Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia

Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia

El Esmad en las instalaciones del Hospital San Juan

Presentación

El día 21 de julio del año en curso, a la media noche, se dio inicio a la manifestación convocada por la Mesa Minera, a la que se sumaron mineros y población que tiene como sustento económico la extracción del oro de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, ejerciendo así el derecho a la protesta pacífica para la reivindicación de la labor minera.

Ésta se dio en el marco de dos situaciones concretas; en primer lugar, la legislación vigente en Colombia en materia minera, la cual resulta difusa y va en contravía de los intereses de aquellos pueblos mineros que han practicado la minería ancestral y tradicional, como lo son Remedios y Segovia, beneficiando de manera notoria a los capitales multinacionales. Adicional a ello, encontramos la situación latente que se vive en la región del nordeste antioqueño con la multinacional que en la actualidad tiene presencia allí, Zandor Capital S.A. Colombia y su casa matriz, Gran Colombia Gold Corporation, compañía canadiense con presencia en estos municipios.

La protesta pacífica se vio perturbada con la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD a los municipios de Remedios y Segovia. Presencia que ha generado un contexto de violación de derechos humanos, teniendo como principal afectada a la población civil y como primordial exigencia al Estado colombiano, la salida inmediata de dicha institución de la región.

A raíz de la mencionada situación, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana - como organización promotora y defensora de derechos humanos, que por más de 12 años ha hecho presencia en estos municipios, llegó al casco urbano con el fin de acompañar a la población afectada, hacer un rastreo de los casos de violación a derechos humanos en el marco de la protesta, sin dejar de lado el apoyo a las reivindicaciones de mineros ancestrales y tradicionales y con ello a la Mesa Minera.

Por eso, a continuación damos a conocer a la comunidad nacional e internacional el contexto local actual que se vive estos dos municipios, junto con algunos ítems que dan cuenta de la criminalización a la protesta y hechos que se fundamentan como violaciones a los derechos humanos.

Contexto Local

Al ser el nordeste Antioqueño una zona con grandes reservas de oro, los campesinos y mineros de la zona rural de Remedios y Segovia han sostenido sus familias a través de la labor minera. Por este motivo se han visto afectados por las decisiones del gobierno nacional, departamental y municipal en torno a los mineros artesanales y pequeños mineros. En marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente donde, como Corporación, insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales.

En el casco urbano, la Mesa Minera, como organización que ha abanderado la protesta, informa que la multinacional minera Gran Colombia Gold Corporation, a raíz del título minero que ostenta para la explotación del subsuelo, tiene afectadas a las familias minero-campesinas que de manera ancestral han vivido y han logrado su sustento económico de la explotación minera de dicho territorio. Es así como en la actualidad, a través de la figura del amparo administrativo, la empresa pretende desalojar, cerrar e impedir la explotación minera de 120 minas pertenecientes a la comunidad de Remedios y Segovia. Adicional a ello, los mineros ancestrales y artesanales, en el marco de la protesta, denuncian la imposibilidad de vender el oro, por los procesos normativos y administrativos que se vienen adelantando, situación que ha generado la falta de sustento económico para las familias mineras y el impedimento de las pequeñas y medianas mineras de la región para pagar los salarios y demás contraprestaciones a sus trabajadores.

Adicional a ello, la multinacional instauró demanda en contra de Empresas Públicas de Medellín – EPM, en consideración a la prestación del servicio de energía eléctrica a viviendas familiares y a entables mineros ubicados en el predio sobre el cual la empresa ostenta el título minero, proceso judicial que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el marco del cual se dio orden judicial para practicar peritaje que establezca el dinero que ha dejado de percibir la multinacional con ocasión de la explotación minera por parte de la pequeña y mediana minería perteneciente a la comunidad remediana y segoviana, ingresos económicos que pretenden ser reclamados en el marco del proceso, además de lograr la orden judicial para que EPM retire el servicio de energía eléctrica a los entables mineros y a las casas allí ubicadas.

