ejército y Policía Nacional capturan campesinos de Remedios acusándolos de pertenecer al ELN

Tras la alerta que se generó en las horas de la noche del día 21 de septiembre por el desembarco de fuerza pública en el lugar conocido como Altos de Manilas, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), la comunidad teme por las represalias que puedan ocurrir ante la falta de garantías para la población en medio del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ayer, 22 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 5 de la mañana, miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Energético y Vial Nº 8 con sede en el municipio de Segovia, soldados del Batallón de Operaciones Terrestres 107 encargado de la seguridad del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Juan Carlos Castañeda” en la vereda Carrizal y miembros de la Policía judicial (SIJIN) de Barrancabermeja, llegaron a la vereda Cancha de Manila y procedieron a allanar la vivienda del señor Miguel Córdoba Bejarano y su esposa Lina Irene Tenorio, quienes fueron detenidos señalándolos de pertenecer a la insurgencia del ELN.

Los campesinos son habitantes reconocidos de la región y están inscritos a la Junta de Acción Comunal de la vereda. El señor Miguel Córdoba Bejarano es minero y comerciante mientras que su esposa es ama de casa. Ambos fueron trasladados en helicóptero hacia el municipio de Segovia.
La población señala que las camionetas que llegaron al lugar y en las cuales subieron a los dos detenidos tenían las placas tapadas con plástico, pero aseguran que se trata de la dotación de camionetas donde se movilizan el componente de fuerza pública del Mecanismo Tripartito ubicado en la vereda Carrizal.

Así mismo, cuando los miembros de Cahucopana interlocutaron con la fuerza pública, ésta no permitió la revisión de las órdenes de captura y allanamiento, y justificaron que fue presentada al presidente de la Junta de Acción Comunal. En el momento de la interlocución se realizó el empadronamiento a la cédula de Carlos Palacios, la cual adicional a ser radiada fue fotografiada.

Este tipo de situación no contribuye a la construcción de confianza entre comunidad y fuerza pública, acción que se ha venido promoviendo desde la instalación de la zona veredal. Por el contrario, cuestiona y previene a la comunidades que reconocen a los miembros de la fuerza pública que están en Carrizal y que ahora participan en los operativos que involucran a la comunidad.

Exigimos respeto a la vida y la libertad del campesinado del Nordeste Antioqueño, los campesinos capturados NO hacen parte del ELN y cuentan con el respaldo de las comunidades y las organizaciones quienes conocen su historia de vida en el territorio.

Continúan las capturas de campesinos en el nordeste antioqueño bajo cargos de rebelión


Continúan las capturas de campesinos en el Nordeste antioqueño bajo cargos de rebelión



El 21 de septiembre de 2017, alrededor de las 12 del mediodía en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios (Antioquia), aterrizaron dos helicópteros en la finca “La Estrella” llevando consigo soldados del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Energético y Vial y N°8, miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para hacer efectivas dos órdenes de captura en contra de habitantes de la región. La mujer, Diana Zapata, quien trabaja en la finca preparando alimentos y es afiliada a la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros, y su compañero sentimental, Gabriel Ángel Restrepo Restrepo, jornalero de la finca. La pareja tiene un niño de 5 años que quedó bajo resguardo del dueño de la finca La Estrella, donde trabajaban.

Posterior a la captura fueron trasladados a Barrancabermeja. La comunidad señala que durante la captura se escuchaba un avión sobrevolando "de los que se utilizan en operativos contra los insurgentes". El sobrevuelo se realizó hasta las dos de la tarde.

Es de resaltar que doña Diana es reconocida en la región debido a su prestación de servicios de farmacia y odontología en la vereda Ojos Claros. Los capturados hacen parte de procesos organizativos comunitarios, en específico el comité arrocero de Familias Campesinas de Antioquia y sur de Bolívar.

