jueves, 29 de junio de 2017

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Vereda Cañaveral. Foto: Cahucopana

El pasado 14 de junio, funcionarios de la recién creada Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de los grupos paramilitares, creada por el Decreto 898 emitido el 29 de mayo de 2017, llegó por primera vez a la zona rural de Remedios (Antioquia), territorio que en muchas ocasiones ha sido reconocido por el frecuente accionar del paramilitarismo. El objetivo de esta visita fue recolectar las denuncias de los delegados de las Juntas de Acción Comunal y víctimas de hechos recientes, que han evidenciado el fortalecimiento de estas estructuras en la región. Las comunidades del Nordeste Antioqueño están a la expectativa de los alcances que tenga esta Unidad.

Recordamos que, según el acuerdo, el mandato de esta Unidad “(…) será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática en particular contra las mujeres, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Dichas conductas no pueden ser analizadas abstraídas de las realidades e intereses sobre los territorios. Entonces se hace necesario observar a los actores que aquí históricamente se han encontrado. Por un lado, las empresas legalmente constituidas que tienen el monopolio legal de la explotación aurífera, a pesar de las inconsistencias en seguridad, protección ambiental, y vulneración de los derechos de los trabajadores, entre otros; y las comunidades que, a pesar de los intentos de desplazamiento y despojo, han resistido y son defensores de la permanencia en el territorio el cual llevan colonizando desde hace más de medio siglo.

Nos hubiera gustado difundir y socializar más ampliamente esta visita por la connotación en términos del avance en los territorios de la implementación de los acuerdos, pero tememos por las represalias contra nuestras comunidades, así como las que se puedan dar contra los mismos funcionarios de la Unidad. Aun así las comunidades y Cahucopana ven esta entrada, la primera, como un hecho histórico que alimenta las esperanza.

Saludamos los esfuerzos institucionales y el apoyo internacional a esta Unidad, esperamos el fortalecimiento de la misma en función de la investigación, esclarecimiento y sanción, especialmente a quienes promueven y financian dichas estructuras, en función de los intereses económicos particulares que hay sobre las riquezas que aquí se hallan y para la protección de quienes históricamente han defendido el territorio. Identificar esto hace parte de las garantías de no repetición y de la construcción de la paz territorial.




viernes, 16 de junio de 2017

Vicealcaldías de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho


Vicealcaldías de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho

Riesgo de criminalización a la pequeña minería


Foto: Cahucopana

Sin sorpresas y después de más de un año en el que el gobierno departamental de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, anunció el impulso de las vicealcaldías de seguridad y convivencia; ahora se conoce que el pasado 7 de junio se creó normativamente esta figura que tienen como objetivo coordinar la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en los municipios afectados por el conflicto en Antioquia. Las primeras vicealcaldías que empezarán a funcionar serán en los cinco municipios que actualmente albergan Zonas Veredales Transitorias de Normalización y dos más en Segovia y Briceño, con el visto bueno de los respectivos alcaldes.

A pesar de que actualmente no se conoce a cabalidad el contenido de la norma, la Corporación Cahucopana expresa a la opinión pública, nacional e internacional, a las instituciones y a las organizaciones del territorio sus preocupaciones frente a esta figura ya que, desde el punto de vista de la Corporación, pretende suplantar la institucionalidad en cabeza de las alcaldías municipales como un intento de generar dinámicas similares a las que en otros tiempos se conocían como brigadas cívico-militares. A partir de la presentación enviada por el gobernador Luis Pérez al presidente Juan Manuel Santos, se exponen a continuación los argumentos para rechazar esta figura que a simple vista es inconstitucional.

El argumento de la necesidad de esta figura se basa en la ausencia institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades; incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la interlocución-. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la Fuerza Pública. Por medio de acciones, acercamientos e interlocución con los alcaldes de turno, con movilizaciones y paros, se exigió la presencia integral del Estado. La ausencia de la institucionalidad fue una causa estructural del conflicto, y se espera solventar esta dificultad con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Tal como lo expuso en su intervención Luis Pérez el 7 de junio, quienes van a asumir las vice-alcaldías son militares retirados ya que se ubicó la figura jurídica para la contratación de militares activos. Es preocupante la insistencia en que dicha figura deba asumirse desde el área militar, desconociendo también que la construcción de confianza con la Fuerza Pública es un proceso largo que hasta ahora se está iniciando, y que debe fundamentarse en los principios de verdad y justicia, contrarrestando los altos índices de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos por los cuales militares han sido responsables en las regiones, por acción u omisión. Ejemplo de ello es la persistencia en los territorios del paramilitarismo que ha aumentado a pesar de la alta militarización de los territorios. Por el contrario, la Fuerza Pública se ha dedicado a la persecución de las economías informales (minería) e ilícitas (siembra de coca) a pesar de estar dispuestos a participar en procesos de sustitución voluntaria, en concomitancia con la gobernación de Antioquia. Con estos antecedentes ¿Qué garantiza que los militares (retirados) no estén en los territorios realizando inteligencia en función de despojar a habitantes que viven de economías informales e ilícitas?