Cahucopana pudo documentar que los pocos acercamientos que se han propiciado entre la Mesa Minera y la Compañía minera no han dejado grandes resultados, esta última, presentó propuesta de asociación, consistente en un contrato de un año no prorrogable, con una contraprestación irrisoria para los pequeños y medianos mineros, además de unas condiciones de entrega de material que acabarían con la cadena productiva de la cual subsisten las familias de Remedios y Segovia, esto es, acabando con la labor de los chatarreros, arrieros, transportadores y comercializadores.

Estigmatización del derecho a la protesta

En el marco de las protestas se ha dado un contexto de estigmatización y criminalización de los mineros protestantes, de las comunidades indígenas y campesinas que los acompañan y de la Mesa Minera.

Según la información que se pudo recopilar, las comunidades y la Mesa Minera denuncian que la institucionalidad estatal municipal, departamental y nacional, los culpan de manera infundada de todo lo que ocurre en la región, al igual que a los campesinos e indígenas que vienen acompañando la protesta. Ello, inclusive de manera formal, pues en espacio de interlocución entre la Alcaldía de Remedios y la Mesa Minera, la institucionalidad solo le presentó a esta última las supuestas infracciones y errores que se han cometido durante los días que van de manifestación, sin proponer ningún tipo de solución ni reflejar voluntad para llegar a las vías del diálogo y la concertación.

Afectaciones al medio ambiente

La multinacional ha venido acusando a los pequeños y medianos mineros de “criminales dañinos del medio ambiente”. La comunidad minera reconoce de manera enfática la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar las técnicas necesarias para reducir los daños ambientales con la extracción minera. No obstante se resalta la ausencia estatal en este campo, pues se debe reconocer que los municipios de Remedios y Segovia son pueblos mineros que deben ser capacitados en manejo ambiental.

Por su parte, la Mesa Minera aduce que los estudios técnicos realizados por Corantioquia arrojan que la actividad minera desarrollada por la multinacional Gran Colombia Gold Corporation contribuye en un ochenta por ciento a la contaminación en la región, producto de la extracción de oro, por lo que han presentado las respectivas quejas administrativas ante la Procuraduría y una acción judicial bajo la modalidad de acción popular, la cual se radicó de manera directa a través de un plantón en el respectivo Juzgado, donde fue recibida y remetida a la ciudad de Medellín.

Violaciones de derechos humanos

Cahucopana a raíz de la recolección de información suministrada por la Mesa Minera informa a la comunidad nacional e internacional los abusos y extralimitaciones de la fuerza pública, principalmente por parte del ESMAD desde su llegada a la región por orden directa de la Gobernación de Antioquia, llegada que tornó la protesta pacífica en un contexto violento donde la población civil se ha visto fuertemente afectada. Es así como la principal exigencia que se hace al Gobierno nacional, departamental y municipal es la salida inmediata del ESMAD de los municipios antioqueños antes nombrados.

A continuación se presenta una relación de hechos concretos donde se denota una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados suscritos por el Estado en dicha materia, por parte del ESMAD y demás fuerza pública. No obstante, es el Estado el llamado a proteger la vida e integridad física de la población civil y a responder por el incumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas.

Hechos

En la actualidad y desde el pasado 5 de agosto, se unieron a la protesta varias comunidades campesinas e indígenas de la zona rural de los municipios de Remedios y Segovia, de veredas como Carrizal, Panamá Nueve, Resguardo Indígena Tagual - La Pó, El Carmen, La Cristalina y Altos de Manila, instaurando un Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en el coliseo del municipio de Segovia y conformado aproximadamente por cuatrocientas personas.

Es de vital importancia resaltar que al declararse en Campamento de Refugio Humanitario, el día de su llegada fueron atacados por el ESMAD, continuando las agresiones, principalmente con los gases lacrimógenos (armas químicas), que han venido afectando a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres en embarazo.

El 31 de agosto, el ESMAD se tomó el hospital principal de Segovia, San Juan de Dios, aproximadamente desde las cinco de la tarde hasta las 11:30 p.m. Desde allí atacaron a los manifestantes e impidieron el ingreso de un herido.

