Detención arbitraria de miembro de la junta directiva de Cahucopana

Denuncia pública

Detención arbitraria de miembro de la junta directiva de Cahucopana 

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño-CAHUCOPANA denuncia a la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, la sistemática persecución y  detención del  líder Carlos Morales integrante de la Junta Directiva de la Corporación. 

Antecedentes

1.     El día 20 de febrero de 2014 a las 9:00 pm, en la vía que de la ciudad de Medellín conduce al Municipio de Remedios (Antioquia), a la altura del Municipio de Copacabana, Autopista Norte,  fue retenido  por agentes de la Policía Nacional el dirigente campesino CARLOS ARTURO MORALES MAYORGA quien se movilizaba acompañando por el esquema de seguridad  asignado por la Unidad Nacional de Protección. El escolta señor JUAN GUILLERMO ROJO, e igualmente lo acompañaba el señor MELKIN CASTRILLON, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC.

Todos en el esquema se identificaron como es debido con sus respectivos documentos de identidad, ante la solicitud hecha por los agentes de policía, y pese a esta identificación fueron trasladados por los agentes a la estación de policía de Copacabana, departamento de Antioquia, bajo la presión ejercida por los agentes donde fueron recibidos y atendidos por el teniente ALEXANDER SAA HERRERA, a quien también se le identificaron.  Este al darse cuenta de          quienes eran, alzó la voz y comenzó a tratarlos mal, pues palabras más,     palabras menos, les dijo “esos hijueputas se creen intocables”.

2.   El día lunes 24 de marzo de 2014, en el Municipio de Yondó – Antioquia siendo las 4:00 p.m, en un puesto de control instalado por la Policía Nacional, el agente de policía, patrullero GIOVANNI AMAYA CRUZ, solicito los documentos de los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, esquema de seguridad que le fue entregado a CARLOS MORALES, en calidad de coordinador y representante legal de CAHUCOPANA. Los escoltas accedieron a la entrega de los documentos y se identificaron como escoltas de la Unidad Nacional de Protección, a lo cual el señor AMAYA CRUZ manifestó desconocer este programa del Gobierno Nacional.

Hechos

1.  El día 16 de junio de 2015 a las 10:50 a.m. en el recorrido entre el municipio de Remedios, hacia a la ciudad de Medellín, en el puesto de control instalado por la Policía de carreteras ubicado en el Pescadito, municipio de Barbosa – Antioquia,  fue detenido el automóvil en el que se desplazaba el líder campesino Carlos Morales junto con su esquema de seguridad, integrado por los señores JUAN GUILLERMO ROJO y LUIS ALBERTO PALOMINO, después de su identificación y ante el desconocimiento del programa fueron trasladados hasta la estación de policía del corregimiento El Porce, donde bajo órdenes del intendente REINEL RENDON con placa N° 091354 fue requisado el vehículo procediendo a hacer registro fotográfico y de vídeo de los ocupantes y de las cédulas de ciudadanía. Fueron detenidos durante un promedio de dos horas.

Dicho procedimiento se realizó sin ninguna orden judicial o legal que fuese presentada por los uniformados.

Posterior a la requisa detuvieron los documentos de identificación y exigieron firmar documentos los cuales no fueron firmados por Carlos Morales pero si por los escoltas.  

Pronunciamiento

CAHUCOPANA rechaza los hechos de persecución ilegal, hostigamiento y asedio por parte de la fuerza pública en contra de nuestro proceso organizativo, y dirigentes campesinos, comunidades y habitantes de la región del Nordeste Antioqueño, más aun cuando se le otorga un servicio de protección a los líderes y los mismos miembros del Estado estigmatizan y vulneran los derechos sus ocupantes revictimizando al protegido.