En los territorios se han presentado ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado; ante esto las comunidades se han organizado e impulsado medidas de autoprotección para garantizar la permanencia en el territorio. La resolución 1085 de la Unidad Nacional de Protección denomina este tipo de acciones como medidas colectivas y diferenciadas; sin embargo el Gobernador desconoce y deslegitima estas acciones aumentando la militarización en las regiones con estas vicealcaldías de seguridad.

La creación de las vicealcaldías en Antioquia es una decisión arbitraria que contradice el ordenamiento jurídico colombiano e incluso puede poner en riesgo la democracia como principio supremo de la Carta Política, en la medida que entra en contradicción con las decisiones y políticas públicas desarrolladas por los alcaldes que fueron elegidos mediante voto popular.

Finalmente, no se encuentra sentido en el objetivo de estas figuras en cuanto a las actividades que pretende impulsar los vicealcaldes y el cuerpo de paz con supuestas intervenciones en salud, educación y cultura enfocados en “seguridad y convivencia”, ya que la exigencia de las comunidades es la garantía efectiva de estos derechos, no como lo intentó el Estado con las Brigadas cívico-militares, sino de manera permanente y con calidad. Es una deuda histórica que se espera sea saldada con la construcción participativa e implementación de los PDET´s.


lunes, 5 de junio de 2017

Audiencia pública en Remedios y Segovia por presencia paramilitar en la región



Audiencia pública en Remedios y Segovia por presencia paramilitar en la región


Foto: Cahucopana

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), con el objetivo de visibilizar el aumento de las violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en los territorios del Nordeste antioqueño, además de identificar cuál ha sido el papel y la respuesta del Gobierno ante los hechos victimizantes que se han presentado frente a la crisis humanitaria producto de incursiones y persecución sistemática por parte de grupos paramilitares contra la población, convoca a la audiencia pública territorial Garantías de no repetición, para la construcción de una verdadera paz territorial a realizarse el 6 de junio de 2017 en la vereda Cañaveral (Remedios).

La violencia en los corregimientos de los municipios de Remedios y Segovia, donde los grupos paramilitares ya controlaban la vida cotidiana, se suma a que para los primeros meses del 2017 en aquellos territorios donde antes hacían presencia las FARC-EP, fueron apareciendo sujetos extraños que acabaron con la tranquilidad de las veredas. Los habitantes de las zonas rurales recordamos las épocas anteriores donde las AUC cometían todo tipo de acciones para desplazarnos. Hoy ya agotamos todas las rutas formales en las denuncias de los hechos que presagian una fuerte arremetida por parte de estos grupos armados ilegales, sin acciones contundentes por parte del Gobierno.


El evidente crecimiento de población rural desplazada, dentro de su mismo territorio, profundizó el miedo y la zozobra de la población en general que tenía conocimiento de la presencia de paramilitares, más aun sabiendo que están a 4 km de la zona veredal “Juan Carlos Castañeda” ubicada en la vereda Carrizal, (Remedios), donde se concentraron los miembros de las FARC y que se supone tiene un manejo especial de seguridad. Es por este motivo que estamos haciendo un llamado para que sean escuchados, desde las voces de los campesinos y mineros los miedos, incertidumbres y expectativas, además de las acciones que están impulsando para lograr la permanencia en el territorio y el éxito de la implementación de los acuerdos.


Los delegados de las comunidades minero campesinas de las veredas de dichos municipios se reunirán en Cañaveral para poder mostrar a las autoridades regionales y departamentales, el Mecanismo Tripartito, entre otros entes convocados, las realidades de la zona y de esta manera buscar alternativas para que cese la persecución a la población rural y a líderes comunitarios.