viernes, 18 de agosto de 2017

Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia

Informe de derechos humanos del paro de Remedios y Segovia, Antioquia


El Esmad en las instalaciones del Hospital San Juan

Presentación


El día 21 de julio del año en curso, a la media noche, se dio inicio a la manifestación convocada por la Mesa Minera, a la que se sumaron mineros y población que tiene como sustento económico la extracción del oro de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, ejerciendo así el derecho a la protesta pacífica para la reivindicación de la labor minera.

Ésta se dio en el marco de dos situaciones concretas; en primer lugar, la legislación vigente en Colombia en materia minera, la cual resulta difusa y va en contravía de los intereses de aquellos pueblos mineros que han practicado la minería ancestral y tradicional, como lo son Remedios y Segovia, beneficiando de manera notoria a los capitales multinacionales. Adicional a ello, encontramos la situación latente que se vive en la región del nordeste antioqueño con la multinacional que en la actualidad tiene presencia allí, Zandor Capital S.A. Colombia y su casa matriz, Gran Colombia Gold Corporation, compañía canadiense con presencia en estos municipios.

La protesta pacífica se vio perturbada con la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD a los municipios de Remedios y Segovia. Presencia que ha generado un contexto de violación de derechos humanos, teniendo como principal afectada a la población civil y como primordial exigencia al Estado colombiano, la salida inmediata de dicha institución de la región.

A raíz de la mencionada situación, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana - como organización promotora y defensora de derechos humanos, que por más de 12 años ha hecho presencia en estos municipios, llegó al casco urbano con el fin de acompañar a la población afectada, hacer un rastreo de los casos de violación a derechos humanos en el marco de la protesta, sin dejar de lado el apoyo a las reivindicaciones de mineros ancestrales y tradicionales y con ello a la Mesa Minera.

Por eso, a continuación damos a conocer a la comunidad nacional e internacional el contexto local actual que se vive estos dos municipios, junto con algunos ítems que dan cuenta de la criminalización a la protesta y hechos que se fundamentan como violaciones a los derechos humanos.

Contexto Local


Al ser el nordeste Antioqueño una zona con grandes reservas de oro, los campesinos y mineros de la zona rural de Remedios y Segovia han sostenido sus familias a través de la labor minera. Por este motivo se han visto afectados por las decisiones del gobierno nacional, departamental y municipal en torno a los mineros artesanales y pequeños mineros. En marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente donde, como Corporación, insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales.

En el casco urbano, la Mesa Minera, como organización que ha abanderado la protesta, informa que la multinacional minera Gran Colombia Gold Corporation, a raíz del título minero que ostenta para la explotación del subsuelo, tiene afectadas a las familias minero-campesinas que de manera ancestral han vivido y han logrado su sustento económico de la explotación minera de dicho territorio. Es así como en la actualidad, a través de la figura del amparo administrativo, la empresa pretende desalojar, cerrar e impedir la explotación minera de 120 minas pertenecientes a la comunidad de Remedios y Segovia. Adicional a ello, los mineros ancestrales y artesanales, en el marco de la protesta, denuncian la imposibilidad de vender el oro, por los procesos normativos y administrativos que se vienen adelantando, situación que ha generado la falta de sustento económico para las familias mineras y el impedimento de las pequeñas y medianas mineras de la región para pagar los salarios y demás contraprestaciones a sus trabajadores.

Adicional a ello, la multinacional instauró demanda en contra de Empresas Públicas de Medellín – EPM, en consideración a la prestación del servicio de energía eléctrica a viviendas familiares y a entables mineros ubicados en el predio sobre el cual la empresa ostenta el título minero, proceso judicial que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia y en el marco del cual se dio orden judicial para practicar peritaje que establezca el dinero que ha dejado de percibir la multinacional con ocasión de la explotación minera por parte de la pequeña y mediana minería perteneciente a la comunidad remediana y segoviana, ingresos económicos que pretenden ser reclamados en el marco del proceso, además de lograr la orden judicial para que EPM retire el servicio de energía eléctrica a los entables mineros y a las casas allí ubicadas.