EXIGIMOS

-       AL GOBIERNO NACIONAL, su inmediato pronunciamiento frente a este hecho y en igual sentido la pronta respuesta por parte del intendente REINEL RENDON, por el hostigamiento y detención arbitraria de que fueron víctimas los señores CARLOS MORALES al igual que los escoltas asignados por la unidad Nacional de Protección,  señores JUAN GUILLERMO ROJO y LUIS ALBERTO PALOMINO.

-       AL MINISTRO DE DEFENSA: Que se pronuncie frente a este hecho tan grave en la que resulto víctima un líder campesino quien en forma constitucional y legal desarrollan su trabajo en una parte del territorio nacional, como es el caso del Nordeste Antioqueño.

   

-  A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN: Que mediante sus delegados en el Departamento de Antioquia, preste especial atención y haga el respectivo seguimiento a la denuncia disciplinaria que se formulará en contra de los miembros de Policía que se encontraban en el lugar de los hechos.

-  A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN: Que eleve queja formal a la Policía del Departamento de Antioquia, por el comportamiento desplegado por intendente REINEL RENDON, junto a los miembros de la Policía Nacional  adscrito a la Estación de Policía de Porce - Antioquia, en hechos ocurridos el día 16 de junio de 2015 a las 11:50 a.m.

SOLICITAMOS

-         A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS: Que se haga una réplica de esta denuncia, a todas las organizaciones defensoras de derechos, pues esta situación de hostigamiento y persecución se repetirá, pero en la medida que mantengamos sistematizada la información y una verdadera red de apoyo evitaremos que los mismos se repitan.

  

-       A LAS ORGANIZACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL: solicitarles que hagan llamado al Gobierno Nacional, al ministro de defensa y a la Procuraduría su pronunciamiento, por este hecho tan grave de persecución y hostigamiento, en donde resultaron víctimas los líderes CARLOS MORALES y los escoltas JUAN GUILLERMO ROJO y LUIS ALBERTO PALOMINO adscritos a la Unidad Nacional de Protección.

Anexo: 

  

Acción Urgente por panfletos intimidatorios

ACCIÓN URGENTE PANFLETOS INTIMIDATORIOS EN SEGOVIA

Declaración política emanada del Tribunal Permanente por la Paz

Declaración política por la Paz y la vida en la región del Nordeste Antioqueño 

Foto: Agencia Prensa Rural

Carácter del Tribunal Permanente por la paz  y la vida

El Tribunal Permanente por la Paz y la vida de la región del Nordeste Antioqueño, es un escenario constituido por la comunidades, organizaciones sociales y políticas,  con el objetivo de visibilizar y difundir las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario que persisten y que no han tenido respuesta por parte del Estado colombiano, lo que tiene como consecuencia la reiteración de hechos violentos  por parte de los  grupos armados legales e ilegales. Mientras la situación humanitaria se agudiza, se mantiene y se profundiza la impunidad. El Tribunal Permanente se convierte en un mecanismo  para orientar las acciones políticas,  para la  salvaguarda de  la vida, el respeto y la legitimidad de los pobladores que continúan  en la lucha por  la tenencia de la tierra y  la permanencia en el territorio.

El Tribunal Permanente  tendrá una proyección más allá de lo regional; por  lo cual se trabajará en la articulación con otros procesos organizativos  nacionales e internacionales, en aras  de alcanzar a dar vida a la constitución de un tribunal permanente Latinoamericano.

Acciones del Tribunal Permanente por la Paz

Frente a la agudización de los hechos violentos que se han presentado en la región del Nordeste Antioqueño, especialmente en los municipios de Remedios y Segovia, las comunidades campesinas, mineras e indígenas reunidas los días 30 y 31, de mayo, 1, 2 y 3 de junio de 2015, en la vereda Panamá 9, recogiendo las propuestas hechas  en el ENCUENTRO TERRITORIAL POR LA PAZ, realizado el día 28 de mayo del año en curso en el Municipio de Remedios y en respuesta a la falta de voluntad política del gobierno nacional para la declaratoria del Cese Bilateral de la Confrontación Armada, elemento fundamental para el desescalamiento del conflicto, y el avance hacia la construcción de una Paz con justicia social gestada desde los territorios, determinamos llevar a cabo acciones en torno al fortalecimiento organizativo, la movilización social y acciones de protección y autoprotección.

