DENUNCIA
PÚBLICA
Miembros
del Ejército Nacional detienen arbitrariamente, amenazan y torturan psicológicamente
a integrantes del Equipo Regional de Cahucopana
La Corporación Acción Humanitaria por la
Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante la
opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos
gubernamentales y no gubernamentales, las violaciones de los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, expresados en acciones
cometidas por miembros del Ejército Nacional contra dos integrantes de la
Corporación Cahucopana, el día 24 de mayo de 2014, siendo las 4:30 p.m. en la
Vereda Dos Quebradas, jurisdicción del Municipio de Remedios (Antioquia).
Hechos
El día 24 de mayo de 2014 siendo las 4:30 pm
el señor CARLOS ALFREDO PALACIO USUGA,
integrante del Equipo Regional de la Corporación Cahucopana, se dirigía a la
vereda Dos Quebradas, para terminar de coordinar las tareas de logística y
convocatoria del Primer Encuentro Regional de Mujeres del Nordeste Antioqueño
“Por la defensa del territorio y la dignidad”, el cual se realizará el 30 y 31
de mayo del año en curso en dicha vereda, cuando fue interceptado por un grupo
de 15 soldados del Ejército Nacional, quienes no portaban insignias. Uno de
ellos llevaba el rostro cubierto “encapuchado” y con una pañoleta.
Estos sujetos lo retuvieron arbitrariamente
durante 10 minutos, sin entregarle su cédula de ciudadanía, tiempo que
utilizaron para hacerlo arrodillar de manera violenta, forzándole su cabeza
hacia abajo, lo que impidió que pudiera ver la identificación de los mismos;
sin embargo estos soldados portaban toda la indumentaria utilizada por el
ejército nacional.
Posteriormente le hicieron sacar las
pertenencias que llevaba Carlos en su bolso; luego el soldado encapuchado sacó
una pistola, le quitó el seguro y se la puso en la cabeza, continuando con una
serie de preguntas tales como: ¿Quién era él? ¿Para dónde iba? ¿De quién eran
las sudaderas que llevaba en el bolso?
Ante estas preguntas el joven defensor de
derechos humanos respondió que él era miembro de la Corporación Cahucopana, una
organización defensora de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, y que las sudaderas hacen parte del vestuario del Comité de
Jóvenes de la vereda Plaza Nueva (jurisdicción del municipio de Remedios,
Antioquia), a lo cual los militares le respondieron que esas sudaderas no pertenecían
a eso, y que lo iban a asesinar; a la pregunta de para dónde iba, él les
contesto que para donde doña Carmen, que es una honorable campesina de la
región. De inmediato el soldado lo amenazó diciéndole: “Esperamos sea verdad,
si no le va a ir peor”.
Cuando dejaron ir al defensor de derechos
humanos, los militares siguieron su camino y a unos cuantos minutos cinco
soldados sin identificarse, entre los cuales uno de ellos también estaba
encapuchado, retuvo a la joven NOEMÍ
DURANGO PÉREZ, integrante del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la
vereda Dos Quebradas, quien se dirigía a dicha vereda en su caballo.
Momentos después los militares apuntaron sus
armas hacia la humanidad de Noemí, haciéndola bajar del animal, obligándola a
que se arrodillara, se subiera la blusa, se bajara la sudadera y les mostrara
las manos, afirmando por parte de estos soldados que esas no eran manos de una
ama de casa, detallando sus hombros y hostigándola por tenerlos marcados y
tallados, producto de su trabajo y vida en el campo, por lo que le hicieron
quitar las botas mientras le preguntaban por la guerrilla.
Antecedentes
1. La Corporación Acción Humanitaria por la
Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) es una organización
campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia
desde el año 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la
exigibilidad de una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio.
2. Durante los años del 2004 al 2007, Cahucopana
denuncio 16 casos de ejecuciones extrajudiciales cuya responsabilidad, según
los casos documentados, recaen en las unidades militares de los batallones
Batalla de Calibío de la Décima Cuarta Brigada, cuyo comandante para la época
de los hechos, el coronel Wilson Ramírez, es uno de los militares vinculado
dentro de los procesos penales y disciplinarios, por la ocurrencia de estos
hechos.
3. De igual manera sobre esta zona rural del
Nordeste Antioqueño se viene presentado nuevamente el patrullaje de unidades
militares acompañadas de personas encapuchadas en el desarrollo de sus
operaciones, quienes no portan ningún distintivo que los identifique plenamente
como integrantes de la fuerza pública ni la unidad militar a que pertenecen.
4. Desde el mes de abril de 2014 se han desarrollado
diferentes operativos militares direccionados en la región, en los cuales se ha
hostigado a la población civil de manera permanente.
5. En el periodo comprendido entre el 2013 y lo
corrido del año 2014, se han presentado diferentes hechos de bombardeos y
ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea Colombiana sobre
terrenos pertenecientes a los habitantes y campesinos de la región, ocasionando
en muchos de los casos graves daños en bien civil, como lo es la muerte de
animales de diferentes especies, daños en los cultivos de pan coger, los cuales
han sido arrasados en su totalidad por dichos bombardeos, al igual que daños en
las viviendas y pertenencias necesarias para su subsistencia.
Frente a estos
hechos, responsabilizamos
Al Estado colombiano en cabeza del señor Juan
Manuel Santos Calderón, como jefe supremo de las fuerzas armadas y los cuerpos
policiales, por la ausencia de garantías para la protección de la vida,
libertad e integridad personal de los pobladores rurales del Nordeste
Antioqueño, que ha tenido como consecuencia la detención arbitraria, el abuso
de autoridad, el constreñimiento ilegal, además de la violación de las normas
del Derecho Internacional Humanitario, al hostigar y torturar física y
psicológicamente a civiles, con el agravante de que los mismos son líderes
reconocidos en la zona, por su actividad de organización con los sectores
campesinos y la legitima labor de defensores de derechos humanos.
Exigimos:
Primero
A las autoridades del orden nacional como el
Ministerio del Interior, el Programa para los Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional
de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, actuar de manera
inmediata con el fin de que se tomen las medidas necesarias para que se
garantice el absoluto respeto de los derechos a la vida, la integridad personal
y psicológica, el trabajo, la libertad y la permanencia en el territorio de los
pobladores del Nordeste Antioqueño.
Segundo
A las autoridades pertinentes se investigue los
hechos que aquí se mencionan.
Al Ministerio de Defensa Nacional aclaren los
sucesos presentados y se aplique la sanción correspondiente a quienes dieron
las órdenes y las ejecutaron, teniendo en cuenta la infracción al DIH y los
derechos humanos de las comunidades.
Tercero
A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU en Colombia que realice el monitoreo sobre la crítica
situación de derechos humanos en la región, y emita recomendaciones al Estado
colombiano en consecuencia.
A la comunidad
nacional e internacional
Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo
permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las
comunidades de la región debido a la violación de los derechos de los miembros
de la Corporación Cahucopana y comunidades en general.
Notificación
Favor remitir a la siguiente dirección o
correo electrónico los oficios, gestiones e informe de las acciones que
adelanten con base en esta información: carrera 10 no. 15-39, Edificio Unión,
Oficina 507, (Bogotá D.C.) cahucopana@gmail.com, infocahucopana@gmail.com
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