Los campesinos mineros de Segovia y Remedios entre la avanzada paramilitar y la "paz total"
Por: Periferia
500 campesinos y mineros de 10 veredas organizaron un
campamento humanitario para preservar su vida y decirle al país que temen ser
presa de los actores armados que a sangre y fuego quieren adueñarse de su
territorio. A la vereda El Carmen, levantada en las profundidades rurales de
Remedios, nordeste de Antioquia, la administración municipal envió un grupo
musical que entonó música decembrina, una brigada médica, y dos funcionarias de
tercer rango, cuyas palabras, triviales y perezosas, fueron evaporadas por la
resolana segundos después de pronunciadas. La comisión institucional llegó a la
media mañana del cuarto día de la acción humanitaria; afanados, desertaron
después del almuerzo.
En la puerta de la cantina campesina donde sonó la
agrupación, hay un papel pegado. Es un comunicado de la dirección del Frente 4
de las FARC-EP, con fecha del 26 de marzo de 2022, el cual les prohíbe a los
dueños de cantinas y establecimientos abiertos al público “venderle cualquier
tipo de bebida embriagante a los guerrilleros, guerrilleras, milicianos,
milicianas o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de
Colombia”. Quien incumpla la orden “por primera vez” deberá pagar una multa de
un millón de pesos; si se reitera el desacato, “se le serrara el
establecimiento por tiempo indefinido. La medida se toma con el objeto de
recibir el apoyo de las comunidades en la superación de los errores, fallas y
desordenes cometidos por integrantes de nuestra organización en medio de las
borracheras, queremos evitar un mal mayor (…) pedimos a las comunidades nos entiendan
y apoyen en el ejercicio de ser veedores del comportamiento de las FARC-EP en
el territorio (…) La presente medida rige a partir de la fecha y por tiempo indefinido,
o hasta nueva orden”.
A unos metros, el poste de la luz está marcado con las letras
y los colores del ELN. Y en Cañaveral, ubicado a una hora y media de aquí, gran
parte del caserío está marcado con pintas de las AGC, que intentaron ser
tachadas con pintas del ELN. En estos confines rurales, la guerra también es
semántica.
Remedios y Segovia hacen parte del llamado “anillo dorado” de
Antioquia. El oro, explotado a pequeña, mediana y gran escala, es igual o más
importante que Dios en estos municipios. El subsuelo tiene reservas para todos,
pero a veces la abundancia multiplica la codicia.
La misma ansia que sienten sus habitantes por encontrar un
castellano de oro, la sienten los grupos armados que quieren imponer su ley y
arrebatar parte de las millonarias rentas que deja la exuberancia del metal
precioso. Mensualmente los actores pueden recaudar hasta cinco mil millones en
vacunas y extorsiones. Además, tal como lo explica Yesid Zapata, defensor de
derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz., la zona cuenta con
extensos corredores montañosos que la comunica con el Magdalena Medio, el Bajo
Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, y el Nudo del Paramillo, núcleos
indispensables para la ilegalidad. “También es un territorio muy grande. Al no
existir presencia y control del Estado, permite el movimiento de grandes
ejércitos no estatales”.
La vasta ruralidad de Remedios y Segovia fue controlada por
las FARC-EP hasta que firmaron su desmovilización en 2016. El ELN también hizo
las veces de autoridad, y de momento opera de manera coordinada con las
disidencias farianas para impedir que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC) les arrebaten el control. Cada región tiene sus variables diferenciales,
pero la situación de estos dos municipios son otro ejemplo del patrón nacional:
la retirada de las antiguas FARC-EP silenció unos fusiles y amplificó el ruido
de otros.
“A partir del Acuerdo de Paz se generó ese vacío de poder en
las comunidades. El Estado se dedicó al apogeo que hubo en torno a los
excombatientes. No tomó acciones para asegurar estas comunidades, sino que las
dejó a la deriva militar e institucional.
Invirtió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de
los desmovilizados [que está a una hora de El Carmen] pero nada más, aun
sabiendo que quedaron víctimas, victimarios, y personas sin reparar”, asegura
Edwin Bonilla*, integrante del Comité de Derechos Humanos de una de las veredas
que componen el corregimiento Carrizal.