Cahucopana pudo documentar que los pocos acercamientos que se han propiciado entre la Mesa Minera y la Compañía minera no han dejado grandes resultados, esta última, presentó propuesta de asociación, consistente en un contrato de un año no prorrogable, con una contraprestación irrisoria para los pequeños y medianos mineros, además de unas condiciones de entrega de material que acabarían con la cadena productiva de la cual subsisten las familias de Remedios y Segovia, esto es, acabando con la labor de los chatarreros, arrieros, transportadores y comercializadores.

Estigmatización del derecho a la protesta


En el marco de las protestas se ha dado un contexto de estigmatización y criminalización de los mineros protestantes, de las comunidades indígenas y campesinas que los acompañan y de la Mesa Minera.

Según la información que se pudo recopilar, las comunidades y la Mesa Minera denuncian que la institucionalidad estatal municipal, departamental y nacional, los culpan de manera infundada de todo lo que ocurre en la región, al igual que a los campesinos e indígenas que vienen acompañando la protesta. Ello, inclusive de manera formal, pues en espacio de interlocución entre la Alcaldía de Remedios y la Mesa Minera, la institucionalidad solo le presentó a esta última las supuestas infracciones y errores que se han cometido durante los días que van de manifestación, sin proponer ningún tipo de solución ni reflejar voluntad para llegar a las vías del diálogo y la concertación.

Afectaciones al medio ambiente


La multinacional ha venido acusando a los pequeños y medianos mineros de “criminales dañinos del medio ambiente”. La comunidad minera reconoce de manera enfática la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar las técnicas necesarias para reducir los daños ambientales con la extracción minera. No obstante se resalta la ausencia estatal en este campo, pues se debe reconocer que los municipios de Remedios y Segovia son pueblos mineros que deben ser capacitados en manejo ambiental.

Por su parte, la Mesa Minera aduce que los estudios técnicos realizados por Corantioquia arrojan que la actividad minera desarrollada por la multinacional Gran Colombia Gold Corporation contribuye en un ochenta por ciento a la contaminación en la región, producto de la extracción de oro, por lo que han presentado las respectivas quejas administrativas ante la Procuraduría y una acción judicial bajo la modalidad de acción popular, la cual se radicó de manera directa a través de un plantón en el respectivo Juzgado, donde fue recibida y remetida a la ciudad de Medellín.

Violaciones de derechos humanos


Cahucopana a raíz de la recolección de información suministrada por la Mesa Minera informa a la comunidad nacional e internacional los abusos y extralimitaciones de la fuerza pública, principalmente por parte del ESMAD desde su llegada a la región por orden directa de la Gobernación de Antioquia, llegada que tornó la protesta pacífica en un contexto violento donde la población civil se ha visto fuertemente afectada. Es así como la principal exigencia que se hace al Gobierno nacional, departamental y municipal es la salida inmediata del ESMAD de los municipios antioqueños antes nombrados.

A continuación se presenta una relación de hechos concretos donde se denota una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los tratados suscritos por el Estado en dicha materia, por parte del ESMAD y demás fuerza pública. No obstante, es el Estado el llamado a proteger la vida e integridad física de la población civil y a responder por el incumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas.

Hechos


En la actualidad y desde el pasado 5 de agosto, se unieron a la protesta varias comunidades campesinas e indígenas de la zona rural de los municipios de Remedios y Segovia, de veredas como Carrizal, Panamá Nueve, Resguardo Indígena Tagual - La Pó, El Carmen, La Cristalina y Altos de Manila, instaurando un Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en el coliseo del municipio de Segovia y conformado aproximadamente por cuatrocientas personas.