Las comunidades se encuentran con temor y zozobra y, como en épocas anteriores, presienten que estas capturas son el antecedente a la crisis humanitaria que genera el Estado colombiano con acciones contra las comunidades y líderes del territorio que son vinculados a las organizaciones insurgentes, en este caso el ELN.

viernes, 15 de septiembre de 2017

La paz será el legado que dejamos a nuestros niños y niñas


La paz será el legado que dejamos a nuestros niños y niñas

Por: Carlos Morales



Lejanías, el nombre lo indica, es un lugar muy lejano. Es una de las veredas más apartadas del casco urbano del municipio de Remedios, Antioquia. Un caserío bordeado por el río Manila donde sus habitantes se bañan. Aquí, en medio de la ausencia estatal manifiesta en la no inversión en escuelas, vías de acceso, centros de salud y vivienda digna entre otros, hubo alto riesgo de desplazamiento forzado por el operativo militar al que llamaron Operación Atenea, dirigida desde Puerto Berrío por la XIV Brigada del Ejército Nacional sobre diferentes veredas de la región del Nordeste Antioqueño y del valle del río Cimitarra. Dicho operativo, entre 2004 y 2009, dejó como saldo 18 campesinos asesinados extrajudicialmente.

Aquí, en este mismo caserío, ante la zozobra e incertidumbre del campesinado de la región, más de 400 compañeros y compañeras delegadas de diferentes veredas del Nordeste Antioqueño, hermanos, hijos y amigos, nos dimos cita un 4 de diciembre del 2004 para darle vida a Cahucopana.

Nuestra organización fue fundada por líderes y lideresas reconocidos en la región: Braulio Enrique o Rayito, como le decimos de cariño, Fanny García, Gerardo Acero, Óscar William Macías, el cantor de Lejanías, Orlando y Albeiro Guerra; con el fin de denunciar la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, reivindicar el derecho a vivir en paz y, ante todo, el derecho a la permanencia en el territorio, en el lugar donde crecimos los actuales líderes del proceso y donde han nacido nuestros hijos.

Hoy, después de 8 campamentos de refugio humanitario, 4 acciones humanitarias e incontables misiones de verificación en medio de la guerra, todas las anteriores figuras que Cahucopana adoptó y construyó en la práctica para resistir al desplazamiento forzado, los delegados y delegadas de diferentes veredas nos volvemos a dar cita en Lejanías el 18 y 19 de septiembre del presente año, esta vez para realizar el acto simbólico con que socializaremos el reconocimiento de nuestra organización como sujeto de reparación colectiva por parte la Unidad Nacional de Víctimas.

Este reconocimiento implica que el Estado sabe la responsabilidad que tuvo por la violencia que en nuestra región se dio con operativos militares y ejecuciones extrajudiciales y que se configuró en una forma sistemática de persecución contra los líderes de la Corporación. 

Nos preparamos con toda la seguridad de que éste es un paso por la reivindicación colectiva en la búsqueda de garantías de no repetición, para que cesen el señalamiento, la estigmatización y las persecuciones y por el respaldo y respeto a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, siempre con la convicción clara de seguir velando por el bienestar, la defensa y la permanencia de nuestras comunidades mineras, campesinas e indígenas en el territorio.
La paz será el legado que dejamos a nuestros niños y niñas.

viernes, 18 de agosto de 2017

Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia

Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia


El Esmad en las instalaciones del Hospital San Juan

Presentación


El día 21 de julio del año en curso, a la media noche, se dio inicio a la manifestación convocada por la Mesa Minera, a la que se sumaron mineros y población que tiene como sustento económico la extracción del oro de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, ejerciendo así el derecho a la protesta pacífica para la reivindicación de la labor minera.

Ésta se dio en el marco de dos situaciones concretas; en primer lugar, la legislación vigente en Colombia en materia minera, la cual resulta difusa y va en contravía de los intereses de aquellos pueblos mineros que han practicado la minería ancestral y tradicional, como lo son Remedios y Segovia, beneficiando de manera notoria a los capitales multinacionales. Adicional a ello, encontramos la situación latente que se vive en la región del nordeste antioqueño con la multinacional que en la actualidad tiene presencia allí, Zandor Capital S.A. Colombia y su casa matriz, Gran Colombia Gold Corporation, compañía canadiense con presencia en estos municipios.

