Primera reunión entre los voceros de las comunidades
agrarias y mineras con representantes de la gobernación de Antioquia y otros
funcionarios
La reunión que se
realizó el día de ayer 23 de agosto en la gobernación de Antioquia entre los
voceros de las comunidades agrarias, indígenas y mineras de diversas regiones
de este departamento que se encuentran movilizadas exigiendo sus derechos en el
marco del paro agrario nacional, con representantes de la institucionalidad entre
los que se encontraban la Viceministra de Minas y Energía Natalia Gutiérrez,
representantes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Defensa, el
Secretario de Gobierno Departamental Santiago Londoño, representante del INCODER,
Procuraduría de Antioquia, Secretaria de Minas, Corantioquia, el coronel de la
Séptima División del Ejército, alcaldes de los municipios de Segovia y Remedios,
entre otros. Estas conversaciones no arrojaron ningún resultado en materia de
solucionar los múltiples problemas que aquejan a las comunidades que esperan
que cese el abandona estatal y la represión que tanto los afecta.
La reunión en la
que se esperaba la presencia del gobernador de Antioquia, lo cual no sucedió,
inicio con el descontento de los voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo
por la presencia de miembros de ejército y del Ministerio de Defensa, quienes
reiteradamente han lanzado acusaciones en contra de las movilizaciones
populares a través de los medios masivos de comunicación, arguyendo que estas
se encuentran infiltradas por la insurgencia, por lo que le pidieron a los
miembros de la fuerza pública que se retractara de tales afirmaciones
estigmatizadoras, lo cual no ha sucedido hasta ahora.
Los representantes
de los campesinos manifestaron que la inmensa riqueza que se encuentra en el
Nordeste Antioqueño contrasta con el olvido y el abandono estatal que durante
décadas se han materializado en el pésimo estado de las vías, en deficiencia en
materia de educación en todos los niveles, en inexistencia de centros de salud,
en viviendas precarias, lo que se traduce en una enorme crisis humanitaria que
afecta a la región. Ante las recriminaciones institucionales por los bloqueos
de vías y por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales,
quienes exigieron que los voceros populares expresaran públicamente su rechazo
a estas acciones, se dejó en claro por parte de los voceros que de no existir
acciones de presión de seguro que ningún representante del Estado se
encontraría negociando con ningún sector popular.
Entre las
exigencias que realizan los campesinos en materia de producción agropecuaria se
demandan la derogatoria de leyes contrarias al campesinado como la que les
imponen el uso de semillas transgénicas que están acabando e ilegalizando las
semillas nativas y que ponen en mayor riesgo la soberanía alimentaria, proponen
la promoción de los productos campesinos garantizando el acceso a los mercados,
la suspensión de los tratados de libre comercio con USA, la Unión Europea,
Israel, Corea del Sur, China y todos los que estén proyectados, piden apoyo a
proyectos productivos alternativos en pro de garantizar la soberanía
alimentaria, así como la legalización y la dotación de baldíos habitados por
campesinos por parte de INCODER, como también detener la extranjerización de la
tierra y que se cree un fondo de tierras para aquellas comunidades que no las
posean.
Del mismo modo
plantean la extinción de dominio de tierras ociosas acaparadas por
latifundistas, pidiendo que cese la pretensión gubernamental de modificar y
reducir las Unidades Agrícolas Familiares y que por el contrario se mantengan
como están ahora o se aumenten, generando una territorialidad campesina
mediante el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina, garantizando los
insumos y la comercialización de las comunidades indígenas y campesinas.
Por su parte los
representantes de los mineros plantearon a las autoridades lo pérdida de
soberanía nacional que se desprende del entreguismo gubernamental a las
multinacionales mineras que para ellos se han tomado al país y que no dejan
nada de la riqueza que amasan en la región, situación que los afecta en gran
medida por los amparos administrativos que el gobierno le da a las
multinacionales que pretenden erradicar a como dé lugar la pequeña y mediana
minería, sabiendo que en la mina más pequeña trabajan entre 80 y 100 personas,
por lo que es preocupante la situación que de la mano con la grave crisis
humanitaria que se vive en la región podría desencadenar una ola de violencia
por mineros arrastrados por el desespero y por la constante persecución y
represión de las que son objeto.
