Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia
El Esmad en las instalaciones del Hospital San Juan |
Presentación
El
día 21 de julio del año en curso, a la media noche, se dio inicio a la
manifestación convocada por la Mesa Minera, a la que se sumaron mineros y
población que tiene como sustento económico la extracción del oro de los
municipios antioqueños de Remedios y Segovia, ejerciendo así el derecho a la
protesta pacífica para la reivindicación de la labor minera.
Ésta
se dio en el marco de dos situaciones concretas; en primer lugar, la
legislación vigente en Colombia en materia minera, la cual resulta difusa y va
en contravía de los intereses de aquellos pueblos mineros que han practicado la
minería ancestral y tradicional, como lo son Remedios y Segovia, beneficiando
de manera notoria a los capitales multinacionales. Adicional a ello,
encontramos la situación latente que se vive en la región del nordeste
antioqueño con la multinacional que en la actualidad tiene presencia allí,
Zandor Capital S.A. Colombia y su casa matriz, Gran Colombia Gold Corporation,
compañía canadiense con presencia en estos municipios.
La
protesta pacífica se vio perturbada con la llegada del Escuadrón Móvil
Antidisturbios – ESMAD a los municipios de Remedios y Segovia. Presencia que ha
generado un contexto de violación de derechos humanos, teniendo como principal
afectada a la población civil y como primordial exigencia al Estado colombiano,
la salida inmediata de dicha institución de la región.
A
raíz de la mencionada situación, la Corporación Acción Humanitaria por la
Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana - como organización
promotora y defensora de derechos humanos, que por más de 12 años ha hecho
presencia en estos municipios, llegó al casco urbano con el fin de acompañar a
la población afectada, hacer un rastreo de los casos de violación a derechos
humanos en el marco de la protesta, sin dejar de lado el apoyo a las
reivindicaciones de mineros ancestrales y tradicionales y con ello a la Mesa
Minera.
Por
eso, a continuación damos a conocer a la comunidad nacional e internacional el
contexto local actual que se vive estos dos municipios, junto con algunos ítems
que dan cuenta de la criminalización a la protesta y hechos que se fundamentan
como violaciones a los derechos humanos.
Contexto Local
Al
ser el nordeste Antioqueño una zona con grandes reservas de oro, los campesinos
y mineros de la zona rural de Remedios y Segovia han sostenido sus familias a
través de la labor minera. Por este motivo se han visto afectados por las
decisiones del gobierno nacional, departamental y municipal en torno a los
mineros artesanales y pequeños mineros. En marzo del presente año, la fuerza
pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros,
jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer
desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como
resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince
dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y
más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron
a que la comunidad se declarara en un plantón permanente donde, como
Corporación, insistimos en la construcción de una ruta, una política pública
para la formalización de la explotación de pequeña minería que se practica en
la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte
de las autoridades departamentales ni municipales.
En
el casco urbano, la Mesa Minera, como organización que ha abanderado la
protesta, informa que la multinacional minera Gran Colombia Gold Corporation, a
raíz del título minero que ostenta para la explotación del subsuelo, tiene
afectadas a las familias minero-campesinas que de manera ancestral han vivido y
han logrado su sustento económico de la explotación minera de dicho territorio.
Es así como en la actualidad, a través de la figura del amparo administrativo,
la empresa pretende desalojar, cerrar e impedir la explotación minera de 120
minas pertenecientes a la comunidad de Remedios y Segovia. Adicional a ello,
los mineros ancestrales y artesanales, en el marco de la protesta, denuncian la
imposibilidad de vender el oro, por los procesos normativos y administrativos
que se vienen adelantando, situación que ha generado la falta de sustento
económico para las familias mineras y el impedimento de las pequeñas y medianas
mineras de la región para pagar los salarios y demás contraprestaciones a sus trabajadores.
Adicional
a ello, la multinacional instauró demanda en contra de Empresas Públicas de
Medellín – EPM, en consideración a la prestación del servicio de energía
eléctrica a viviendas familiares y a entables mineros ubicados en el predio
sobre el cual la empresa ostenta el título minero, proceso judicial que se
tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el marco del cual se
dio orden judicial para practicar peritaje que establezca el dinero que ha
dejado de percibir la multinacional con ocasión de la explotación minera por
parte de la pequeña y mediana minería perteneciente a la comunidad remediana y
segoviana, ingresos económicos que pretenden ser reclamados en el marco del
proceso, además de lograr la orden judicial para que EPM retire el servicio de
energía eléctrica a los entables mineros y a las casas allí ubicadas.