La protesta pacífica se vio perturbada con la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD a los municipios de Remedios y Segovia. Presencia que ha generado un contexto de violación de derechos humanos, teniendo como principal afectada a la población civil y como primordial exigencia al Estado colombiano, la salida inmediata de dicha institución de la región.

A raíz de la mencionada situación, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana - como organización promotora y defensora de derechos humanos, que por más de 12 años ha hecho presencia en estos municipios, llegó al casco urbano con el fin de acompañar a la población afectada, hacer un rastreo de los casos de violación a derechos humanos en el marco de la protesta, sin dejar de lado el apoyo a las reivindicaciones de mineros ancestrales y tradicionales y con ello a la Mesa Minera.

Por eso, a continuación damos a conocer a la comunidad nacional e internacional el contexto local actual que se vive estos dos municipios, junto con algunos ítems que dan cuenta de la criminalización a la protesta y hechos que se fundamentan como violaciones a los derechos humanos.

Contexto Local


Al ser el nordeste Antioqueño una zona con grandes reservas de oro, los campesinos y mineros de la zona rural de Remedios y Segovia han sostenido sus familias a través de la labor minera. Por este motivo se han visto afectados por las decisiones del gobierno nacional, departamental y municipal en torno a los mineros artesanales y pequeños mineros. En marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente donde, como Corporación, insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales.

En el casco urbano, la Mesa Minera, como organización que ha abanderado la protesta, informa que la multinacional minera Gran Colombia Gold Corporation, a raíz del título minero que ostenta para la explotación del subsuelo, tiene afectadas a las familias minero-campesinas que de manera ancestral han vivido y han logrado su sustento económico de la explotación minera de dicho territorio. Es así como en la actualidad, a través de la figura del amparo administrativo, la empresa pretende desalojar, cerrar e impedir la explotación minera de 120 minas pertenecientes a la comunidad de Remedios y Segovia. Adicional a ello, los mineros ancestrales y artesanales, en el marco de la protesta, denuncian la imposibilidad de vender el oro, por los procesos normativos y administrativos que se vienen adelantando, situación que ha generado la falta de sustento económico para las familias mineras y el impedimento de las pequeñas y medianas mineras de la región para pagar los salarios y demás contraprestaciones a sus trabajadores.

Adicional a ello, la multinacional instauró demanda en contra de Empresas Públicas de Medellín – EPM, en consideración a la prestación del servicio de energía eléctrica a viviendas familiares y a entables mineros ubicados en el predio sobre el cual la empresa ostenta el título minero, proceso judicial que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el marco del cual se dio orden judicial para practicar peritaje que establezca el dinero que ha dejado de percibir la multinacional con ocasión de la explotación minera por parte de la pequeña y mediana minería perteneciente a la comunidad remediana y segoviana, ingresos económicos que pretenden ser reclamados en el marco del proceso, además de lograr la orden judicial para que EPM retire el servicio de energía eléctrica a los entables mineros y a las casas allí ubicadas.

Cahucopana pudo documentar que los pocos acercamientos que se han propiciado entre la Mesa Minera y la Compañía minera no han dejado grandes resultados, esta última, presentó propuesta de asociación, consistente en un contrato de un año no prorrogable, con una contraprestación irrisoria para los pequeños y medianos mineros, además de unas condiciones de entrega de material que acabarían con la cadena productiva de la cual subsisten las familias de Remedios y Segovia, esto es, acabando con la labor de los chatarreros, arrieros, transportadores y comercializadores.

Estigmatización del derecho a la protesta


En el marco de las protestas se ha dado un contexto de estigmatización y criminalización de los mineros protestantes, de las comunidades indígenas y campesinas que los acompañan y de la Mesa Minera.