Durante décadas, agrega Edwin, la zozobra aparece de manera
espontánea por estas veredas. En diciembre del 2021, a escasos 20 minutos de la
cabecera municipal de Segovia, paramilitares armados y uniformados de las AGC
instalaron un retén entre Buenos Aires y El Diamante, dos sectores que son de
transito obligado para llegar hasta El Carmen. Detuvieron a quienes transitaban
por allí, revisaron y hurtaron celulares, robaron dinero y extorsionaron
conductores de chivas y camiones. Los controles ilegales en esa vía se
intensificaron con el pasar de los meses, y se instaló otro en la carretera que
conecta la vereda Lejanías con la zona urbana de Remedios, pese a que en una
vereda cercana al punto del retén hay una base militar.
Hace un mes, entre el 5 y el 7 de julio de 2022, el ELN y las
disidencias de las FARC-EP se enfrentaron con las AGC en la vereda La Ratonera
de Remedios. La confrontación paralizó la movilización por la vía que conduce
de Lejanías al centro urbano del municipio, además provocó el desplazamiento
interno de los habitantes de La Ratonera y las veredas Santa Martha y el Puná.
El 7 de julio de 2022, un joven de 19 años llegó al hospital de Remedios herido
de bala en uno de sus glúteos. Por no acceder a sus peticiones, miembros del
ELN lo hirieron y le quemaron su casa en El Osito, sector cercano a la vereda
El Puná. En medio de los combates también resultaron asesinados dos hombres
ecuatorianos, quienes fueron reportados como desaparecidos y luego aparecieron
desmembrados, al parecer por integrantes de las AGC.
Una persona de la zona afirma que un mes después, las
autoridades no han levantado los cadáveres de aproximadamente 18 personas que
murieron en los enfrentamientos. Los cuerpos, rumoran los habitantes, están en
estado de descomposición, algunos incluso roídos por los marranos. Los
paramilitares de las AGC prohibieron la entrada del CTI al territorio o
cualquier comisión de búsqueda organizada por los pobladores. A la insistencia
de las comunidades, tanto el Ejército como la administración municipal han
respondido que no pueden recuperar los cuerpos hasta que los habitantes no les
entreguen las coordenadas del lugar dónde se encuentran.
Según Yesid Zapata, la desidia estatal con estos territorios
es tal que son los campesinos y campesinas quienes deben levantar y movilizar
los cuerpos cuando ocurre un homicidio: “El abandono al cual tiene sometido el
Estado colombiano a estas comunidades es un abandono que, a nuestro modo de
ver, es un crimen contra la población. Muchas comunidades no tienen puesto de
salud o tiene que ir a sitios muy lejanos. A pesar de ser zonas mineras también
se ve mucha pobreza, mucha miseria, mucha desigualdad social. Nos preocupa la
situación de los jóvenes, porque son presa fácil para la instrumentalización y para
otras cosas que no tienen que ver con los proyectos de vida comunitaria”.
La Fundación Sumapaz en una alerta publicada el 11 de febrero
de 2022 advirtió y previó la crisis humanitaria que viven las veredas que
componen el corregimiento Carrizal. En la Alerta Temprana 052 de 2018, la
Defensoría del Pueblo también planteó que otros grupos armados iban a intentar
asentarse en estos territorios después del Acuerdo de Paz, así sucedió. Para el
defensor de derechos humanos “existe una omisión y una responsabilidad del
Estado con lo que está sucediendo en estas veredas”.
Las consecuencias humanas de la disputa territorial han
escalado de un tiempo para acá, así como las estrategias para conquistar el
territorio. El cuarto día del refugio humanitario, desde el casco urbano de
Segovia llegó a El Carmen el registro fílmico que mostraba cómo integrantes de
las AGC torturaban y decapitaban un joven por vender estupefacientes para un
grupo enemigo. Aunque no lo hacen con la misma sevicia, uno de los
entrevistados cuenta que en sus zonas de dominio el ELN ajusticia personas que
cometen violaciones, hurtos o expenden estupefacientes. Para Zapata los
crímenes macabros como los de las AGC son “una demostración de poder, una
demostración de que pueden hacer lo que quieran, y que no hay nadie en el
Estado que lo pueda impedir. Demuestra una degradación completa del grupo,
demuestra cómo son capaces de hacer lo que sea con tal del control
territorial”.
A pesar de que en otros departamentos y otros municipios de
Antioquia se presenten como Clan del Golfo, Clan Úsuga, o Caparrapos, el
experto defensor de derechos humanos plantea que son disfraces distractores
utilizados por las AGC. En su consideración, las AGC son el grupo armado más
poderoso que hay en Colombia, poderío que quedó demostrado con el paro armado
decretado en aproximadamente 90 municipios de 11 departamentos en el mes de
mayo. Según la fundación Sumapaz, las AGC hacen presencia en 116 de los 125 municipios
que tiene Antioquia.