Es de vital importancia resaltar que al declararse en Campamento de Refugio Humanitario, el día de su llegada fueron atacados por el ESMAD, continuando las agresiones, principalmente con los gases lacrimógenos (armas químicas), que han venido afectando a la comunidad indígena y campesina, entre ellos a niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres en embarazo.

El 31 de agosto, el ESMAD se tomó el hospital principal de Segovia, San Juan de Dios, aproximadamente desde las cinco de la tarde hasta las 11:30 p.m. Desde allí atacaron a los manifestantes e impidieron el ingreso de un herido.

En varias ocasiones las comunidades han denunciado que el ESMAD ha estropeado y derramado la alimentación que se prepara en las cocinas comunitarias de ambos municipios. Es importante resaltar que en Segovia se cuenta con 35 cocinas comunitarias dispuestas a ofrecerle alimentación a la comunidad que ha venido ejerciendo su derecho a la protesta.

El día catorce de agosto, en medio de una ceremonia católica que se desarrollaba en el lugar conocido como La Electrificadora, en el municipio de Segovia, el ESMAD arrojó gases lacrimógenos.

La Policía del municipio de Segovia, en medio de las protestas ha disparado en contra de la integridad física de la población, incluso con armas de fuego, causando heridas a los protestantes y la muerte del joven Brandon Stid Ochoa Estrada, con dieciocho años de edad, habitante del barrio Marquetalia del municipio de Segovia, en hechos ocurridos el quince de agosto en las afueras de la institución educativa Liceo Liborio Bataller.

Hasta el día catorce de agosto se habían registrado por parte de la Mesa Minera, once heridos en Segovia y dieciséis heridos en Remedios. El día 15 de agosto, los cuerpos de salud y la Mesa Minera informan que hasta las cuatro de la tarde, se han presentado cinco heridos leves, con lesiones ocasionadas por balas de cristal, balas de goma y con material de piedra caliza, entre ellos el señor Jorge Cañas, quien resultó lesionado en el pómulo y detrás de la oreja.

Los casos de lesiones personales generadas por parte del ESMAD y demás fuerza pública, en el municipio de Segovia, son los de Luis Duverney Gutiérrez Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Daniela Barrientos Bustamante herida 31 de julio en el barrio Camacol; Eiber Arley Serna Espinal herido 31 de julio, en el barrio 13 de Mayo; Froilan Antonio Sepúlveda Arboleda, herido el primero de agosto en el sector de La Electrificadora; Joan Alberto Rúa Moreno herido el 31 de julio en el barrio 13 de Mayo; Johan Manuel Raigoza Yepes herido el de julio; Ferney Johan Pérez Gómez herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Edison Alexander Valle Palacio herido el 31 de julio en el Sector de La Salada; Mario Acevedo Morales, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Román Andrés Marín Delgado, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo; Sebastián Castaño Vallejo, herido el primero de agosto en el barrio 13 de Mayo.

De igual forma, miembros de los cuerpos de salud denuncian que han tenido dificultades para auxiliar a la población civil que se encuentra en las casas afectadas por la presencia directa del ESMAD.

En la noche del catorce de agosto hubo tres capturas por parte de la Policía Nacional, entre las cuales se registra la captura del joven de diecisiete años de edad, perteneciente a la comunidad minero-campesina de la Vereda Carrizal, Duberney Pérez González, detenido en el punto llamado La Cucaracha, sin encontrarse con ningún tipo de artefacto no permitido o realizando actividad alguna que se encuentre tipificada en la normatividad penal.

La comunidad denuncia que miembros de la fuerza pública, especialmente del ESMAD, han venido ofreciendo beneficios penales a las personas detenidas y dinero a los jóvenes menores de edad pertenecientes a la comunidad, para que proporcionen información sobre los supuestos encargados de las marchas y protestas.

En la madrugada del diez de agosto se presentó la quema de dos motocicletas en el parque Santander, Segovia, lugar donde fue constante la presencia de la Policía en los días previos a los hechos.

