Cahucopana se solidariza con los mineros urbanos del Nordeste Antioqueño
Desde el pasado 21
de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros,
indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, dieron
inicio a un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico,
con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros que,
ante los permisos ya otorgados, con títulos mineros a la multinacional, han
sido advertidos que en próximos meses, bajo amparos administrativos, serán
cerradas las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos
para trabajar.
La Corporación
Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño,
Cahucopana, como organización defensora de derechos humanos que desde hace más
de 12 años acompaña las comunidades mineras y campesinas de los municipios de
Remedios y Segovia, rechaza enfáticamente el tratamiento dado por la fuerza
pública a los manifestantes que llevan 12 días en cese de actividades en dichos
municipios y se solidariza con las justas reivindicaciones de los mineros
urbanos organizados en la Mesa Minera.
En menos de un año
los trabajadores han hecho uso de este mecanismo para buscar llamar la atención
debido a la persecución contra los mineros tradicionales, manifestados en una
serie de decretos y leyes que restringen su labor y mantienen el modelo
económico imperante, en este caso de la empresa multinacional Gran Colombia
Gold, quien por medio de contratos irregulares pretende quedarse con una
alta suma de ganancias con la idea de tener el monopolio del comercio del oro,
vulnerando así los derechos laborales de los mineros que trabajan para la
empresa.
De otro lado, los
mineros artesanales y pequeños mineros que viven en las zonas rurales no son
ajenos a esta problemática de despojo. Recordemos que en el mes de marzo del
presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas
Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta
excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones
que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres
retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de
viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento
económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un
plantón permanente, donde, como Corporación insistimos en la construcción de
una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de
pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha
no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni
municipales.
La criminalización
de la protesta se ve expresada en el trato dado por parte de los entes
gubernamentales, en lo que va del paro se ha informado la movilización hacia la
zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del
Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, 240 uniformados de prevención, toques
de queda, en medio de señalamientos a los dirigentes de la protesta y la
vinculación de la misma a actores armados ilegales.
Frente a este
panorama y sintiéndose recogidos en exigencias de los mineros concentrados en
el casco urbano, las comunidades de las zonas rurales de las veredas: Rancho
Quemado, de la vereda el Carmen, Carrizal, Altos de Manilas y Mina Nueva de la
vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios y los indígenas del Resguardo
Tagual la Pó (Segovia) se solidarizaron manifestando su vinculación al paro por
decisión autónoma.
La información de la
Mesa Minera confirma que se generó por parte de la fuerza pública un exceso de
la fuerza ya que en medio de la manifestación hubo uso de armas de fuego;
denuncian la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los
agentes del ESMAD quienes se metieron de manera arbitraria en el Hospital San
Juan de Dios en Segovia, desde donde lanzaban gases lacrimógenos y hacían
disparos hacia los manifestantes; así mismo la violación a los derechos
humanos, entre ellos los de los niños que quedaron atrapados en medio de gases
lacrimógenos en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios.
Hasta el momento el
reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17
heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la
ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas
por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso
de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y
herida por proyectil en el abdomen.
Por todo lo
anterior, hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre las autoridades
departamentales y municipales, los manifestantes y representantes de la empresa
para llegar a acuerdos respetando los derechos laborales de los mineros y los
derechos humanos de las comunidades; además de ello, exigir el respeto por
parte de la fuerza pública frente al uso desmedido dado a los manifestantes,
recordando su deber de mantener el orden sin violar los derechos humanos ni
infringir el Derecho Internacional Humanitario.
CAHUCOPANA, convoca
a la comunidad nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos y a la comunidad en general, para estar atentos, acompañar y
denunciar de manera permanente y oportuna, los graves atropellos de que están
siendo objeto las comunidades mineras de Remedios y Segovia.
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y
la Paz del Nordeste Antioqueño, 2 de agosto de 2017
Cahucopana se solidariza con los mineros urbanos del Nordeste Antioqueño
Desde el pasado 21
de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros,
indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, dieron
inicio a un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico,
con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros que,
ante los permisos ya otorgados, con títulos mineros a la multinacional, han
sido advertidos que en próximos meses, bajo amparos administrativos, serán
cerradas las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos
para trabajar.