Según la información que se pudo recopilar, las comunidades y la Mesa Minera denuncian que la institucionalidad estatal municipal, departamental y nacional, los culpan de manera infundada de todo lo que ocurre en la región, al igual que a los campesinos e indígenas que vienen acompañando la protesta. Ello, inclusive de manera formal, pues en espacio de interlocución entre la Alcaldía de Remedios y la Mesa Minera, la institucionalidad solo le presentó a esta última las supuestas infracciones y errores que se han cometido durante los días que van de manifestación, sin proponer ningún tipo de solución ni reflejar voluntad para llegar a las vías del diálogo y la concertación.

Afectaciones al medio ambiente


La multinacional ha venido acusando a los pequeños y medianos mineros de “criminales dañinos del medio ambiente”. La comunidad minera reconoce de manera enfática la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar las técnicas necesarias para reducir los daños ambientales con la extracción minera. No obstante se resalta la ausencia estatal en este campo, pues se debe reconocer que los municipios de Remedios y Segovia son pueblos mineros que deben ser capacitados en manejo ambiental.

Por su parte, la Mesa Minera aduce que los estudios técnicos realizados por Corantioquia arrojan que la actividad minera desarrollada por la multinacional Gran Colombia Gold Corporation contribuye en un ochenta por ciento a la contaminación en la región, producto de la extracción de oro, por lo que han presentado las respectivas quejas administrativas ante la Procuraduría y una acción judicial bajo la modalidad de acción popular, la cual se radicó de manera directa a través de un plantón en el respectivo Juzgado, donde fue recibida y remetida a la ciudad de Medellín.

Violaciones de derechos humanos


Cahucopana a raíz de la recolección de información suministrada por la Mesa Minera informa a la comunidad nacional e internacional los abusos y extralimitaciones de la fuerza pública, principalmente por parte del ESMAD desde su llegada a la región por orden directa de la Gobernación de Antioquia, llegada que tornó la protesta pacífica en un contexto violento donde la población civil se ha visto fuertemente afectada. Es así como la principal exigencia que se hace al Gobierno nacional, departamental y municipal es la salida inmediata del ESMAD de los municipios antioqueños antes nombrados.

A continuación se presenta una relación de hechos concretos donde se denota una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados suscritos por el Estado en dicha materia, por parte del ESMAD y demás fuerza pública. No obstante, es el Estado el llamado a proteger la vida e integridad física de la población civil y a responder por el incumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas.

Hechos


En la actualidad y desde el pasado 5 de agosto, se unieron a la protesta varias comunidades campesinas e indígenas de la zona rural de los municipios de Remedios y Segovia, de veredas como Carrizal, Panamá Nueve, Resguardo Indígena Tagual - La Pó, El Carmen, La Cristalina y Altos de Manila, instaurando un Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en el coliseo del municipio de Segovia y conformado aproximadamente por cuatrocientas personas.

Es de vital importancia resaltar que al declararse en Campamento de Refugio Humanitario, el día de su llegada fueron atacados por el ESMAD, continuando las agresiones, principalmente con los gases lacrimógenos (armas químicas), que han venido afectando a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres en embarazo.

El 31 de agosto, el ESMAD se tomó el hospital principal de Segovia, San Juan de Dios, aproximadamente desde las cinco de la tarde hasta las 11:30 p.m. Desde allí atacaron a los manifestantes e impidieron el ingreso de un herido.

En varias ocasiones las comunidades han denunciado que el ESMAD ha estropeado y derramado la alimentación que se prepara en las cocinas comunitarias de ambos municipios. Es importante resaltar que en Segovia se cuenta con 35 cocinas comunitarias dispuestas a ofrecerle alimentación a la comunidad que ha venido ejerciendo su derecho a la protesta.

El día catorce de agosto, en medio de una ceremonia católica que se desarrollaba en el lugar conocido como La Electrificadora, en el municipio de Segovia, el ESMAD arrojó gases lacrimógenos.