El día 2 de agosto, en horas de la noche y en el marco del toque de queda instaurado por la Gobernación de Antioquia en el municipio de Segovia, dos hombres armados que se movilizaban en una moto, no identificados y encapuchados, dispararon contra el joven Hernán Tobón Meneses, quitándole la vida. Éste iba con su padre.

Miembros de la Mesa Minera fueron hostigados y amedrentados al encontrar en la silla de sus motos, dos balas de arma de fuego, dañadas en la punta mientras estuvieron estacionadas durante unos minutos en vía pública.

En el municipio de Remedios, algunos centros educativos continúan con el desarrollo de sus actividades, por lo que niños, niñas y jóvenes asisten normalmente a clase, sin embargo, miembros del ESMAD hacen presencia en dichos centros educativos poniendo en riesgo la vida e integridad física de la niñez. Adicional a ello, vienen ocupando el Coliseo de Remedios como refugio, imposibilitando el desarrollo de las actividades deportivas.

Por su parte, en el municipio de Segovia, las instituciones educativas no tienen un normal funcionamiento y los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a estudiar mientras exista presencia del ESMAD en el pueblo.

El día 15 de agosto, el Colegio Liceo Liborio Bataller fue tomado por el ESMAD con el fin de atacar, desde dicho punto, a la población civil, generándose gravísimas afectaciones a la infraestructura de la institución educativa. Con anterioridad, en el municipio de Segovia, el ESMAD se encontraba concentrado en una casa de propiedad del municipio destinada para un hogar infantil.

Es así como el ESMAD ha venido usando bienes de uso público, educativo, deportivo, recreativo y social para permanecer en los mismos e incluso dirigir desde allí los ataques a la población civil. Y lo que resulta más grave, el ESMAD ha ingresado a casas de la población civil, causando daños físicos, amedrentando a la comunidad y usando los corredores de las casas para atacar a los manifestantes.

Se han presentado acciones por parte de la Policía Nacional y en especial del ESMAD bastante reprochables que han ocasionado un temor generalizado en la comunidad del municipio de Segovia, tales como gritar en medio de los espacios de protesta a los manifestantes “de acá no van a sacar más oro”, golpear a los civiles que hacen parte de las protestas e ingresar a las casas de la población civil.

Por su parte, en el barrio Estrada parte alta, el ESMAD ingresó a la casa de la señora Wendy Bedoya, estropeando el techo, sin importar la presencia de dos menores edad.

Ausencia Estatal


La comunidad denuncia el ausentismo estatal en el marco de la manifestación minera, donde es escasa la presencia de los personeros de los municipios de Remedios y Segovia, quienes aducen permanecer neutrales, olvidando que sus funciones se enmarcan en la labor de vigilancia, control, promoción y protección de los derechos humanos.

Según la Mesa Minera, hay falta de voluntad por parte de los entes estatales y la Multinacional Gran Colombia Gold Corporation para escuchar las propuestas de la comunidad minera, no habiendo un real acercamiento ni la concertación de acuerdo alguno. Muy por el contrario, la institucionalidad ha respondido meramente con la fuerza pública, causando daños a la población civil y desprotegiendo a los ciudadanos, brindando, incluso seguridad a la multinacional.

Exigencias


La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño en el marco de la manifestación minera de los municipios antioqueños de Remedios y Segovia, exige al Estado y a sus instituciones de nivel municipal, departamental y nacional, retirar de las cabeceras municipales a los miembros del ESMAD que han venido generando un contexto de violencia en la protesta pacífica y legítima de las comunidades mineras, campesinas e indígenas, que de manera ancestral han ejercido la actividad minera como principal fuente de sustento económico.

Se exige al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD no utilizar los hospitales, colegios, coliseos y demás espacios públicos, ni las casas de la comunidad para refugiarse y llevar a cabo los ataques en contra de los manifestantes; de igual forma se les exige no utilizar a la población civil, niños y niñas, personas de la tercera edad y mujeres, como escudos humanos.