La Corporación
Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño,
Cahucopana, como organización defensora de derechos humanos que desde hace más
de 12 años acompaña las comunidades mineras y campesinas de los municipios de
Remedios y Segovia, rechaza enfáticamente el tratamiento dado por la fuerza
pública a los manifestantes que llevan 12 días en cese de actividades en dichos
municipios y se solidariza con las justas reivindicaciones de los mineros
urbanos organizados en la Mesa Minera.
En menos de un año
los trabajadores han hecho uso de este mecanismo para buscar llamar la atención
debido a la persecución contra los mineros tradicionales, manifestados en una
serie de decretos y leyes que restringen su labor y mantienen el modelo
económico imperante, en este caso de la empresa multinacional Gran Colombia
Gold, quien por medio de contratos irregulares pretende quedarse con una
alta suma de ganancias con la idea de tener el monopolio del comercio del oro,
vulnerando así los derechos laborales de los mineros que trabajan para la
empresa.
De otro lado, los
mineros artesanales y pequeños mineros que viven en las zonas rurales no son
ajenos a esta problemática de despojo. Recordemos que en el mes de marzo del
presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas
Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta
excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones
que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres
retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de
viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento
económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un
plantón permanente, donde, como Corporación insistimos en la construcción de
una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de
pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha
no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni
municipales.
La criminalización
de la protesta se ve expresada en el trato dado por parte de los entes
gubernamentales, en lo que va del paro se ha informado la movilización hacia la
zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del
Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, 240 uniformados de prevención, toques
de queda, en medio de señalamientos a los dirigentes de la protesta y la
vinculación de la misma a actores armados ilegales.
Frente a este
panorama y sintiéndose recogidos en exigencias de los mineros concentrados en
el casco urbano, las comunidades de las zonas rurales de las veredas: Rancho
Quemado, de la vereda el Carmen, Carrizal, Altos de Manilas y Mina Nueva de la
vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios y los indígenas del Resguardo
Tagual la Pó (Segovia) se solidarizaron manifestando su vinculación al paro por
decisión autónoma.
Con la zona
militarizada, la multinacional denunció presuntas amenazas a trabajadores que
continuaron con sus labores, mientras la Mesa Minera denunció amenazas contra
algunos de sus líderes. Durante casi diez días el paro se mantuvo pacífico,
pero en el transcurso del día 31 de julio, el ESMAD arremetió contra la
población que se encontraba concentrada en el corregimiento La Cruzada del
municipio de Remedios, provocando la reacción de los manifestantes.
La información de la
Mesa Minera confirma que se generó por parte de la fuerza pública un exceso de
la fuerza ya que en medio de la manifestación hubo uso de armas de fuego;
denuncian la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los
agentes del ESMAD quienes se metieron de manera arbitraria en el Hospital San
Juan de Dios en Segovia, desde donde lanzaban gases lacrimógenos y hacían
disparos hacia los manifestantes; así mismo la violación a los derechos
humanos, entre ellos los de los niños que quedaron atrapados en medio de gases
lacrimógenos en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios.
Hasta el momento el
reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17
heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la
ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas
por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso
de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y
herida por proyectil en el abdomen.
Por todo lo
anterior, hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre las autoridades
departamentales y municipales, los manifestantes y representantes de la empresa
para llegar a acuerdos respetando los derechos laborales de los mineros y los
derechos humanos de las comunidades; además de ello, exigir el respeto por
parte de la fuerza pública frente al uso desmedido dado a los manifestantes,
recordando su deber de mantener el orden sin violar los derechos humanos ni
infringir el Derecho Internacional Humanitario.
CAHUCOPANA, convoca
a la comunidad nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos y a la comunidad en general, para estar atentos, acompañar y
denunciar de manera permanente y oportuna, los graves atropellos de que están
siendo objeto las comunidades mineras de Remedios y Segovia.
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y
la Paz del Nordeste Antioqueño, 2 de agosto de 2017
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