Cahucopana
pudo documentar que los pocos acercamientos que se han propiciado entre la Mesa
Minera y la Compañía minera no han dejado grandes resultados, esta última, presentó
propuesta de asociación, consistente en un contrato de un año no prorrogable,
con una contraprestación irrisoria para los pequeños y medianos mineros, además
de unas condiciones de entrega de material que acabarían con la cadena
productiva de la cual subsisten las familias de Remedios y Segovia, esto es,
acabando con la labor de los chatarreros, arrieros, transportadores y
comercializadores.
Estigmatización del derecho a la protesta
En
el marco de las protestas se ha dado un contexto de estigmatización y
criminalización de los mineros protestantes, de las comunidades indígenas y
campesinas que los acompañan y de la Mesa Minera.
Según
la información que se pudo recopilar, las comunidades y la Mesa Minera
denuncian que la institucionalidad estatal municipal, departamental y nacional,
los culpan de manera infundada de todo lo que ocurre en la región, al igual que
a los campesinos e indígenas que vienen acompañando la protesta. Ello,
inclusive de manera formal, pues en espacio de interlocución entre la Alcaldía
de Remedios y la Mesa Minera, la institucionalidad solo le presentó a esta
última las supuestas infracciones y errores que se han cometido durante los
días que van de manifestación, sin proponer ningún tipo de solución ni reflejar
voluntad para llegar a las vías del diálogo y la concertación.
Afectaciones al medio ambiente
La
multinacional ha venido acusando a los pequeños y medianos mineros de
“criminales dañinos del medio ambiente”. La comunidad minera reconoce de manera
enfática la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar las
técnicas necesarias para reducir los daños ambientales con la extracción
minera. No obstante se resalta la ausencia estatal en este campo, pues se debe
reconocer que los municipios de Remedios y Segovia son pueblos mineros que
deben ser capacitados en manejo ambiental.
Por
su parte, la Mesa Minera aduce que los estudios técnicos realizados por
Corantioquia arrojan que la actividad minera desarrollada por la multinacional
Gran Colombia Gold Corporation contribuye en un ochenta por ciento a la
contaminación en la región, producto de la extracción de oro, por lo que han
presentado las respectivas quejas administrativas ante la Procuraduría y una
acción judicial bajo la modalidad de acción popular, la cual se radicó de
manera directa a través de un plantón en el respectivo Juzgado, donde fue
recibida y remetida a la ciudad de Medellín.
Violaciones de derechos humanos
Cahucopana
a raíz de la recolección de información suministrada por la Mesa Minera informa
a la comunidad nacional e internacional los abusos y extralimitaciones de la
fuerza pública, principalmente por parte del ESMAD desde su llegada a la región
por orden directa de la Gobernación de Antioquia, llegada que tornó la protesta
pacífica en un contexto violento donde la población civil se ha visto
fuertemente afectada. Es así como la principal exigencia que se hace al
Gobierno nacional, departamental y municipal es la salida inmediata del ESMAD
de los municipios antioqueños antes nombrados.
A
continuación se presenta una relación de hechos concretos donde se denota una
clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados suscritos
por el Estado en dicha materia, por parte del ESMAD y demás fuerza pública. No
obstante, es el Estado el llamado a proteger la vida e integridad física de la
población civil y a responder por el incumplimiento a las obligaciones
internacionales adquiridas.
Hechos
En
la actualidad y desde el pasado 5 de agosto, se unieron a la protesta varias
comunidades campesinas e indígenas de la zona rural de los municipios de
Remedios y Segovia, de veredas como Carrizal, Panamá Nueve, Resguardo Indígena
Tagual - La Pó, El Carmen, La Cristalina y Altos de Manila, instaurando un
Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en el coliseo del municipio de
Segovia y conformado aproximadamente por cuatrocientas personas.
Es
de vital importancia resaltar que al declararse en Campamento de Refugio
Humanitario, el día de su llegada fueron atacados por el ESMAD, continuando las
agresiones, principalmente con los gases lacrimógenos (armas químicas), que han
venido afectando a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños,
niñas, personas de la tercera edad y mujeres en embarazo.
El
31 de agosto, el ESMAD se tomó el hospital principal de Segovia, San Juan de
Dios, aproximadamente desde las cinco de la tarde hasta las 11:30 p.m. Desde
allí atacaron a los manifestantes e impidieron el ingreso de un herido.