Todas las labores tanto políticas y planes organizativos que emane el Tribunal Permanente, se darán a conocer con el fin de que estas se conviertan  en el ultimátum para los  gobiernos departamentales y nacionales  frente  a la falta de atención a las exigencias  y denuncias  hechas por las comunidades respecto a  la grave crisis humanitaria  y  a los acuerdos incumplidos desde el 2013 en el marco del Paro Nacional Agrario, étnico, minero y popular.

Suscriben esta sesión de  declaratoria  de Tribunal Permanente  las comunidades de las veredas de: Carrizal, Panamá 9, Cancha Manila, comités mineros de Mina Nueva  y Mina San Pacho- Junta de Acción Comunal vereda Panamá 9, Equipos de Acción Humanitaria, Comités de Derechos Humanos de Mina Nueva.  Las organizaciones sociales: Corporación  Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño- CAHUCOPANA, Asociación campesina del Valle del Rio Cimitarra,  ACVC - Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos- CREDHOS,  Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas –ANZORC, Escuela Popular Sandra Rondón Pinto, Fundación Manduco,  Colectivo Conciencia Crítica y Agencia prensa Rural.

1 junio de 2015, vereda Panamá 9, Municipio de Remedios - Antioquia.

Informe comisión de verificación a la vereda Panamá 9 posterior a bombardeos

Informe Comisión de verificación vereda Panamá 9-Mina Nueva

Delegación internacional intercambia experiencias

Delegación internacional intercambia experiencias con campesinos del Nordeste Antioqueño

Foto de archivo Cahucopana

Con el fin de visibilizar la situación de derechos humanos de la región del Nordeste Antioqueño y la necesidad de buscar acompañamiento y seguimiento a la crisis humanitaria, se desarrolla en la vereda Puerto Nuevo Ité del municipio de Remedios- Antioquia-  un intercambio de experiencias con delegaciones internacionales defensoras de derechos humanos de Canadá y  Estados Unidos, junto con las comunidades campesinas de la zona. Jornada que inicio el 4 de junio e irá hasta el 6 del mismo mes.

Los últimos hechos en materia de vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, dejaron en medio de la guerra a las comunidades de los municipios de Remedios y Segovia, quienes se vieron en la obligación de tomar medidas para que los campesinos, mineros e indígenas no abandonen su territorio y salvaguardar  la vida e integridad  de los mismos. Los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en operativos militares, la presencia de hombres encapuchados,  desmovilizados que patrullan con el Ejército Nacional las veredas haciendo señalamientos  a los habitantes  y líderes de la zona, y el abandono estatal que por décadas han padecido estos lugares dan lugar a la búsqueda de apoyo de otras organizaciones y rescatar  sus experiencias para aplicar y tratar de salir de la crisis.

Por ello, en el marco del intercambio de experiencias se hablará del Tribunal Permanente por la Paz y la vida digna como recurso de denuncia,  visibilización y documentación  de las violaciones a los derechos humanos; del recorrido histórico  de la Corporación CAHUCOPANA y la voz de las comunidades de las veredas Ojos Claros, Dos Quebradas,  Caño Tigre y Puerto Nuevo Ité se escucharan con narraciones de sus vivencias en medio del conflicto social y armado, por su parte las delegaciones internacionales socializaran el trabajo que desempeñan en cada uno de sus países.

Nordeste Antioqueño de nuevo en crisis

Nordeste Antioqueño de nuevo en crisis humanitaria

En días pasados la declaración del rompimiento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC, después de cinco meses en los cuales se vieron avances en el desescalamiento del conflicto en las zonas que estaban en medio de la confrontación y ante un gobierno que decide ordenar dar de baja de manera desproporcional a miembros de esa insurgencia, nos deja sin esperanzas de paz a las comunidades campesinas, mineras e indígenas que veíamos en este cese un paso más hacia el camino de la paz y de nuevo nos ubica en medio de la guerra.

