Vicealcaldías
de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho
Riesgo de criminalización a la pequeña minería
Foto: Cahucopana
Sin sorpresas y después de más de un año en el que el gobierno
departamental de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, anunció el
impulso de las vicealcaldías de seguridad y convivencia; ahora se conoce que el
pasado 7 de junio se creó normativamente esta figura que tienen como objetivo
coordinar la presencia institucional de educación, salud, convivencia y
políticas sociales en los municipios afectados por el conflicto en Antioquia.
Las primeras vicealcaldías que empezarán a funcionar serán en los cinco
municipios que actualmente albergan Zonas Veredales Transitorias de
Normalización y dos más en Segovia y Briceño, con el visto bueno de los
respectivos alcaldes.
A pesar de que actualmente no se conoce a cabalidad el contenido
de la norma, la Corporación Cahucopana expresa a la opinión pública, nacional e
internacional, a las instituciones y a las organizaciones del territorio sus
preocupaciones frente a esta figura ya que, desde el punto de vista de la
Corporación, pretende suplantar la institucionalidad en cabeza de las alcaldías
municipales como un intento de generar dinámicas similares a las que en otros
tiempos se conocían como brigadas cívico-militares. A partir de la presentación
enviada por el gobernador Luis Pérez al presidente Juan Manuel Santos, se
exponen a continuación los argumentos para rechazar esta figura que a simple
vista es inconstitucional.
El argumento de la necesidad de esta figura se basa en la ausencia
institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce
dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado
ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades;
incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la
interlocución-. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas
legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan
también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de
mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas
veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto
garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se
construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en
muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las
acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la
Fuerza Pública. Por medio de acciones, acercamientos e interlocución con los
alcaldes de turno, con movilizaciones y paros, se exigió la presencia integral
del Estado. La ausencia de la institucionalidad fue una causa estructural del
conflicto, y se espera solventar esta dificultad con la implementación del
Acuerdo Final de Paz.
Tal como lo expuso en su intervención Luis Pérez el 7 de junio,
quienes van a asumir las vice-alcaldías son militares retirados ya que se ubicó
la figura jurídica para la contratación de militares activos. Es preocupante la
insistencia en que dicha figura deba asumirse desde el área militar,
desconociendo también que la construcción de confianza con la Fuerza Pública es
un proceso largo que hasta ahora se está iniciando, y que debe fundamentarse en
los principios de verdad y justicia, contrarrestando los altos índices de
impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos por los cuales
militares han sido responsables en las regiones, por acción u omisión. Ejemplo
de ello es la persistencia en los territorios del paramilitarismo que ha
aumentado a pesar de la alta militarización de los territorios. Por el
contrario, la Fuerza Pública se ha dedicado a la persecución de las economías
informales (minería) e ilícitas (siembra de coca) a pesar de estar dispuestos a
participar en procesos de sustitución voluntaria, en concomitancia con la
gobernación de Antioquia. Con estos antecedentes ¿Qué garantiza que los
militares (retirados) no estén en los territorios realizando inteligencia en
función de despojar a habitantes que viven de economías informales e ilícitas?
En los territorios se han presentado ejecuciones extrajudiciales y
desplazamiento forzado; ante esto las comunidades se han organizado e impulsado
medidas de autoprotección para garantizar la permanencia en el territorio. La
resolución 1085 de la Unidad Nacional de Protección denomina este tipo de
acciones como medidas colectivas y diferenciadas; sin embargo el Gobernador
desconoce y deslegitima estas acciones aumentando la militarización en las
regiones con estas vicealcaldías de seguridad.
La creación de las vicealcaldías en Antioquia es una decisión
arbitraria que contradice el ordenamiento jurídico colombiano e incluso puede
poner en riesgo la democracia como principio supremo de la Carta Política, en
la medida que entra en contradicción con las decisiones y políticas públicas
desarrolladas por los alcaldes que fueron elegidos mediante voto popular.
Finalmente, no se encuentra sentido en el objetivo de estas
figuras en cuanto a las actividades que pretende impulsar los vicealcaldes y el
cuerpo de paz con supuestas intervenciones en salud, educación y cultura
enfocados en “seguridad y convivencia”, ya que la exigencia de las comunidades
es la garantía efectiva de estos derechos, no como lo intentó el Estado con las
Brigadas cívico-militares, sino de manera permanente y con calidad. Es una
deuda histórica que se espera sea saldada con la construcción participativa e
implementación de los PDET´s.