Se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a analizar el contexto en el cual se encuentra los municipios de Remedios y Segovia, reconociendo su carácter de pueblos mineros ancestrales, que tienen como principal fuente económica la extracción minera de oro, sin sobreponer el interés económico individual de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation, como lo han venido haciendo en los últimos tiempos.

De igual forme se exige la no estigmatización y criminalización de la protesta y de la reivindicación minera por parte del Estado, de sus instituciones y funcionarios, comprendiendo la importancia y la necesidad de permitir a la comunidad minera ejercer el derecho constitucional a la protesta, a la reunión y manifestación pública y pacífica.

Exigimos al Estado colombiano el respeto y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a las obligaciones estatales en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, invitándolos finalmente a buscar una salida concertada y basada en el diálogo, que tome en cuenta las necesidades del pueblo minero de los municipios de Remedios y Segovia y su carácter ancestral en el ejercicio de esta actividad económica, dando mayor importancia a los intereses del pueblo colombiano que a los intereses individuales de la multinacional minera.

Manifestante herido




martes, 8 de agosto de 2017

San Roque, Antioquia

Comunidades minero campesinas ancestrales ante invasores multinacionales


“Lo que veo es que aquí se está repitiendo la historia de los españoles, 
vienen los de afuera a saquear esto y a dejarnos a nosotros en la ruina” 
Minero Campesino de San Roque Nordeste Antioqueño


Foto: Cahucopana
En Providencia, uno de los corregimientos del municipio de San Roque en el Nordeste Antioqueño, se reunieron, con carácter asambleario, representantes de las comunidades minero campesinas de varias veredas que se están viendo afectadas por la irrupción de la Anglo Gold Ashanti (AGA) y la arbitraria alteración de las dinámicas y las relaciones sociales de la región con el proyecto Gramalote.

Las comunidades atendieron la invitación del comité provinciano de defensa de los derechos humanos, acompañado por Cahucopana, para recuperar la memoria de las condiciones en que hombres y mujeres han realizado labores de campo y minería en San Roque y sus corregimientos, contextualizar el momento y plantear propuestas y tareas a desarrollar como mecanismos de defensa y articulación.

En este sentido, en voz de campesinos y mineros, se recordó que la región ha mantenido prácticas económicas mixtas. Las tierras han sido labradas para cultivos de pan coger, se han desarrollado proyectos con base en el cultivo y procesamiento de la caña, en menor medida la ganadería y como principal soporte de la economía del territorio se reconoce la minería artesanal, ya sea de veta o aluvión.

En cuanto al trabajo de cultivo de la tierra, cada vez se ha ido reduciendo más la posibilidad de jornalear puesto que la multinacional se está haciendo a todas las fincas y en este contexto, la comunidad resalta que nunca antes como ahora habían recibido tanto atropello, uno de los mineros asistentes al encuentro dijo:

“Anteriormente uno trabajaba la mina aquí y la ley no lo molestaba a uno para nada, ni el ejército, ni los paramilitares, ni la guerrilla, todo el mundo podía rebuscarse donde quisiera, nadie lo atropellaba a uno, hoy en día tenemos a Gramalote encima y ya supuestamente todo el mundo estamos cabeciagachados”.

La licencia ambiental concedida al proyecto minero Gramalote en el 2015 fue la primera en ser otorgada por las autoridades colombianas en décadas. A partir de ese momento se agudizó en San Roque la persecución a la minería artesanal, los mineros ancestrales son tachados de invasores, se criminaliza la labor y se centran las denuncias en los riesgos ambientales, no obstante que Gramalote esté propuesto a ser el proyecto de minería a cielo abierto más grande de Colombia.