En varias ocasiones las comunidades han denunciado que el ESMAD ha estropeado y derramado la alimentación que se prepara en las cocinas comunitarias de ambos municipios. Es importante resaltar que en Segovia se cuenta con 35 cocinas comunitarias dispuestas a ofrecerle alimentación a la comunidad que ha venido ejerciendo su derecho a la protesta.

El día catorce de agosto, en medio de una ceremonia católica que se desarrollaba en el lugar conocido como La Electrificadora, en el municipio de Segovia, el ESMAD arrojó gases lacrimógenos.

La Policía del municipio de Segovia, en medio de las protestas ha disparado en contra de la integridad física de la población, incluso con armas de fuego, causando heridas a los protestantes y la muerte del joven Brandon Stid Ochoa Estrada, con dieciocho años de edad, habitante del barrio Marquetalia del municipio de Segovia, en hechos ocurridos el quince de agosto en las afueras de la institución educativa Liceo Liborio Bataller.

Hasta el día catorce de agosto se habían registrado por parte de la Mesa Minera, once heridos en Segovia y dieciséis heridos en Remedios. El día 15 de agosto, los cuerpos de salud y la Mesa Minera informan que hasta las cuatro de la tarde, se han presentado cinco heridos leves, con lesiones ocasionadas por balas de cristal, balas de goma y con material de piedra caliza, entre ellos el señor Jorge Cañas, quien resultó lesionado en el pómulo y detrás de la oreja.

Los casos de lesiones personales generadas por parte del ESMAD y demás fuerza pública, en el municipio de Segovia, son los de Luis Duverney Gutiérrez Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Daniela Barrientos Bustamante herida 31 de julio en el barrio Camacol; Eiber Arley Serna Espinal herido 31 de julio, en el barrio 13 de Mayo; Froilan Antonio Sepúlveda Arboleda, herido el primero de agosto en el sector de La Electrificadora; Joan Alberto Rúa Moreno herido el 31 de julio en el barrio 13 de Mayo; Johan Manuel Raigoza Yepes herido el de julio; Ferney Johan Pérez Gómez herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Edison Alexander Valle Palacio herido el 31 de julio en el Sector de La Salada; Mario Acevedo Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Román Andrés Marín Delgado, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Sebastián Castaño Vallejo, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo.

De igual forma, miembros de los cuerpos de salud denuncian que han tenido dificultades para auxiliar a la población civil que se encuentra en las casas afectadas por la presencia directa del ESMAD.

En la noche del catorce de agosto hubo tres capturas por parte de la Policía Nacional, entre las cuales se registra la captura del joven de diecisiete años de edad, perteneciente a la comunidad minero-campesina de la Vereda Carrizal, Duberney Pérez González, detenido en el punto llamado La Cucaracha, sin encontrarse con ningún tipo de artefacto no permitido o realizando actividad alguna que se encuentre tipificada en la normatividad penal.

La comunidad denuncia que miembros de la fuerza pública, especialmente del ESMAD, han venido ofreciendo beneficios penales a las personas detenidas y dinero a los jóvenes menores de edad pertenecientes a la comunidad, para que proporcionen información sobre los supuestos encargados de las marchas y protestas.

En la madrugada del diez de agosto se presentó la quema de dos motocicletas en el parque Santander, Segovia, lugar donde fue constante la presencia de la Policía en los días previos a los hechos.

El día 2 de agosto, en horas de la noche y en el marco del toque de queda instaurado por la Gobernación de Antioquia en el municipio de Segovia, dos hombres armados que se movilizaban en una moto, no identificados y encapuchados, dispararon contra el joven Hernán Tobón Meneses, quitándole la vida. Éste iba con su padre.

Miembros de la Mesa Minera fueron hostigados y amedrentados al encontrar en la silla de sus motos, dos balas de arma de fuego, dañadas en la punta mientras estuvieron estacionadas durante unos minutos en vía pública.

En el municipio de Remedios, algunos centros educativos continúan con el desarrollo de sus actividades, por lo que niños, niñas y jóvenes asisten normalmente a clase, sin embargo, miembros del ESMAD hacen presencia en dichos centros educativos poniendo en riesgo la vida e integridad física de la niñez. Adicional a ello, vienen ocupando el Coliseo de Remedios como refugio, imposibilitando el desarrollo de las actividades deportivas.