Vicealcaldías
de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho
Riesgo de criminalización a la pequeña minería
Foto: Cahucopana
Sin sorpresas y después de más de un año en el que el gobierno
departamental de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, anunció el
impulso de las vicealcaldías de seguridad y convivencia; ahora se conoce que el
pasado 7 de junio se creó normativamente esta figura que tienen como objetivo
coordinar la presencia institucional de educación, salud, convivencia y
políticas sociales en los municipios afectados por el conflicto en Antioquia.
Las primeras vicealcaldías que empezarán a funcionar serán en los cinco
municipios que actualmente albergan Zonas Veredales Transitorias de
Normalización y dos más en Segovia y Briceño, con el visto bueno de los
respectivos alcaldes.
A pesar de que actualmente no se conoce a cabalidad el contenido
de la norma, la Corporación Cahucopana expresa a la opinión pública, nacional e
internacional, a las instituciones y a las organizaciones del territorio sus
preocupaciones frente a esta figura ya que, desde el punto de vista de la
Corporación, pretende suplantar la institucionalidad en cabeza de las alcaldías
municipales como un intento de generar dinámicas similares a las que en otros
tiempos se conocían como brigadas cívico-militares. A partir de la presentación
enviada por el gobernador Luis Pérez al presidente Juan Manuel Santos, se
exponen a continuación los argumentos para rechazar esta figura que a simple
vista es inconstitucional.
El argumento de la necesidad de esta figura se basa en la ausencia
institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce
dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado
ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades;
incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la
interlocución-. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas
legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan
también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de
mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas
veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto
garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se
construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en
muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las
acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la
Fuerza Pública. Por medio de acciones, acercamientos e interlocución con los
alcaldes de turno, con movilizaciones y paros, se exigió la presencia integral
del Estado. La ausencia de la institucionalidad fue una causa estructural del
conflicto, y se espera solventar esta dificultad con la implementación del
Acuerdo Final de Paz.
Tal como lo expuso en su intervención Luis Pérez el 7 de junio,
quienes van a asumir las vice-alcaldías son militares retirados ya que se ubicó
la figura jurídica para la contratación de militares activos. Es preocupante la
insistencia en que dicha figura deba asumirse desde el área militar,
desconociendo también que la construcción de confianza con la Fuerza Pública es
un proceso largo que hasta ahora se está iniciando, y que debe fundamentarse en
los principios de verdad y justicia, contrarrestando los altos índices de
impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos por los cuales
militares han sido responsables en las regiones, por acción u omisión. Ejemplo
de ello es la persistencia en los territorios del paramilitarismo que ha
aumentado a pesar de la alta militarización de los territorios. Por el
contrario, la Fuerza Pública se ha dedicado a la persecución de las economías
informales (minería) e ilícitas (siembra de coca) a pesar de estar dispuestos a
participar en procesos de sustitución voluntaria, en concomitancia con la
gobernación de Antioquia. Con estos antecedentes ¿Qué garantiza que los
militares (retirados) no estén en los territorios realizando inteligencia en
función de despojar a habitantes que viven de economías informales e ilícitas?
En los territorios se han presentado ejecuciones extrajudiciales y
desplazamiento forzado; ante esto las comunidades se han organizado e impulsado
medidas de autoprotección para garantizar la permanencia en el territorio. La
resolución 1085 de la Unidad Nacional de Protección denomina este tipo de
acciones como medidas colectivas y diferenciadas; sin embargo el Gobernador
desconoce y deslegitima estas acciones aumentando la militarización en las
regiones con estas vicealcaldías de seguridad.
La creación de las vicealcaldías en Antioquia es una decisión
arbitraria que contradice el ordenamiento jurídico colombiano e incluso puede
poner en riesgo la democracia como principio supremo de la Carta Política, en
la medida que entra en contradicción con las decisiones y políticas públicas
desarrolladas por los alcaldes que fueron elegidos mediante voto popular.
Finalmente, no se encuentra sentido en el objetivo de estas
figuras en cuanto a las actividades que pretende impulsar los vicealcaldes y el
cuerpo de paz con supuestas intervenciones en salud, educación y cultura
enfocados en “seguridad y convivencia”, ya que la exigencia de las comunidades
es la garantía efectiva de estos derechos, no como lo intentó el Estado con las
Brigadas cívico-militares, sino de manera permanente y con calidad. Es una
deuda histórica que se espera sea saldada con la construcción participativa e
implementación de los PDET´s.
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