La Policía del municipio de Segovia, en medio de las protestas ha disparado en contra de la integridad física de la población, incluso con armas de fuego, causando heridas a los protestantes y la muerte del joven Brandon Stid Ochoa Estrada, con dieciocho años de edad, habitante del barrio Marquetalia del municipio de Segovia, en hechos ocurridos el quince de agosto en las afueras de la institución educativa Liceo Liborio Bataller.

Hasta el día catorce de agosto se habían registrado por parte de la Mesa Minera, once heridos en Segovia y dieciséis heridos en Remedios. El día 15 de agosto, los cuerpos de salud y la Mesa Minera informan que hasta las cuatro de la tarde, se han presentado cinco heridos leves, con lesiones ocasionadas por balas de cristal, balas de goma y con material de piedra caliza, entre ellos el señor Jorge Cañas, quien resultó lesionado en el pómulo y detrás de la oreja.

Los casos de lesiones personales generadas por parte del ESMAD y demás fuerza pública, en el municipio de Segovia, son los de Luis Duverney Gutiérrez Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Daniela Barrientos Bustamante herida 31 de julio en el barrio Camacol; Eiber Arley Serna Espinal herido 31 de julio, en el barrio 13 de Mayo; Froilan Antonio Sepúlveda Arboleda, herido el primero de agosto en el sector de La Electrificadora; Joan Alberto Rúa Moreno herido el 31 de julio en el barrio 13 de Mayo; Johan Manuel Raigoza Yepes herido el de julio; Ferney Johan Pérez Gómez herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Edison Alexander Valle Palacio herido el 31 de julio en el Sector de La Salada; Mario Acevedo Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Román Andrés Marín Delgado, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Sebastián Castaño Vallejo, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo.

De igual forma, miembros de los cuerpos de salud denuncian que han tenido dificultades para auxiliar a la población civil que se encuentra en las casas afectadas por la presencia directa del ESMAD.

En la noche del catorce de agosto hubo tres capturas por parte de la Policía Nacional, entre las cuales se registra la captura del joven de diecisiete años de edad, perteneciente a la comunidad minero-campesina de la Vereda Carrizal, Duberney Pérez González, detenido en el punto llamado La Cucaracha, sin encontrarse con ningún tipo de artefacto no permitido o realizando actividad alguna que se encuentre tipificada en la normatividad penal.

La comunidad denuncia que miembros de la fuerza pública, especialmente del ESMAD, han venido ofreciendo beneficios penales a las personas detenidas y dinero a los jóvenes menores de edad pertenecientes a la comunidad, para que proporcionen información sobre los supuestos encargados de las marchas y protestas.

En la madrugada del diez de agosto se presentó la quema de dos motocicletas en el parque Santander, Segovia, lugar donde fue constante la presencia de la Policía en los días previos a los hechos.

El día 2 de agosto, en horas de la noche y en el marco del toque de queda instaurado por la Gobernación de Antioquia en el municipio de Segovia, dos hombres armados que se movilizaban en una moto, no identificados y encapuchados, dispararon contra el joven Hernán Tobón Meneses, quitándole la vida. Éste iba con su padre.

Miembros de la Mesa Minera fueron hostigados y amedrentados al encontrar en la silla de sus motos, dos balas de arma de fuego, dañadas en la punta mientras estuvieron estacionadas durante unos minutos en vía pública.

En el municipio de Remedios, algunos centros educativos continúan con el desarrollo de sus actividades, por lo que niños, niñas y jóvenes asisten normalmente a clase, sin embargo, miembros del ESMAD hacen presencia en dichos centros educativos poniendo en riesgo la vida e integridad física de la niñez. Adicional a ello, vienen ocupando el Coliseo de Remedios como refugio, imposibilitando el desarrollo de las actividades deportivas.

