miércoles, 5 de julio de 2017

Carta abierta a Luis Pérez - Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Señor gobernador, doctor Luis Pérez:

Lamentamos mucho las afirmaciones que realizó en la rueda de prensa del pasado 27 de junio en el marco del Consejo de Seguridad [1] sobre el proceso de implementación en el departamento de Antioquia. Ese mismo día, mientras las comunidades celebramos el nuevo paso hacia el fin del conflicto con la dejación de las armas FARC-EP, la gobernación de la cual esperábamos fuese principal promotor de la implementación, la vimos distante, descoordinada, contradictoria y ajena de las acciones que se llevan a cabo desde el nivel nacional por el gobierno y las FARC, y desde nivel territorial desde las organizaciones y comunidades, financiadas y acompañadas por la comunidad internacional. Qué afirmaciones tan desacertadas.

En primer lugar, porque se evidencia que desconoce totalmente el contenido del Acuerdo Final, las acciones que se venían implementando incluso antes de la firma final, las instancias creadas de seguimiento a la implementación y las formas de veeduría. Por ejemplo, las aseveraciones frente a los planes de sustitución que se han venido implementando en el municipio de Briceño, articulados al desminado y que está siendo asesorado desde organizaciones internacionales. La sustitución incluye un asesoramiento en la implementación de los proyectos productivos de las familias que, obviamente, son proyectos de cultivos lícitos. Es irrespetuoso hasta con la comunidad internacional insinuar que, a pesar de estos esfuerzos, las familias beneficiarias van a desviar los recursos de la sustitución en cosas ilegales. Además, no entendemos por qué plantea “…Briceño, para la gobernación, sigue siendo un territorio muy sospechoso”. Desde cuándo, ¿cómo y por qué los territorios son sospechosos? Esta afirmación la hace bajo el argumento de que la gobernación de Antioquia no ha sido tenida en cuenta en la implementación, pero más adelante plantea que ha hecho recomendaciones a Sergio Jaramillo y al presidente en otros aspectos. Al fin qué, ¿sí se articula la gobernación con el nivel central, o no lo está haciendo?

En segundo lugar, plantea que milicianos de las FARC continúan delinquiendo en los territorios, partiendo de un supuesto y es que la gobernación no conoce los listados de milicianos ni la totalidad de estas personas. Le recordamos que tanto la ONU como la Registraduría han llevado a cabo procesos de identificación y cedulación de las personas de las FARC, consolidando los listados que estarán en todo el proceso de reincorporación y que deben pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que además incluye a los miembros armados y milicianos, los cuales en la actualidad tienen la obligación de respetar la normatividad legal vigente, al estar en proceso de reincorporación. Si tiene información sobre acciones ilegales de estas personas, si tiene las evidencias y quejas ciudadanas, que según afirma, señalan “donde están todavía trabajando y movilizándose en el tema de coca”, lo invitamos a que, en cambio de deslegitimar el proceso de implementación en nuestros territorios, realice formalmente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, el secretario de la JEP, la CSIVI, y el CNR, para que se tomen las acciones pertinentes frente a estos hechos.

En tercer lugar, no estamos de acuerdo en que públicamente haga afirmaciones tendenciosas que se convierten en herramientas, en armas por medio de la palabra, para deslegitimar y desvirtuar un proceso que ha iniciado y del cual esperamos culmine exitosamente con la implementación integral del Acuerdo Final. Por ejemplo, señalar que las zonas veredales fueron ubicadas estratégicamente en las rutas ilegales de comercialización, insinúa que el propósito de las FARC es continuar con actividades ilegales e ilícitas. Esto pone en duda la palabra de las FARC y desconoce los esfuerzos que están realizando, por ejemplo, con los proyectos productivos que se están implementando en las mismas zonas. Estas actividades las conoce el Estado y son acompañadas por diferentes instituciones que hemos visto llegar, por fin, a nuestros territorios. Así mismo, proponer instalar dentro de las Zonas Veredales batallones del Ejército y estaciones de policía, evidencia aún más su desconocimiento frente a dos cosas: por un lado, del Acuerdo y de los protocolos establecidos para la dejación de armas y la reincorporación; por el otro, que a pesar que se ha dado la militarización de los territorios, en el último año y medio han ido en aumento las violaciones de derechos humanos y se ha producido desplazamientos internos.

Nos gustaría mucho que fuese igual de vehemente contra los grupos paramilitares que están constriñendo y amenazando a las comunidades, que fuera tan atento con los casos de investigación de nuestros líderes asesinados y amenazados, que se pronunciara más en la inversión social y menos en la militarización de la vida, más aún en nuestros territorios donde no hemos tenido respuesta de una ruta, una política pública clara para la formalización de la pequeña minería. Por ello cuando usted plantea que las vicealcaldías van a INVESTIGAR, tememos que los funcionarios terminen investigando a los pequeños mineros y, en cambio de garantizar la permanencia en los territorios, se fomente el despojo legalizado por sus acciones.

Hablar desde la capital del departamento en una cómoda silla y sin preocuparse porque en cualquier momento lleguen armados a asesinarlo a usted y su familia sin poder comunicar esto a nadie, es muy fácil. Pero vivir en nuestros territorios, territorios llenos de incertidumbre en los que SÍ llegan los helicópteros (al contrario de lo que usted plantea) no con acciones sociales para las comunidades, sino como parte de operativos militares contra nuestras economías, hace que tengamos la legitimidad de exigir el respeto a la implementación de los Acuerdos como forma de alcanzar la paz territorial.

Le recordamos que es obligación del Estado hacer presencia en los territorios, no solamente con presencia de la fuerza pública, y el Acuerdo brinda las formas y oportunidades para que esto suceda, para que el Estado llegue de manera integral haciendo efectivo todos los derechos. Para nuestras comunidades una casa de la cultura donde nunca ha habido una sí tiene sentido (nuevamente al contrario de lo que usted plantea), y tiene mucho sentido, porque involucrar a nuestros jóvenes en actividades deportivas y culturales ha sido parte de la alternativa para la prevención del reclutamiento, en medio de un contexto donde la falta de oportunidades en la educación y el trabajo hace más vulnerables y fácil de reclutar a nuestros jóvenes, cuestión que están aprovechando los ilegales que han llegado a nuestro territorio.

Tal vez si conociera esta Antioquia profunda, tal vez, sería más conciente de lo que realmente necesitamos en nuestros territorios y lo que realmente sucede en ellos. Participamos activamente en la construcción del Acuerdo Final en los espacios que se abrieron y creemos que es una oportunidad que no podemos dejar de pasar, por eso lo invitamos a que se lea el acuerdo y se acerque a las entidades nacionales y territoriales que abanderan los procesos de implementación. Por ahora Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz.

Cordialmente,
Corporación Cahucopana





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