Foto: Cahucopana
Genaro*, dice haber cumplido seis décadas y trabajar la mina desde los dieciocho años. Acerca del mercurio, recuerda que siempre lo han manoseado y que incluso quienes gustaban de tocar guitarra se lo untaban en los dedos, no sabe para qué, pero lo hacían y que en ningún momento, durante tantos años, el gobierno desarrolló algún tipo de capacitación o intervención en la cual se previniera a campesinos, mineros o sus familias, sobre el daño del mercurio:

“Ahora es que es peligrosísimo y dañino, después de que llegó la multinacional. Qué va a pasar cuando todos los días ellos quemen de 4 a 5 toneladas de dinamita, se van a levantar una cantidad de gases sin ningún control, contaminados con mercurio si es con indumil y con aluminio si es con superanfo, cuando venga el descenso de agua, esos gases no van a caer directamente en el pozo que ellos están haciendo, van a caer esparcidos en toda la región, entonces va a ser un daño a nivel regional.”

Para el proyecto, en la etapa comprendida entre el 2015 y el 2018, el objetivo expuesto es “reasentar las personas que habitan en el área y hacer el estudio de factibilidad bancaria para determinar la viabilidad económica del proyecto”. En el territorio la etapa se está viendo representada, entre otros, con perforaciones que están ocasionando la desaparición de nacimientos de agua, el desvío de fuentes hídricas y, por ende, dando inicio al desabastecimiento del agua para las comunidades.

Se da pues que, aunque la empresa hable del cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales, la población de los corregimientos de San Roque está presenciando cómo con cada intervención les está siendo vedada la posibilidad de movilizarse libremente por el territorio y por los caminos reales. Les son expropiados o destruidos: proyectos productivos, cultivos, espacios de encuentro comunitario que consideran patrimonio, flora y fauna, recursos naturales y hasta el orgullo:

“En esta región era orgullo la persona ser minera y hoy en día un minero de subsistencia va con un agravante, que le dicen criminal. Antes lo felicitaban en la cabecera municipal que todo el tiempo se ha nutrido con las regalías de los mineros y hoy en día, desde la misma cabecera municipal, nos tratan de ilegales.”

De esta manera la comunidad identifica que la empresa está implementando una serie de tácticas legales, económicas y socio-políticas como parte de una estrategia cuyo primer propósito parece ser la ruptura del tejido social y la desestabilización económica que incentive el desplazamiento de los pobladores.

En términos legales se ha acuñado el término reconocido con el cual la empresa identifica y caracteriza al minero ancestral. Sin embargo, los mineros oriundos de la zona coinciden en señalar que son más los que no han sido reconocidos y que la mayoría de quienes si lo están, y trabajan para la empresa, son personas que han traído de otros lugares.


Foto: Cahucopana
Así, la población minero campesina en el nordeste antioqueño, en sus diferentes municipios, está siendo dividida en dos tipos, los subcontratados por las multinacionales y los que por ella y el gobierno son referidos como ilegales/criminales.

La repetida táctica de poner a los pobladores a pelearse o discriminarse entre sí, en San Roque se ve reflejada con la contratación de personas del municipio para que hagan de celadores y “guardabosques” encargados de denunciar, señalar e impedir que sus coterráneos continúen subsistiendo como históricamente lo han hecho.

“Esa es la de la multinacional, siempre atropellar el campesino, ahora, son muy inteligentes, consiguen celadores de aquí mismo del pueblo pa´ ver si nosotros peliamos contra ellos pero nosotros contra los celadores de aquí del pueblo no vamos a peliar”.

Entre otras, se está presentando el hecho de que la empresa le demanda a sus contratados, cortar todo tipo de relación con los mineros ancestrales so pena de despido:

“Incluso han sido mineros y les resulta un empleo ahí en la empresa, inmediatamente el primer día de trabajo, antes de empezar a trabajar, nos dividen entre uno que no está en la empresa y el que entra. Los que están allá, ya no lo pueden estar montando a uno en la moto, ya no pueden estar con uno, les prohíben estar con uno”.

Contrario a un diálogo con la comunidad, se fracturan sus valores. La solidaridad que siempre existió se está viendo atacada por los intereses de la multinacional. Antes, dicen los asistentes a la asamblea, contaban con la posibilidad de diario producir algo y hasta poder prestarle o facilitarle a quién no tuviera, ya es difícil.


