Una estrategia de persecución y continuidad del
conflicto
Plan Troya para el Nordeste Antioqueño
Las
comunidades minero campesinas del nordeste de Antioquia rechazamos el Plan
Troya para los municipios de Remedios, Segovia, Vegachí y Yalí.
El pasado 14
de octubre en una reunión realizada en el casco urbano del municipio de Segovia
el ministro de defensa declaró que entrará en rigor el Plan Troya (como
respuesta a las bandas criminales a nivel nacional) para 4 municipios
históricamente mineros en el Nordeste Antioqueño; con un grupo especial de 386
policías y de la mano con otros órganos como la fiscalía, se adelantarán
operaciones en toda la región que buscarán cerrar, decomisar e iniciar procesos
judiciales contra la minería sin título y permiso de explotación.
Este plan
que cuenta con el respaldo de la gobernación de Antioquia y está enmarcado en
un proceso de consolidación regional, es una estrategia política integral de
control criminal a nivel departamental y que claramente hace parte de un
proceso histórico de despojo y violaciones de derechos humanos en la región, se
configura para las comunidades minero campesinas del Nordeste Antioqueño en una
amenaza inminente a su trabajo y a su vida.
Este grupo
de 386 hombres de la Policía y el Ejercito que llegaron al municipio de Segovia
para poner en marcha el Plan Troya tiene como propósito combatir las
actividades de narcotráfico y minería como supuesta forma de sustento de “Los
Rastrojos” “Urabeños”, la banda de “Los paisas” y el grupo insurgente de las
FARC.
Las
comunidades minero campesinas, rechazamos éste plan y cualquier tipo de
persecución a la pequeña y mediana minería, pues como siempre estos planes
tiene un trasfondo que solo afecta la vida digna y la garantía de los derechos
de las comunidades.
De nuevo las
comunidades quedamos en el centro del conflicto, donde nunca hemos tenido
garantías para la realización de nuestras actividades económicas de sustento
como lo ha sido por más de 50 años la pequeña y mediana minería.
La
persecución a nuestro trabajo y nuestra vida ha sido una constante histórica,
la venta de nuestros recursos a multinacionales y las titulaciones
indiscriminadas han atentado contra nuestros derechos, desplazándonos y
despojándonos de nuestras tierras. La minería artesanal de pequeña y mediana
escala es nuestra forma de sustento, la forma de trabajo y el desarrollo de
nuestra región, sin contar con nuestros procesos de cuidado del medio ambiente
y el uso racional de los recursos, La persecución y estigmatización de nuestro
trabajo solo nos trae guerra, miedo y zozobra a las cientos de familias que
sobrevivimos de la extracción del oro.
La presencia
del Estado en nuestra región no puede ser solo militar, este plan es otro
recurso para perseguir a las comunidades y permitir la entrada de grandes
empresas multinacionales. Es por este motivo que hoy nos pronunciamos y
rechazamos este plan en su totalidad; exhortamos a los organismos nacionales e
internacionales defensores de derechos humanos y la sociedad civil en general a seguir
de cerca las operaciones que adelante este grupo especial de la fuerza pública,
no queremos repetir la historia de las ejecuciones extrajudiciales y los
montajes judiciales a campesinos y mineros trabajadores. Exigimos a la policía
y el ejército nacional respetar la vida de las comunidades minero campesinas
del nordeste antioqueño, los hacemos responsables de cualquier violación a los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y hacemos un llamado a
realizar un diagnostico participativo y una mejora técnica y de acceso a
títulos legales de nuestras minas, el trabajo en la minería no puede ser un
delito.
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