La zona del Nordeste Antiqueño está compuesta por 10 municipios entre ellos Remedios y Segovia, en los cuales la Corporación Cahucopana desarrolla un trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos junto con las comunidades campesinas; donde opera el Batallón Calibío de la décima cuarta Brigada del Ejército Nacional, Batallón de Infantería No.42 “Batalla de Bombona” y el Batallón Especial Energético y vial N°8 del Ejército Nacional, también se encuentra la Multinacional Anglo Gold Ashanti y la empresa Zandor Capital -filial de la Gran Colombia y los grupos paramilitares “Urabeños”, “Rastrojos” y “Héroes del Nordeste” lo que genera una disputa territorial en términos del poder del capital. En estos lugares apartados de las grande urbes se vive con más fuerza el rigor de la guerra, por ello el día 22 de mayo a la media noche se escuchan bombardeos, en la madrugada del día 23 ametrallamientos y se empezaron hablar de daños y posible desplazamiento de los habitantes de las veredas Panamá 9, Cancha de Manila y el sitio conocido como Mina Nueva, jurisdicción del municipio de Remedios, aunque los medios masivos de comunicación afirman que los ataques contra la insurgencia se efectuaron en el municipio de Segovia, las comunidades que habitamos la zona después de una comisión de verificación conformada por miembros de la juntas de acción comunal y de líderes y campesinos pudimos confirmar esta información.

Esta comisión pudo evidenciar el daño efectuado por las bombas y los ametrallamientos indiscriminados que dejaron daños en varias parcelas, sin víctimas civiles, pero lo que aún persiste es el temor y la necesidad que contemplan los campesinos de desplazarse por miedo a que estos artefactos caigan sobre sus casas, que se reactive la modalidad de ejecuciones extrajudiciales como ha sucedido en ocasiones anteriores, que continúe la estigmatización o que sigan viendo personas encapuchadas detrás de sus viviendas, sin poder desplazarse tranquilamente por sus territorio, zozobra que aumenta con el desembarco de ejército que sigue haciéndose. Lo más paradójico es que mientras se sigue prolongando el conflicto armado las comunidades campesinas seguimos buscando alternativas para aportar a la construcción de la paz territorial, para cumplir con este objetivo se tiene programado el Encuentro Territorial por la paz y la participación de las comunidades en los acuerdos preliminares surgidos de la mesa de diálogos de la Habana a realizarse los días 28 y 29 de mayo en el municipio de Remedios, se espera la participación de organizaciones de la Coordinación Agrominera y comunidades de otros municipios del Nordeste Antioqueño, para así fortalecer las propuestas comunitarias como parte de la construcción territorial de la paz con Justicia social.

Debido a la coyuntura se hace necesario mostrar las realidades de los habitantes de las veredas afectadas, los estragos que dejan las acciones indiscriminadas del ejército y emprender acciones para permanecer en el territorio y hacer respetar nuestros derechos ante el Estado, en este sentido se convoca desde el día sábado 30 de mayo al Tribunal Permanente por la paz y la vida digna que estará conformada por miembros de organizaciones de derechos humanos, líderes y lideresas de la región, miembros de Acción Comunal y habitantes del municipio de Remedios quienes nos dirigiremos al lugar de los hechos, vereda Panamá 9 (Mina Nueva) donde se recogerán testimonios y denuncias de los habitantes, a su vez hara parte de otra serie de acciones como espacios asamblearios a cargo de los equipos regionales, comisiones de verificación y cada una de las reuniones que se tengan en las diferentes veredas.