Foto: Cahucopana
También indican se ha perdido la autonomía, puesto que cada quién trabajaba el tiempo que quisiera y si lo deseaba podía dedicar tiempo a cultivar alimentos o a realizar otros trabajos:

“Aquí era muy fácil, porque la persona que era minera si le daba la gana de ir a sacar dos o tres días pa´ ir a sembrar su palo de yuca lo hacía”.

Pero ahora, con la imposición de horarios del contrato, dice uno de los mineros más jóvenes, “le va a dedicar uno la juventud a eso y con ese salario no tiene ni con qué conseguir una casa, no se puede aspirar a nada, ni a educación para los hijos, ni para uno mismo”. Otro agravante se le presenta a los subcontratados por la AGA, toda vez que procurar otros ingresos es causal de despido:

“Esa platica para mí es muy poquita, para uno pagar servicios, para comer, para uno pasajearse (…) en la navidad nos dieron unas vacaciones ahí poquitas, salimos y nos fuimos a rebuscarnos, entonces no nos llamaron a descargos sino que de una nos dieron la mocha, nos dieron el ácido ¿si me entiende?”.

Con similar imposición, se ciernen los intereses de la empresa sobre el presidente de la Junta de Acción Comunal de Providencia, de quien dicen los habitantes del corregimiento, desde que está trabajando para la empresa no ha podido colaborarle más a la comunidad, bajo la amenaza de cancelarle el contrato; y ante los dueños de las fincas, a quienes la demanda ha sido no facilitar el trabajo de cultivo de la tierra, ni de la minería.

A todo lo anterior se suma el decomiso de material de trabajo y castellanos de oro, sin ningún tipo de registro de acta por parte de la fuerza pública, lo que ha imposibilitado a la comunidad el seguimiento y recuperación de los bienes retenidos.


Foto: Cahucopana
El contexto lo cierran las denuncias generadas por varios de los 153 mineros con que la empresa empezó procesos de negociación hace más de tres años, en las cuales se exponen los métodos empleados para el sometimiento a la negociación y el incumplimiento de lo acordado:

“A mí me echaron la policía, me echaron el ejército, yo no quería negociar y no quería y no quería, ¿Qué hicieron a lo último? Tumbaron allá arriba en el morro del cerro Gramalote, metieron una maquinaria allá y ¿qué hicieron? desvolcanar todo eso, cuevio todo eso con esa maquinaria y se vino todo eso y se llevó la tubería y nos dejó a nosotros listos, ya negocia o negocia".

De los proyectos ofrecidos por la empresa y que la comunidad considera de juguete, solo se generaron unos cuantos y en las nuevas negociaciones, los representantes de la empresa están afirmando que nunca los prometieron. Dada la falta de compromiso real y honesto de la Empresa con la población y el medio ambiente, la comunidad considera determinante la salida de la multinacional del territorio.

“Qué le vamos a pedir a la multinacional, que se vaya, porque si sigue la multinacional sigue el problema. Es que la multinacional no va a generar empleo, ni va ayudar a la comunidad, ¿qué van a traer? pobreza, desempleo y que nosotros nos tengamos que ir, quién sabe pa´ donde”.

Al término del encuentro, con una cantidad de elementos comunes identificados para la articulación comunitaria, se evidenciaron una serie de tareas por atender entre las que se encuentran: acceder a la información generada por un censo que hizo la empresa y que nunca fue socializado; formación/capacitación en nuevas prácticas de la minería ancestral para mitigar el impacto ambiental; la recuperación y promoción de proyectos productivos, así como la participación en los espacios de decisión posibles, todo, en pro de la defensa y la permanencia en el territorio.


* Por seguridad de los habitantes, dada la permanente criminalización por parte de la multinacional y las autoridades, se han obviado los nombres de quienes han sido citados en el presente documento.