Las personas entrevistadas coinciden en que el gobierno
saliente es responsable de tal expansión paramilitar, al no apostarle al
cumplimiento de los Acuerdo de Paz —que en el punto 3 planteaba el
desmantelamiento del paramilitarismo—, permitió el recrudecimiento de la
violencia en zonas que se esperanzaron con librarse de ella. “Hay una frase de
Jesús Abad Colorado que me gusta mucho: “el ruido de las armas no nos deja
escuchar el ruido de la corrupción”. Tal vez por eso necesitan un país cada vez
más caótico, en confrontación, donde todos los días estén desplazando,
amenazando y asesinando la gente para poder seguir vendiendo humo mientras se
roban el país”, afirma el defensor de derechos humanos.
Mientras que Víctor Vega, secretario de la junta directiva de
la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de
Antioquia (CAHUCOPANA), plantea que “cualquier actor armado lo que requiere es
finanzas, pero también requiere complicidad. Aunque una estructura puede tener
el control y puede ser numerosa, nunca vas a ser más poderosa que las fuerzas
constitucionales, tampoco se puede comparar con la inteligencia que puedan
llevar a cabo”.
Los planteamientos del directivo de CAHUCOPANA no son
infundados, en agosto de 2021, Didier Osorio, alcalde de Segovia, denunció que
algunos policías del municipio estarían colaborando con las AGC. El funcionario
pidió además que la institución investigara y retirara a los implicados.
El manto de sospecha cubre a la fuerza pública y también a
grandes empresas como la Gran Colombia Gold, empresa que las 24 horas de los
365 días del año explota oro a gran escala en “un área aproximada de 9.000
hectáreas”. A pesar de que en 2019 reportó un récord de 240.000 onzas extraídas
en Segovia y Remedios, las aspiraciones productivas y expansionistas de la
compañía no merman. Sobre la complicidad que puede existir entre la Gran
Colombia Gold y la violencia que sufre la región, Yesid Zapata manifiesta que
“las autoridades son las encargadas de establecer esa posible relación. Pero
hay una responsabilidad de las empresas multinacionales puesto que no les
resulta incómodo. Si las violaciones a los derechos humanos se siguen
recrudeciendo, a esas grandes empresas debería dolerles lo que sucede en las
territorialidades. Al no existir esa dolencia, uno podría decir que están de
acuerdo con que a los campesinos se les sigan oprimiendo a partir de las
armas”.
—¿Si en estas veredas no hubiera oro, no habría grupos armados?
—le pregunto a Víctor.
—Si hubiera otra fuente de riqueza que no fuera la minería,
igual estarían aquí —responde él.
Con su forma de operar y su deseo expansionista en esta y
otras regiones del departamento y del país, las AGC pretende enviar mensajes de
poderío al nuevo gobierno. “Las dinámicas del conflicto nos han enseñado que
cuando hay un actor posicionado y es desplazado por otro actor, el nuevo grupo
que incursiona va a imponer toda su autoridad y van a haber señalamientos y más
muertes —asegura Víctor Vega—. No es un discurso de apología a nadie. La
comunidad quiere vivir tranquila. No quiere un conflicto, ni quiere que los
actores involucren a la comunidad”.
Las cifras de la guerra indican que sus principales víctimas
son los civiles que nada tiene que ver con ella. Ese precedente es el que
preocupa a Edwin Bonilla: “Lo más delicado es que tenemos actores armados
viviendo en los mismos caseríos, conviviendo con las mismas comunidades, a
pesar de que a ellas no les guste. Eso genera mucha preocupación porque no se
sabe en que momento llega una arremetida militar o paramilitar, y pueda quedar
la comunidad en medio. Quizás vengan con intenciones de erradicar las
guerrillas y no se fijen quiénes hacen parte de ellas, sino que cataloguen a
toda la comunidad como parte de las estructuras. Puede que se recrudezcan las
masacres para ganar algo de poder. Para los de esta región cualquier sonido,
cualquier ruido, cualquier vehículo después de las 7 de la noche es básicamente
una amenaza, porque uno no sabe si es gente de las mismas comunidades o si es
un vehículo que viene desde otros lugares con gente armada. Ya nos pasó una
vez, se nos metieron unos armados a la zona, y aunque hubo un tiroteo en el
caserío, gracias a Dios no pasó a mayores”.