No es la primera vez que atentan sobre la permanencia de las comunidades en el territorio

Los hechos de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, infracciones al DIH por el no respeto del principio de distinción, los hostigamientos, amenazas y señalamientos a los pobladores de la región por parte de la fuerza pública, conjunto el abuso de autoridad y la extralimitación de sus funciones evidenciadas en las intimidaciones y amedrentamientos, se suma al hecho de patrullar con desmovilizados y encapuchados en la región, quienes de manera irresponsable señalan de auxiliadores de la guerrilla a las personas, apareciéndose en sus casas y generando temor y zozobra a las comunidades. Todos estos hechos que se han presentado a lo largo de los últimos meses en la región del nordeste, no es la primera vez que suceden. Desde el nacimiento de CAHUCOPANA, fruto de la necesidad de las comunidades de defender a vida y la integridad de los pobladores, quienes desde principios del 2000 se vieron inmersos en una ola de violencia dirigida por grupos paramilitares en concomitancia con la fuerza pública de la región, la fuerza pública ha jugado un papel determinante tanto en los hechos de amenazas e intentos de desplazamiento de los pobladores de la región, como en los asesinatos de los pobladores per se. Tal como es el caso de las 16 ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008 que al día de hoy se están esclareciendo.

Así mismo, los bloqueos de la entrada a región de alimentos y medicinas son acciones hechas por la fuerza pública o grupos paramilitares bajo el argumento que toda posible mercancía llevada por el campesinado podía ser para la insurgencia, acciones a partir de una estigmatización que al día de hoy persiste con una manera directa cuando miembros del ejército, en el marco de operativos “militares” que realizan en los caseríos y viviendas civiles, señalan de auxiliadores de la guerrilla a miembros de la Corporación, tal como le ocurrió a Fanny del Socorro, habitante de la vereda Dos Quebradas, lugar donde se encuentra un proyecto productivo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, y sitio donde el paso de pobladores y grupos armados legales e ilegales es común.

Para esta ocasión se realizan acciones militares por parte del Ejército en donde se da de baja a un insurgente de las FARC, acción que pone en riesgo la vida e integridad de menores que estaban a escasos metros del insurgente al que le fueron propinados los disparos. Posterior a los hechos, el Ejercito arribó a la casa de la señora Fanny del Socorro a realizar requisas, entraron a todas las habitaciones, sacaron pertenecías y junto con esto, procedieron a señalarla de estar auxiliando a la guerrilla, la amenazaban diciéndole que “se había salvado del primero y segundo asalto, pero que del tercero no se iba a salvar.”

Anteriormente, en este mismo lugar el día 27 de octubre de 2011, siendo las 11:05 de la noche, aviones pertenecientes al Ejército Nacional descargaron cinco bombas de alto poder las cuales cayeron a escasos 1.000 metros de la vivienda, produciendo altos daños psicológicos a la familia y al bien civil, situación que hasta el momento no ha sido investigada por las autoridades. De igual forma ocurren con los ametrallamientos indiscriminados. Si bien en la región se han presentado muchos casos que han sido documentados por la Corporación, un caso significativo fue el de la indígena María Omaira Nayaza González, perteneciente al resguardo indígena Tagual la Pó, ubicado en esta región, el día 31 de octubre de 2014 producto de disparos indiscriminados realizados por militares que dicen haber visto “guerrilleros de civil” en el caserío. Como este caso, encontramos muchos otros denunciados desde 2004 hasta hoy, donde se involucran hombres, mujeres en estado de embarazo y menores, algunos heridos ante los hechos, otros sin impactos físicos pero si psicológicos.

