Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño

Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño

El pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio Remedios en Antioquia, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en cuatro helicópteros arribaron miembros del Ejército Nacional, personal del CTI, del Esmad, de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominan minería ilegal y un “golpe contra las finanzas del ELN” quienes supuestamente recibirían las comisiones de esta actividad.

Cabe mencionar que la subregión del Nordeste antioqueño es una zona en la que están ubicados Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales. También ha sido históricamente una región golpeada por el conflicto social y armado debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por parte de los diferentes actores armados -legales e ilegales- y las empresas con intereses en la exploración y explotación desconociendo la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años por campesinos colonos.

Es por ello que la mayoría de los habitantes del nordeste antioqueño tienen como sustento económico la extracción de oro mediante la minería artesanal y la pequeña minería, sin contar con la capacidad económica para cumplir con los requisitos necesarios para legalizar su labor. Estos requisitos se facilitan para las multinacionales, mientras las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el primero se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

El Estado justifica estos hechos como acciones contra la “minería ilegal”, pero están por fuera de lo dialogado el pasado 22 de febrero con representantes de la alcaldía de Remedios y la gobernación de Antioquia, cuando se acordó la formalización de la minería en la región y para ello se pactó un plazo de seis meses. Dicha reunión se suponía que era con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, pero con estas acciones de represión se está violando lo acordado, incumpliendo con la palabra empeñada por las administraciones municipal y departamental.

Según la información recogida en terreno, durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero-campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de tres años, que fueron usados como escudo humano, previniendo un posible ataque del ELN. En la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas más, quienes fueron conducidas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales robando herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas y otros bienes; fueron afectadas 70 familias aproximadamente. Se desconoce el acta del allanamiento y por lo tanto dicha conducta reincidente se constituye como hurto por parte de los funcionarios y servidores que hicieron parte del operativo.

Frente a los hechos, delegados de las juntas de acción comunal de las veredas en mención, del Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y de la Corporación Cahucopana llegaron a la finca en cuestión para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestar los actos violatorios en los que estaban incurriendo las autoridades. Con estas acciones se alerta a las otras comunidades del país, especialmente en las que se enfatizaron los acuerdos de paz, por la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras los mineros artesanales en vía de formalización se esfuerzan para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en el país; son calificados como ilegales y se violentan sus derechos. De igual manera los territorios de mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización sino que el interés del Estado es expulsar a estos trabajadores de su territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es clara la contradicción entre lo que dicen los acuerdos de paz y los intereses de ciertos funcionarios a favor de las trasnacionales. Esa contradicción debe conducir a que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), revise esta situación y tome las medidas para que el Estado, como responsable de la implementación de los acuerdos, permita que los mineros artesanales se formalicen y sean protegidos de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una “normatividad transitoria”.

El Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño exige al Estado:

1.     La libertad inmediata de los mineros que están siendo judicializados; 

2. La protección y garantía de los derechos humanos para toda la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería; 

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio; 

4. La sanción a los funcionarios que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función; 

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, y entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional expresadas en el apoyo, acompañamiento y facilidades para la formalización de la minería; 

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Se exige además a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI):

1.     Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementarán más enfáticamente los acuerdos de paz. 

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones que permita la participación de quienes ejercen la minería en municipios en los que la economía se basa en esta actividad, y que haga seguimiento a este tipo de hechos que vulneran los derechos de las comunidades y que atentan contra el acuerdo.

Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño Remedios-Segovia