Por su parte, en el municipio de Segovia, las instituciones educativas no tienen un normal funcionamiento y los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a estudiar mientras exista presencia del ESMAD en el pueblo.

El día 15 de agosto, el Colegio Liceo Liborio Bataller fue tomado por el ESMAD con el fin de atacar, desde dicho punto, a la población civil, generándose gravísimas afectaciones a la infraestructura de la institución educativa. Con anterioridad, en el municipio de Segovia, el ESMAD se encontraba concentrado en una casa de propiedad del municipio destinada para un hogar infantil.

Es así como el ESMAD ha venido usando bienes de uso público, educativo, deportivo, recreativo y social para permanecer en los mismos e incluso dirigir desde allí los ataques a la población civil. Y lo que resulta más grave, el ESMAD ha ingresado a casas de la población civil, causando daños físicos, amedrentando a la comunidad y usando los corredores de las casas para atacar a los manifestantes.

Se han presentado acciones por parte de la Policía Nacional y en especial del ESMAD bastante reprochables que han ocasionado un temor generalizado en la comunidad del municipio de Segovia, tales como gritar en medio de los espacios de protesta a los manifestantes “de acá no van a sacar más oro”, golpear a los civiles que hacen parte de las protestas e ingresar a las casas de la población civil.

Por su parte, en el barrio Estrada parte alta, el ESMAD ingresó a la casa de la señora Wendy Bedoya, estropeando el techo, sin importar la presencia de dos menores edad.

Ausencia Estatal

La comunidad denuncia el ausentismo estatal en el marco de la manifestación minera, donde es escasa la presencia de los personeros de los municipios de Remedios y Segovia, quienes aducen permanecer neutrales, olvidando que sus funciones se enmarcan en la labor de vigilancia, control, promoción y protección de los derechos humanos.

Según la Mesa Minera, hay falta de voluntad por parte de los entes estatales y la Multinacional Gran Colombia Gold Corporation para escuchar las propuestas de la comunidad minera, no habiendo un real acercamiento ni la concertación de acuerdo alguno. Muy por el contrario, la institucionalidad ha respondido meramente con la fuerza pública, causando daños a la población civil y desprotegiendo a los ciudadanos, brindando, incluso seguridad a la multinacional.

Exigencias

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño en el marco de la manifestación minera de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, exige al Estado y a sus instituciones de nivel municipal, departamental y nacional, retirar de las cabeceras municipales a los miembros del ESMAD que han venido generando un contexto de violencia en la protesta pacífica y legítima de las comunidades mineras, campesinas e indígenas, que de manera ancestral han ejercido la actividad minera como principal fuente de sustento económico.

Se exige al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD no utilizar los hospitales, colegios, coliseos y demás espacios públicos, ni las casas de la comunidad para refugiarse y llevar a cabo los ataques en contra de los manifestantes; de igual forma se les exige no utilizar a la población civil, niños y niñas, personas de la tercera edad y mujeres, como escudos humanos.

Se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a analizar el contexto en el cual se encuentra los municipios de Remedios y Segovia, reconociendo su carácter de pueblos mineros ancestrales, que tienen como principal fuente económica la extracción minera de oro, sin sobreponer el interés económico individual de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation, como lo han venido haciendo en los últimos tiempos.

De igual forme se exige la no estigmatización y criminalización de la protesta y de la reivindicación minera por parte del Estado, de sus instituciones y funcionarios, comprendiendo la importancia y la necesidad de permitir a la comunidad minera ejercer el derecho constitucional a la protesta, a la reunión y manifestación pública y pacífica.

Exigimos al Estado colombiano el respeto y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a las obligaciones estatales en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, invitándolos finalmente a buscar una salida concertada y basada en el diálogo, que tome en cuenta las necesidades del pueblo minero de los municipios de Remedios y Segovia y su carácter ancestral en el ejercicio de esta actividad económica, dando mayor importancia a los intereses del pueblo colombiano que a los intereses individuales de la multinacional minera.

Manifestante herido