Ante estas situaciones reiteradas, las organizaciones y comunidades realizamos la exigencia del respeto al principio de distinción, donde el ejército el cual históricamente para acercarse a las comunidades presupone que todos los habitantes hacen parte de la insurgencia de una u otra manera. Esto se ha profundizado con el hechos del acompañamiento por parte de desmovilizados a los operativos militares, los cuales de una manera irresponsable y extralimitándose en sus funciones, realizan señalamientos sobre los habitantes quienes temen por sus vidas (debido a las amenazas que esto desencadena) y por su libertad. Esta situación se había presentado en noviembre de 2007 a uno de los líderes de la región y miembro de CAHUCOPANA, Pedro Samudio habitante de la vereda Caño Tigre , y al cual a lo largo del 2015 se le han aparecido en su vivienda dos veces actores armados. La primera, encapuchados sin identificar, cuestión que fue alertada al líder por la comunidad debido a que este no se encontraba en la vivienda y la segunda por parte de miembros de la fuerza pública que interrogaron a su esposa debido a que en esta oportunidad.

Notas: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article876 

Asesinato de minero

                       ACCIÓN URGENTE

ASESINATO DE MINERO EN LA VEREDA PANAMÁ 9

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA denuncia  a la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales, el asesinato de un minero en el vereda Panamá 9 jurisdicción del municipio de Remedios, en el departamento  Antioquia , por presuntos miembros del ELN.

ANTECEDENTES

1.      La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA, es una organización campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia desde el 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la exigibilidad a una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio.

2.      CAHUCOPANA,  ha denunciado la grave situación humanitaria que atraviesan las zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia - Antioquia, y las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario  que se vienen presentando  en las veredas. Hemos alertado a las instituciones frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los campesinos y campesinas de la región, así como las organizaciones y sus líderes.

3.      La ocurrencia de estos hechos, hace parte la sistemática violación de derechos humanos que se han incrementado en la región en los dos últimos años. Como organización defensora de derechos humanos hemos  podido evidenciar  hechos graves como, ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, presencia de hombres vestidos de negro y encapuchados que han llegado a la región a intimidar y hurtar las pertenencias de los pobladores.

4.      Otros hechos dan cuenta de operativos militares desarrollados por tropas del Ejército Nacional en contra de los grupos insurgentes,  donde se ha puesto en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil. Es  de resaltar que en el marco de los operativos militares que viene realizando el Ejército Nacional en la región, han estado acompañados por  desmovilizados de la insurgencia de las FARC, los cuales vienen haciendo una labor de señalamiento a los habitantes de la región, a las organizaciones defensoras de derechos humanos  que están en la zona, tal es el caso de  CAHUCOPANA  y la ACVC.

5.      El día 23 de mayo de 2015 aproximadamente a las 12:15 de la madrugada,  las comunidades que habitan la vereda Cancha de Manila,  Panamá 9 y el lugar conocido como Mina Nueva, jurisdicción del  municipio de Remedios- Antioquia,  fueron víctimas de bombardeos indiscriminados efectuados por la Fuerza Aérea Colombiana. Siendo aproximadamente las 6:30 a.m. aterrizan varios helicópteros desembarcando tropa. Posterior a ello,  se escucha en estos mismos lugares ametrallamientos que ponen en riesgo a familias que viven en estas veredas.  Las comunidades están atemorizadas, ya que estos hechos generan  temor y zozobra. Hasta el momento los pobladores afirman daños en sus parcelas, situación que ya está siendo verificada por miembros de la Corporación CAHUCOPANA y habitantes de la región.

HECHOS

El día de ayer 28 de mayo de 2015, según la información de las comunidades habitantes de la vereda Panamá 9 jurisdicción del municipio de Remedios - Antioquia, encontraron el cuerpo del minero  ADRIAN CAMILO MENESES QUICENO identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.035.424.232. Según la información suministrada, el señor Adrian fue sacado amarrado de la mina ubicada en el lugar conocido como Mina Nueva aproximadamente a las 7:00  de la noche por presuntos miembros del Ejercito de Liberación Nacional -ELN -para posteriormente ser asesinado.

El cuerpo de esta persona fue levantado por los campesinos y llevado a un lugar seguro en espera del procedimiento de reconocimiento y el levantamiento del cadáver por parte de las entidades responsables de este procedimiento y en aras de evitar que cualquier grupo armado dispusiera de él.