En
varias ocasiones las comunidades han denunciado que el ESMAD ha estropeado y
derramado la alimentación que se prepara en las cocinas comunitarias de ambos
municipios. Es importante resaltar que en Segovia se cuenta con 35 cocinas
comunitarias dispuestas a ofrecerle alimentación a la comunidad que ha venido
ejerciendo su derecho a la protesta.
El
día catorce de agosto, en medio de una ceremonia católica que se desarrollaba
en el lugar conocido como La Electrificadora, en el municipio de Segovia, el
ESMAD arrojó gases lacrimógenos.
La
Policía del municipio de Segovia, en medio de las protestas ha disparado en
contra de la integridad física de la población, incluso con armas de fuego,
causando heridas a los protestantes y la muerte del joven Brandon Stid Ochoa
Estrada, con dieciocho años de edad, habitante del barrio Marquetalia del
municipio de Segovia, en hechos ocurridos el quince de agosto en las afueras de
la institución educativa Liceo Liborio Bataller.
Hasta
el día catorce de agosto se habían registrado por parte de la Mesa Minera, once
heridos en Segovia y dieciséis heridos en Remedios. El día 15 de agosto, los
cuerpos de salud y la Mesa Minera informan que hasta las cuatro de la tarde, se
han presentado cinco heridos leves, con lesiones ocasionadas por balas de
cristal, balas de goma y con material de piedra caliza, entre ellos el señor
Jorge Cañas, quien resultó lesionado en el pómulo y detrás de la oreja.
Los
casos de lesiones personales generadas por parte del ESMAD y demás fuerza
pública, en el municipio de Segovia, son los de Luis Duverney Gutiérrez
Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Daniela
Barrientos Bustamante herida 31 de julio en el barrio Camacol; Eiber Arley
Serna Espinal herido 31 de julio, en el barrio 13 de Mayo; Froilan Antonio
Sepúlveda Arboleda, herido el primero de agosto en el sector de La
Electrificadora; Joan Alberto Rúa Moreno herido el 31 de julio en el barrio 13
de Mayo; Johan Manuel Raigoza Yepes herido el de julio; Ferney Johan Pérez
Gómez herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Edison Alexander
Valle Palacio herido el 31 de julio en el Sector de La Salada; Mario Acevedo
Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Román Andrés
Marín Delgado, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Sebastián
Castaño Vallejo, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo.
De
igual forma, miembros de los cuerpos de salud denuncian que han tenido
dificultades para auxiliar a la población civil que se encuentra en las casas
afectadas por la presencia directa del ESMAD.
En
la noche del catorce de agosto hubo tres capturas por parte de la Policía
Nacional, entre las cuales se registra la captura del joven de diecisiete años
de edad, perteneciente a la comunidad minero-campesina de la Vereda Carrizal,
Duberney Pérez González, detenido en el punto llamado La Cucaracha, sin
encontrarse con ningún tipo de artefacto no permitido o realizando actividad
alguna que se encuentre tipificada en la normatividad penal.
La
comunidad denuncia que miembros de la fuerza pública, especialmente del ESMAD,
han venido ofreciendo beneficios penales a las personas detenidas y dinero a
los jóvenes menores de edad pertenecientes a la comunidad, para que
proporcionen información sobre los supuestos encargados de las marchas y
protestas.
En
la madrugada del diez de agosto se presentó la quema de dos motocicletas en el
parque Santander, Segovia, lugar donde fue constante la presencia de la Policía
en los días previos a los hechos.
El
día 2 de agosto, en horas de la noche y en el marco del toque de queda
instaurado por la Gobernación de Antioquia en el municipio de Segovia, dos
hombres armados que se movilizaban en una moto, no identificados y
encapuchados, dispararon contra el joven Hernán Tobón Meneses, quitándole la
vida. Éste iba con su padre.
Miembros
de la Mesa Minera fueron hostigados y amedrentados al encontrar en la silla de
sus motos, dos balas de arma de fuego, dañadas en la punta mientras estuvieron
estacionadas durante unos minutos en vía pública.
En
el municipio de Remedios, algunos centros educativos continúan con el
desarrollo de sus actividades, por lo que niños, niñas y jóvenes asisten
normalmente a clase, sin embargo, miembros del ESMAD hacen presencia en dichos
centros educativos poniendo en riesgo la vida e integridad física de la niñez.
