ELN
y Ejército violan derechos humanos de comunidades del Nordeste Antioqueño
Damos
a conocer la denuncia construida por líderes comunitarios del nordeste
antioqueño, a raíz del asesinato del líder minero Alberto Jiménez, a manos del
ELN.
Las comunidades campesinas
del Nordeste Antioqueño, del municipio de Remedios y Segovia, departamento de
Antioquia, las organizaciones sociales y el partido político FARC de esta
región, expresamos inicialmente nuestro dolor por el asesinato de nuestro
compañero, amigo y líder minero, Jaime Alberto Jiménez Fernández, habitante de
la vereda Panamá 9 en manos de la insurgencia del ELN, además de la violación
de derechos humanos que se han venido presentando por parte de las Fuerzas
Militares y atropellos a la comunidad de esta región en general, de este modo
exponemos nuestro rechazo a todas estas violaciones de DD.HH, sociales y
económicos de los campesinos y campesinas de este territorio como resultado del
abandono estatal que aún vivimos.
Como habitantes de este
territorio, declaramos que somos mineros desde la cuna, pero existe una
problemática latente en esta región que nos pone en el medio del conflicto
armado, además que las luchas de nuestras comunidades siempre han buscado la
formalización de la minería y la tenencia de la tierra, que siempre hemos
estado comprometidas con el avance del proceso de paz y que lo que más
necesitamos como campesinos organizados en JAC y Organizaciones Sociales, no es
la militarización del territorio, sino la garantía de los DD.HH, sociales,
económicos y culturales, y la permanencia en la región.
Desde hace muchos años la
violencia en esta región es histórica y como comunidades creíamos que íbamos a
descansar de la guerra con el desarme de las FARC y como campesinos aspirábamos
que con la dejación de las armas se iba consolidando la paz, hoy miramos con
preocupación la crisis del proceso de paz a raíz de los incumplimientos del
gobierno en la implementación de los acuerdos.
En esta región somos en
promedio más de cinco mil personas que estamos aquí y vivimos de la minería y
la agricultura, pero en estos momentos nos vemos amenazados de diferentes
fuerzas armadas, tanto legales como ilegales y el fortalecimiento del
paramilitarismo que nos están obligando a salir desplazados de esta región.
Las comunidades campesinas
del Nordeste Antioqueño del municipio de Remedios y Segovia, las organizaciones
sociales y el Partido Político FARC de esta región nos pronunciamos ante la
problemática que estamos viviendo en este momento, y exigimos al Gobierno
Nacional que nos brinde solución a dichas problemáticas, las cuales son:
Problemática de minería ya
que el gobierno ha legislado, pero no para los sectores más pobres, sino para
las grandes multinacionales extranjeras, dejándonos por fuera a los campesinos
que siempre hemos vivido de esta economía y nuevamente nos lanza al abandono
estatal, el incumplimiento al proceso de paz con las FARC, la problemática
social y económica, la falta de la tenencia de la tierra por encontrarnos en un
territorio aún en ley 2da de 1959, problemática de seguridad de la región como
la confrontación armada entre la insurgencia del ELN, el paramilitarismo y las
Fuerzas Militares, lo cual nos deja en medio de la guerra a la población civil
y somos quienes nos vemos más afectados ante este problema horripilante.
Dejamos en claro al Gobierno
Nacional que como campesinos, excombatientes de las FARC, organizaciones
sociales y población civil que somos, no tenemos nada que ver en esta guerra en
la que siempre somos la población más vulnerada y abandonada, y los que ponemos
siempre los muertos por una lucha que para nada nos favorece y una vez más nos
vemos en el abandono estatal.
Solicitamos también al
Gobierno Nacional que el ETCR Juan Carlos Castañeda sea declarado como una
universidad campesina donde podamos tener un espacio educativo para el
campesinado del corregimiento de Carrizal y sus veredas.
Como campesinos y campesinas
siempre hemos estado en resistencia en este territorio y esto es lo que nos ha
mantenido en la región, pero exigimos ya, que cese la violencia en nuestro
territorio porque estamos cansados de esta y queremos que nuestros hijos e
hijas vivan en una región de paz.
Hacemos también un llamado a
todos los actores armados para que identifique quiénes son los que realmente
están directamente implicados en el conflicto y quiénes no tenemos nada que ver
en dicha guerra, además que se respeten los DD.HH y el DIH.
Las comunidades exigimos que
se reanuden los diálogos con el ELN y que se haga un cese al fuego bilateral.
Esperamos que el Gobierno
Local, Departamental y Nacional nos escuche y nos brinde solución a esta
problemática.
Las
comunidades que nos recogemos en este documento y que pertenecemos al bloque de
JAC del corregimiento de Carrizal son: La Cristalina, Cañaveral de Chicamoqué,
Mulato, Tamar Alto, Panamá 9, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Lejanías,
Ojos Claros, El Piñal.
Las
organizaciones sociales que nos recogemos para apoyar este pronunciamiento son:
ACVC-RAN, CAHUCOPANA, CIANA, Partido Político FARC, Comunidad Indígena Embera
Chamí del Mosquito.
Denuncia construida en la
vereda Panamá 9, a los 17 días, del mes de Febrero de 2019.
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