CAHUCOPANA reitera que en hechos similares anteriores han sido las comunidades las que finalmente realizan la sepultura de las personas como una acción para dignificar las personas que mueren en medio del conflicto y ante la ausencia de los entes investigadores responsables por parte el Estado, cuestión que promueve la impunidad a falta de la investigación y esclarecimiento de los hechos.

Del mismo modo, alertamos por los nuevos hechos de violación de derechos humanos e infracciones al DIH que se puedan desarrollar en el territorio del Nordeste Antioqueño por la presencia y constate desembarco de unidades del Ejercito Nacional.

FRENTE A ESTOS HECHOS

EXIGIMOS:

Primero          

A la Fiscalía General de la Nación y seccional Antioquia iniciar la investigación que lleve al esclarecimiento de los autores de los hechos y garantizar la presencia oportuna en los lugares donde ocurren, para lo cual las organizaciones defensoras de derechos humanos SIEMPRE hemos estado en la disposición para brindar garantías para el ingreso a la región.

Segundo

A las autoridades del orden Nacional, al Programa para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, actuar de manera inmediata con el fin de que se tomen las medidas necesarias para que se garantice el absoluto respeto de los derechos a la vida, la integridad personal y psicológica, el trabajo, la libertad y la permanencia en el territorio de los pobladores del Nordeste Antioqueño.

Tercero

Al Gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la organización, la libre movilidad, la honra y permanencia en los territorios campesinos.

Cuarto

A la Oficina Del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia que realice monitoreo a la crítica situación de derechos humanos en la región, y emita recomendaciones al Estado colombiano en consecuencia.

Quinto

Al Sistema de Alerta Tempranas de la Defensoría del Pueblo apoyar a las organizaciones sociales y campesinas representativas de los intereses de las comunidades de base del Nordeste Antiqueño, para que se cumplan las recomendaciones emitidas en el marco del Informe de Riesgo No. 002-12A.I. emitido para la región, en lo relacionado con los hechos que acá se denuncian

RESPONZABILIZAMOS: Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS, al ministro de defensa  JUAN CARLOS PINZÓN por ordenar las acciones militares en territorios campesinos y mineros convirtiendo a la población civil en objetivo militar y poniendo en grave riesgo la vida e integridad de personas ajenas al conflicto armado y al ELN el respeto por la vida e integridad  física  y psicológica de las comunidades campesinas, mineras e indígenas del Nordeste Antioqueño.

SOLICITAMOS

A la comunidad nacional e internacional

 Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de Derechos Humanos por la que atraviesan las comunidades de la región  con los últimos hechos aquí denunciados.

Solicitamos difundir la presente  Acción Urgente  y enviar sus cartas a las siguientes autoridades:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

GERMAN VARGAS LLERAS

Vicepresidente de la República de Colombia

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

Teléfonos (57 1) 444 2120 - 444 2122

Fax: (57 1) 596 0651

E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

EDUARDO MONTEALEGRE

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

contacto@fiscalia.gov.co , denuncie@fiscalia.gov.co

JORGE ARMANDO OTÁLORA

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

EMail: secretaria_privada@hotmail.com , agenda@agenda.gov.co  defensoria@defensoria.org.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723

Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia

E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;

y webmaster@procuraduria.gov.co  

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: oacnudh@hchr.org.co  

Email: cesar.rojas@antioquia.gov.co gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Calle 42 Número 52- 106 Medellín.

Centro Administrativo Departamental "José María Córdova"

Teléfono (574) 383 80 00 

Favor remitir a la siguiente dirección y/o correo electrónico los oficios, gestiones e informe de las acciones que adelanten con base en esta información: carrera 10 no. 15-39, Edificio Unión, Oficina 507, (Bogotá D.C.)

CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO – CAHUCOPANA, 29 DE MAYO DE 2015