Continúa represión contra
comunidades mineras del nordeste antioqueño
El pasado 2 de marzo de 2017 en las
veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio Remedios en
Antioquia, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en cuatro helicópteros
arribaron miembros del Ejército Nacional, personal del CTI, del Esmad, de la
Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una
operación contra lo que ellos denominan minería ilegal y un “golpe contra las
finanzas del ELN” quienes supuestamente recibirían las comisiones de esta
actividad.
Cabe mencionar que la subregión del
Nordeste antioqueño es una zona en la que están ubicados Remedios y Segovia,
municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes
naturales. También ha sido históricamente una región golpeada por el conflicto
social y armado debido a la disputa por el control territorial, económico,
social y político por parte de los diferentes actores armados -legales e
ilegales- y las empresas con intereses en la exploración y explotación
desconociendo la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde
hace más de 60 años por campesinos colonos.
Es por ello que la mayoría de los
habitantes del nordeste antioqueño tienen como sustento económico la extracción
de oro mediante la minería artesanal y la pequeña minería, sin contar con la
capacidad económica para cumplir con los requisitos necesarios para legalizar
su labor. Estos requisitos se facilitan para las multinacionales, mientras las
normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación
de organizarse para ejercer la minería común.
Es importante también tener en
cuenta que en los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y la
guerrilla de las FARC-EP, el primero se comprometió a dialogar con las
comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar recursos para
los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN).
El Estado justifica estos hechos
como acciones contra la “minería ilegal”, pero están por fuera de lo dialogado
el pasado 22 de febrero con representantes de la alcaldía de Remedios y la
gobernación de Antioquia, cuando se acordó la formalización de la minería en la
región y para ello se pactó un plazo de seis meses. Dicha reunión se suponía
que era con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo de paz,
pero con estas acciones de represión se está violando lo acordado, incumpliendo
con la palabra empeñada por las administraciones municipal y departamental.
Según la información recogida en
terreno, durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de
las comunidades minero-campesinas, los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario. Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente
diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de
tres años, que fueron usados como escudo humano, previniendo un posible ataque
del ELN. En la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro
personas más, quienes fueron conducidas a Bucaramanga y privadas de su libertad.
Así mismo fueron destruidos e
incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y
enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales
necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo
y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos,
unidades de la Policía y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente
las viviendas de campesinos y mineros artesanales robando herramientas de
trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas y
otros bienes; fueron afectadas 70 familias aproximadamente. Se desconoce el
acta del allanamiento y por lo tanto dicha conducta reincidente se constituye
como hurto por parte de los funcionarios y servidores que hicieron parte del
operativo.
Frente a los hechos, delegados de
las juntas de acción comunal de las veredas en mención, del Comité Territorial
de Paz y Acompañamiento Humanitario, de la Asociación Campesina del Valle del
Río Cimitarra (ACVC) y de la Corporación Cahucopana llegaron a la finca en
cuestión para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores
y a manifestar los actos violatorios en los que estaban incurriendo las
autoridades. Con estas acciones se alerta a las otras comunidades del país,
especialmente en las que se enfatizaron los acuerdos de paz, por la falta de
diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer
efectiva la implementación de los mismos.
Mientras los mineros artesanales en
vía de formalización se esfuerzan para que la explotación sea más ecoamigable,
pague impuestos y los recursos se queden en el país; son calificados como
ilegales y se violentan sus derechos. De igual manera los territorios de
mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales
para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está
en la formalización sino que el interés del Estado es expulsar a estos
trabajadores de su territorio para así permitir la entrada de las
trasnacionales.
Por lo anterior, es clara la
contradicción entre lo que dicen los acuerdos de paz y los intereses de ciertos
funcionarios a favor de las trasnacionales. Esa contradicción debe conducir a
que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del
Acuerdo Final (CSIVI), revise esta situación y tome las medidas para que el
Estado, como responsable de la implementación de los acuerdos, permita que los
mineros artesanales se formalicen y sean protegidos de la voracidad del gran
capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos
una “normatividad transitoria”.
El Comité Territorial de Paz y
acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño exige al Estado:
1. La libertad inmediata de los mineros
que están siendo judicializados;
2. La protección y garantía de los derechos humanos para toda la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería;
3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio;
4. La sanción a los funcionarios que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función;
5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, y entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional expresadas en el apoyo, acompañamiento y facilidades para la formalización de la minería;
6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.
Se exige además a la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final
(CSIVI):
1. Revisar la situación presentada,
como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad
transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los
territorios donde se implementarán más enfáticamente los acuerdos de paz.
2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones que permita la participación de quienes ejercen la minería en municipios en los que la economía se basa en esta actividad, y que haga seguimiento a este tipo de hechos que vulneran los derechos de las comunidades y que atentan contra el acuerdo.
Comité Territorial de Paz y
acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño Remedios-Segovia
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