De víctimas a pastorcitos mentirosos
Las
acciones violentas contra la población civil, en el marco del conflicto armado,
que por años hemos tenido que padecer las comunidades que habitamos las zonas
rurales de los municipios de Antioquia, nos llevó a organizarnos para resistir
en nuestro territorio al desplazamiento y así buscar alternativas para
salvaguardar nuestras vidas y tratar de visibilizar lo que ocurre en estos
lugares olvidados del país. Sin embargo, ahora la misma institucionalidad, en
cabeza del gobernador de Antioquia Luis Pérez, nos tilda de mentirosos frente
las denuncias hechas por la presencia de grupos paramilitares, que él denomina
bandas criminales.
El
Gobernador aseveró en entrevista concedida a Blue Radio: “Yo creo que
tenemos que quitar esa palabra de paramilitares, son bandas criminales y
estamos pendientes que algunos han estado en municipios de Antioquia, lugares
donde abandonaron las Farc y otros donde no había Farc. Están tratando de hacer
terrorismo porque no están apareciendo bandas sino que están apareciendo
pinturas. Nos dio mucha risa porque algunos decían que iban a ver la caligrafía
a las pinturas, suponemos que es algún muchacho que contratan en algún
municipio o corregimiento para que haga unas letras y salgan corriendo”.
Frente
a estas declaraciones, le solicitamos al señor Pérez tener mayor precisión en
sus afirmaciones, ya que en asuntos tan delicados como la presencia de grupos
paramilitares surgidos de la “desmovilización” de las AUC, en varios municipios
antioqueños, no se puede partir de creencias propias y subjetivas, y mucho
menos de suposiciones, desconociendo la verdad histórica contada desde quienes
hemos padecido el rigor de la guerra y somos víctimas directas de ese grupo,
además sin que se adelanten las respectivas investigaciones por parte del ente
investigador, esto es, la Fiscalía General de la Nación. Las organizaciones
sociales y la comunidad campesina concebimos dicha declaración como
irresponsable e infundada, generando un mayor riesgo para las comunidades
campesinas del departamento.
Es
importante resaltar que el informe N° 010-17 A.I., emitido el pasado 30 de
marzo del año en curso, por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría
del Pueblo reconoce que los líderes sociales y defensores/as de derechos
humanos son una población en especial situación de riesgo. A partir de una
análisis de contexto en el cual se afirma que “Colombia vive en la
actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control
ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios”,
recomposición que puede ser explicada a partir del proceso de concentración y
tránsito a la vida civil de las FARC-EP. Es así como la disputa se da en el
marco del control territorial y de las economías ilegales, donde son los
voceros comunitarios, defensores y representantes de víctimas y otras
poblaciones vulnerables quienes se encuentran en riesgo, “no solo en
cuanto a represalias y ataques por las denuncias que interponen o por la
reivindicación de derechos comunitarios, sino que este riesgo aumenta al no
contar con un marco de protección y garantías legales e institucionales que
disuadan a quienes conspiran para agredirlos”; y es precisamente a partir de la
supuesta desmovilización de grupos paramilitares que se intensificó la ola
ofensiva en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales a raíz
de la constitución de grupos armados derivados de los grupos desmovilizados,
quienes hasta la actualidad cuentan con presencia en distintas regiones del
país.
En
la misma declaración, el gobernador dijo: “Le pedimos a las comunidades
que no hagan denuncias infundadas porque de pronto les pasa lo del pastorcito
mentiroso, que cuando realmente si sea grave la situación de pronto no se vaya
con la premura que se requiera”.
Con
respecto a esto nos parece una falta de respeto tildar de mentirosos a una
comunidad que ha tenido que sufrir el abandono estatal y la crudeza del
conflicto. Las comunidades siempre hemos tenido que enfrentar estos grupos por
medio de la organización comunitaria ante la ausencia institucional, teniendo
como herramienta la interlocución con los armados y la denuncia, nuestras
únicas armas para enfrentar la quema de nuestros caseríos, los asesinatos de
nuestros líderes, las desapariciones de nuestros jóvenes y las masacres de
nuestras comunidades. Esto no ha sido suficiente para poder identificar a
quienes quieren seguir haciéndonos daño, ya que además de la denuncia, el
Estado pretende trasladarnos la responsabilidad de la prueba y las
investigaciones. Además de esto el gobernador ¿pretende que guardemos silencio
mientras estos sujetos ocupan nuestros territorios?
Señor
Luis Pérez: le recordamos su obligación constitucional y legal que tiene como
gobernador de Antioquia y las demás instituciones estatales con relación al
desmonte efectivo del paramilitarismo, dando cumplimiento al el Decreto Ley
898, Título I, capítulos I, II, III y IV del 29 de mayo de 2017, además de
la obligación de seguridad y salvaguarda de la vida y la integridad física de
los ciudadanos por parte del Estado y de sus instituciones. Es por ello que si
las comunidades sufren menoscabos a sus derechos, será el Estado el principal
responsable en su posición de garante y en consideración al monopolio de las
armas.
Finalmente, de la
manera más amable y atenta se le pide al Gobierno Departamental de Antioquia
que no trate de invisibilizar un fenómeno tan latente y actual como la
recomposición de las estructuras paramilitares en la región, quienes buscan
ejercer un control territorial y social a partir de la salida de la insurgencia
de las FARC-EP, quienes en la actualidad dan su paso a la vida civil y
política.