Expresan los
mineros que el derecho al trabajo en la región está por el suelo y que si las
cosas siguen al ritmo que van las multinacionales podrían acabar con la pequeña
y mediana minería en 3 años. Destacan el hecho paradójico que suscita que
aunque Antioquia es uno de los departamentos más ricos y que más produce
riqueza en el país, es a la vez uno de los departamentos más desiguales y en el
campo no se ven por ningún lado los recursos provenientes de las regalías.
Exigen tener participación en la elaboración de las políticas mineras,
suspender el decreto 2235 que criminaliza y reprime la pequeña y mediana minería, formalizando la
pequeña minería en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra y
en las zonas del nordeste donde existe pequeña minería.
Expresan con
preocupación que las fuerzas militares realizan trabajos al servicio de las
multinacionales y no de defensa de la población, y que por el contrario se
dedican a amedrentar y reprimir a los civiles. Piden que sea evaluada la
constitucionalidad de las exenciones tributarias a las multinacionales que se
da desde el gobierno de Uribe y que se han duplicado en el gobierno Santos. Por
ultimo platean que la consulta previa no sea tan solo un saludo a la bandera y
que las comunidades puedan decidir si efectivamente quieren la presencia de las
multinacionales o definitivamente no.
Del lado de las
comunidades indígenas estas exigen inversión en salud, educación, vías,
servicios públicos, ya que el resguardo de 375 indígenas y 79 viviendas ha sido
objeto del más hondo abandono estatal. Exigen que las multinacionales salgan de
sus territorios, y expresan contundentemente que los derechos que el pueblo ha
conseguido a lo largo de la historia no se han dado por la benevolencia de los
gobernantes, sino por la lucha y la sangre derramada por innumerables
compañeros asesinados en la lucha. En síntesis piden el respeto de sus
territorios y de su cultura.
La vice ministra de
minas y energía manifestó que si no fuera por la Agencia Nacional de Minas encargada
de fiscalizar la actividad no existirían 9.000 sino 16.000 o más títulos
mineros en todo el territorio nacional, afirmando que esta dependencia realiza
2 visitas anuales a cada mina legal o informales, afirmando que supuestamente
le quita los títulos a aquellas empresas que incumplan con la legislación
ambiental y laboral, cosa que hasta donde sabemos solo ha ocurrido con pequeñas
minas y no con ninguna transnacional. Afirmo que desde el alto gobierno no se
mete en la misma bolsa a los pequeños mineros con aquellos que tienen
relaciones con grupos al margen de la ley, pero se contradijo al decir, pequeña
minería sin título y sin licencia ambiental, por lo que se perseguirá a todo
aquel que no posea estos requisitos.
En síntesis plantea
que el gobierno hace lo que puede, que está dispuesto a apoyar a los mineros
para que desde el congreso se modifiquen las leyes contrarias a la pequeña
minería, que el gobierno está dispuesto a informar y a informarse de los
mineros, que se debe sentar a las multinacionales en una mesa para tratar las
problemáticas, incluso acepto que ha existido abandono y olvido por los
distintos gobiernos, en fin, cosas que están lejos de su competencia y que no
pasan de ser saludos a la bandera dado el trato que el gobierno da a los
mineros, a los campesinos, a los indígenas y a las justas protestas que estos
realizan.
Lo que se puede
destacar como positivo de la reunión es que los distintos sectores agrarios y
mineros de distintos lugares de Antioquia en paro, decidieron agruparse en una
sola Mesa de Interlocución con las autoridades locales y nacionales para dar
fuerza a sus exigencias y demostrar la unidad de las comunidades populares que
hoy más que nunca están dispuestos a hacer valer sus derechos.
CAHUCOPANA
COLECTIVO BRECHA
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