Por su parte, en el municipio de Segovia, las instituciones educativas no tienen un normal funcionamiento y los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a estudiar mientras exista presencia del ESMAD en el pueblo.

El día 15 de agosto, el Colegio Liceo Liborio Bataller fue tomado por el ESMAD con el fin de atacar, desde dicho punto, a la población civil, generándose gravísimas afectaciones a la infraestructura de la institución educativa. Con anterioridad, en el municipio de Segovia, el ESMAD se encontraba concentrado en una casa de propiedad del municipio destinada para un hogar infantil.

Es así como el ESMAD ha venido usando bienes de uso público, educativo, deportivo, recreativo y social para permanecer en los mismos e incluso dirigir desde allí los ataques a la población civil. Y lo que resulta más grave, el ESMAD ha ingresado a casas de la población civil, causando daños físicos, amedrentando a la comunidad y usando los corredores de las casas para atacar a los manifestantes.

Se han presentado acciones por parte de la Policía Nacional y en especial del ESMAD bastante reprochables que han ocasionado un temor generalizado en la comunidad del municipio de Segovia, tales como gritar en medio de los espacios de protesta a los manifestantes “de acá no van a sacar más oro”, golpear a los civiles que hacen parte de las protestas e ingresar a las casas de la población civil.

Por su parte, en el barrio Estrada parte alta, el ESMAD ingresó a la casa de la señora Wendy Bedoya, estropeando el techo, sin importar la presencia de dos menores edad.

Ausencia Estatal


La comunidad denuncia el ausentismo estatal en el marco de la manifestación minera, donde es escasa la presencia de los personeros de los municipios de Remedios y Segovia, quienes aducen permanecer neutrales, olvidando que sus funciones se enmarcan en la labor de vigilancia, control, promoción y protección de los derechos humanos.

Según la Mesa Minera, hay falta de voluntad por parte de los entes estatales y la Multinacional Gran Colombia Gold Corporation para escuchar las propuestas de la comunidad minera, no habiendo un real acercamiento ni la concertación de acuerdo alguno. Muy por el contrario, la institucionalidad ha respondido meramente con la fuerza pública, causando daños a la población civil y desprotegiendo a los ciudadanos, brindando, incluso seguridad a la multinacional.

Exigencias


La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño en el marco de la manifestación minera de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, exige al Estado y a sus instituciones de nivel municipal, departamental y nacional, retirar de las cabeceras municipales a los miembros del ESMAD que han venido generando un contexto de violencia en la protesta pacífica y legítima de las comunidades mineras, campesinas e indígenas, que de manera ancestral han ejercido la actividad minera como principal fuente de sustento económico.

Se exige al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD no utilizar los hospitales, colegios, coliseos y demás espacios públicos, ni las casas de la comunidad para refugiarse y llevar a cabo los ataques en contra de los manifestantes; de igual forma se les exige no utilizar a la población civil, niños y niñas, personas de la tercera edad y mujeres, como escudos humanos.

Se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a analizar el contexto en el cual se encuentra los municipios de Remedios y Segovia, reconociendo su carácter de pueblos mineros ancestrales, que tienen como principal fuente económica la extracción minera de oro, sin sobreponer el interés económico individual de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation, como lo han venido haciendo en los últimos tiempos.

De igual forme se exige la no estigmatización y criminalización de la protesta y de la reivindicación minera por parte del Estado, de sus instituciones y funcionarios, comprendiendo la importancia y la necesidad de permitir a la comunidad minera ejercer el derecho constitucional a la protesta, a la reunión y manifestación pública y pacífica.

Exigimos al Estado colombiano el respeto y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a las obligaciones estatales en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, invitándolos finalmente a buscar una salida concertada y basada en el diálogo, que tome en cuenta las necesidades del pueblo minero de los municipios de Remedios y Segovia y su carácter ancestral en el ejercicio de esta actividad económica, dando mayor importancia a los intereses del pueblo colombiano que a los intereses individuales de la multinacional minera.

Manifestante herido