Adicional a ello, vienen ocupando el Coliseo de Remedios como refugio,
imposibilitando el desarrollo de las actividades deportivas.
Por
su parte, en el municipio de Segovia, las instituciones educativas no tienen un
normal funcionamiento y los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a
estudiar mientras exista presencia del ESMAD en el pueblo.
El
día 15 de agosto, el Colegio Liceo Liborio Bataller fue tomado por el ESMAD con
el fin de atacar, desde dicho punto, a la población civil, generándose
gravísimas afectaciones a la infraestructura de la institución educativa. Con
anterioridad, en el municipio de Segovia, el ESMAD se encontraba concentrado en
una casa de propiedad del municipio destinada para un hogar infantil.
Es
así como el ESMAD ha venido usando bienes de uso público, educativo, deportivo,
recreativo y social para permanecer en los mismos e incluso dirigir desde allí
los ataques a la población civil. Y lo que resulta más grave, el ESMAD ha
ingresado a casas de la población civil, causando daños físicos, amedrentando a
la comunidad y usando los corredores de las casas para atacar a los
manifestantes.
Se
han presentado acciones por parte de la Policía Nacional y en especial del
ESMAD bastante reprochables que han ocasionado un temor generalizado en la
comunidad del municipio de Segovia, tales como gritar en medio de los espacios
de protesta a los manifestantes “de acá no van a sacar más oro”, golpear a los
civiles que hacen parte de las protestas e ingresar a las casas de la población
civil.
Por
su parte, en el barrio Estrada parte alta, el ESMAD ingresó a la casa de la
señora Wendy Bedoya, estropeando el techo, sin importar la presencia de dos
menores edad.
Ausencia Estatal
La
comunidad denuncia el ausentismo estatal en el marco de la manifestación
minera, donde es escasa la presencia de los personeros de los municipios de
Remedios y Segovia, quienes aducen permanecer neutrales, olvidando que sus
funciones se enmarcan en la labor de vigilancia, control, promoción y
protección de los derechos humanos.
Según
la Mesa Minera, hay falta de voluntad por parte de los entes estatales y la
Multinacional Gran Colombia Gold Corporation para escuchar las propuestas de la
comunidad minera, no habiendo un real acercamiento ni la concertación de
acuerdo alguno. Muy por el contrario, la institucionalidad ha respondido
meramente con la fuerza pública, causando daños a la población civil y
desprotegiendo a los ciudadanos, brindando, incluso seguridad a la
multinacional.
Exigencias
La
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño en el marco de la manifestación minera de los municipios antioqueños
de Remedios y Segovia, exige al Estado y a sus instituciones de nivel
municipal, departamental y nacional, retirar de las cabeceras municipales a los
miembros del ESMAD que han venido generando un contexto de violencia en la
protesta pacífica y legítima de las comunidades mineras, campesinas e
indígenas, que de manera ancestral han ejercido la actividad minera como
principal fuente de sustento económico.
Se
exige al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD no utilizar los hospitales,
colegios, coliseos y demás espacios públicos, ni las casas de la comunidad para
refugiarse y llevar a cabo los ataques en contra de los manifestantes; de igual
forma se les exige no utilizar a la población civil, niños y niñas, personas de
la tercera edad y mujeres, como escudos humanos.
Se
hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a analizar el contexto
en el cual se encuentra los municipios de Remedios y Segovia, reconociendo su
carácter de pueblos mineros ancestrales, que tienen como principal fuente
económica la extracción minera de oro, sin sobreponer el interés económico
individual de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation, como
lo han venido haciendo en los últimos tiempos.
De
igual forme se exige la no estigmatización y criminalización de la protesta y
de la reivindicación minera por parte del Estado, de sus instituciones y
funcionarios, comprendiendo la importancia y la necesidad de permitir a la
comunidad minera ejercer el derecho constitucional a la protesta, a la reunión
y manifestación pública y pacífica.
Exigimos
al Estado colombiano el respeto y el cumplimiento de los tratados
internacionales suscritos en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a
las obligaciones estatales en el marco del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, invitándolos finalmente a buscar una salida concertada y basada en el
diálogo, que tome en cuenta las necesidades del pueblo minero de los municipios
de Remedios y Segovia y su carácter ancestral en el ejercicio de esta actividad
económica, dando mayor importancia a los intereses del pueblo colombiano que a
los intereses individuales de la multinacional minera.
Manifestante herido |
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