Páginas consultadas:





miércoles, 2 de agosto de 2017

Comunicado Público - Solidaridad con las justas reivindicaciones de la Mesa Minera

Cahucopana se solidariza con los mineros urbanos del Nordeste Antioqueño

Desde el pasado 21 de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros, indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, dieron inicio a un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico, con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros que, ante los permisos ya otorgados, con títulos mineros a la multinacional, han sido advertidos que en próximos meses, bajo amparos administrativos, serán cerradas las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos para trabajar.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, como organización defensora de derechos humanos que desde hace más de 12 años acompaña las comunidades mineras y campesinas de los municipios de Remedios y Segovia, rechaza enfáticamente el tratamiento dado por la fuerza pública a los manifestantes que llevan 12 días en cese de actividades en dichos municipios y se solidariza con las justas reivindicaciones de los mineros urbanos organizados en la Mesa Minera.  

En menos de un año los trabajadores han hecho uso de este mecanismo para buscar llamar la atención debido a la persecución contra los mineros tradicionales, manifestados en una serie de decretos y leyes que restringen su labor y mantienen el modelo económico imperante, en este caso de la empresa multinacional Gran Colombia Gold, quien  por medio de contratos irregulares pretende quedarse con una alta suma de ganancias con la idea de tener el monopolio del comercio del oro, vulnerando así los derechos laborales de los mineros que trabajan para la empresa.

De otro lado, los mineros artesanales y pequeños mineros que viven en las zonas rurales no son ajenos a esta problemática de despojo. Recordemos que en el mes de marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente, donde, como Corporación insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de  pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales.

La criminalización de la protesta se ve expresada en el trato dado por parte de los entes gubernamentales, en lo que va del paro se ha informado la movilización hacia la zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, 240 uniformados de prevención, toques de queda, en medio de señalamientos a los dirigentes de la protesta y la vinculación de la misma a actores armados ilegales.

Frente a este panorama y sintiéndose recogidos en exigencias de los mineros concentrados en el casco urbano, las comunidades de las zonas rurales de las veredas: Rancho Quemado, de la vereda el Carmen, Carrizal, Altos de Manilas y Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios y los indígenas del Resguardo Tagual la Pó (Segovia) se solidarizaron manifestando su vinculación al paro por decisión autónoma.
Con la zona militarizada, la multinacional denunció presuntas amenazas a trabajadores que continuaron con sus labores, mientras la Mesa Minera denunció amenazas contra algunos de sus líderes. Durante casi diez días el paro se mantuvo pacífico, pero en el transcurso del día 31 de julio, el ESMAD arremetió contra la población que se encontraba concentrada en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, provocando la reacción de los manifestantes.

La información de la Mesa Minera confirma que se generó por parte de la fuerza pública un exceso de la fuerza ya que en medio de la manifestación hubo uso de armas de fuego; denuncian la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los agentes del ESMAD quienes se metieron de manera arbitraria en el Hospital San Juan de Dios en Segovia, desde donde lanzaban gases lacrimógenos y hacían disparos hacia los manifestantes; así mismo la violación a los derechos humanos, entre ellos los de los niños que quedaron atrapados en medio de gases lacrimógenos en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios. 

Hasta el momento el reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17 heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y herida por proyectil en el abdomen.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre las autoridades departamentales y municipales, los manifestantes y representantes de la empresa para llegar a acuerdos respetando los derechos laborales de los mineros y los derechos humanos de las comunidades; además de ello, exigir el respeto por parte de la fuerza pública frente al uso desmedido dado a los manifestantes, recordando su deber de mantener el orden sin violar los derechos humanos ni infringir el Derecho Internacional Humanitario. 

CAHUCOPANA, convoca a la comunidad nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a la comunidad en general, para estar atentos, acompañar y denunciar de manera permanente y oportuna, los graves atropellos de que están siendo objeto las comunidades mineras de Remedios y Segovia. 


Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, 2 de agosto de 2017
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