CAHUCOPANA nació como organización social después de un refugio
humanitario. Eladio Morales me explica que “los campamentos de refugio
humanitario son un mecanismo de protección y autoprotección que nos ideamos las
comunidades campesinas y mineras. Nos permite visibilizar las violaciones de
derechos humanos que se están presentando en la región. Nos permite evitar el
desplazamiento de nuestros campesinos, y recoger las propuestas y dolencias
para presentárselos a los diferentes entes del Estado”.
La Unidad de Victimas reconoció a CAHUCOPANA como sujeto de
reparación colectiva por las afectaciones causadas por el conflicto armado.
Hasta ahora el Estado ha sido “negligente y lento” en el cumplimiento del plan
integral de reparación colectiva.
Según Eladio, con los refugios humanitarios de hace 20 años
el campesinado minero del nordeste buscaba “protegerse de la persecución
militar, y el bloqueo económico y humano que los gobiernos paraestatales
emplearon para esta región. También estuvieron marcados por la supuesta
seguridad democrática del Estado colombiano. Por los mal llamados falsos
positivos, que en realidad fueron positivos asesinatos contra la población
campesina. Ahora son otros momentos, otros tiempos, pero la violencia hacia la
región no ha cesado. El mayor pecado que tiene nuestra población es haber
colonizado unas regiones ricas en todo”.
Cada que se lo propone, la violencia se reviste y vuelve con
la misma crueldad a las zonas rurales del nordeste. La “paz total” que propone
el nuevo gobierno de Gustavo Petro abre un nuevo ciclo de expectativas y
esquivas esperanzas. A Víctor Vega la propuesta le despierta más preguntas que
certezas: ¿los llamados diálogos regionales significan treguas y negociaciones
particulares con la población y los comandos federales del ELN? ¿Con quién han
de negociar primer, con el ELN o con los paramilitares? Si las negociaciones no
se hacen a la par con todos los grupos, ¿los grupos que permanezcan se
apoderarán de los territorios que dominaba el grupo que se encuentre
negociando? Las AGC y las disidencias de las FARC son producto de dos procesos
de paz fallidos, ¿se apostará por una nueva desmovilización negociada, o se les
obligará militarmente a que se sometan a la justicia? ¿El nuevo gobierno dará
un carácter político a los grupos paramilitares y a los farianos disidentes?
Cualquier intento de una paz dialogada, dice Yesid Zapata,
recibirá una respuesta favorables de las comunidades. Sin embargo, advierte que
“hay otros intereses: carteles mexicanos de droga, intereses de ejércitos
privados y particulares que podrían engrosar o reconfigurar en otras formas de
poder. Eso se evita cuando hay un estado fuerte, que investiga, que sanciona,
que está en la lucha contra la impunidad, que defiende a los defensores de
derechos humanos. Es el estado que queremos, el Estado que debería de ser, con
una Fiscalía fuerte, una Fuerza Pública depurada, una institucionalidad que
este llegando de manera integral, no solamente ejerciendo la soberanía
territorial, sino también reivindicando los derechos de estas comunidades
abandonadas”.
Las nuestras son guerras simples con consecuencias complejas.
Los grupos armados ya no son, necesariamente, ejércitos de hombres camuflados.
Son como un espíritu que está ahí, aunque no lo puedas ver. Un monstruo con
miles de ojos. Un monstruo que trata de ser omnipresente marcando su territorio
con cuerpos desmembrados, o trazos en los ranchos de tablas, en los postes, y
en las fachadas de las casas de material.
“Puede que [la paz total] se implemente muy fácil en las
ciudades y en los pueblos, pero acá en el territorio es muy complicado porque
nunca se ha intentado rellenar el tejido social”. La respuesta de Edwin
comprueba que el trayecto hacia la paz es tan sinuoso, pantanoso y enmontado
como la carretera por la que se llega hasta El Carmen.
(Nota al pie: la misma noche que fue terminado este texto,
CAHUCOPANA denunció “que aproximadamente a las 9:50 de la noche, hombres
encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Luis Alberto
Leudo, quien se encontraba en su lugar de residencia. Luis Alberto, era un
reconocido joven de 23 años, que nació y creció en el corregimiento de
Carrizal, actualmente se desempeñaba como minero”. ¿Cuántos muertos —más— nos
va costar "la paz total"?)
