Nordeste Antioqueño de nuevo en crisis humanitaria
En días pasados la declaración del rompimiento del cese unilateral
del fuego por parte de las FARC, después de cinco meses en los cuales se vieron
avances en el desescalamiento del conflicto en las zonas que estaban en medio
de la confrontación y ante un gobierno que decide ordenar dar de baja de manera
desproporcional a miembros de esa insurgencia, nos deja sin esperanzas de paz a
las comunidades campesinas, mineras e indígenas que veíamos en este cese un
paso más hacia el camino de la paz y de nuevo nos ubica en medio de la guerra.
La zona del Nordeste Antiqueño está compuesta por 10 municipios entre
ellos Remedios y Segovia, en los cuales la Corporación Cahucopana desarrolla un
trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos junto con las
comunidades campesinas; donde opera el Batallón Calibío de la décima cuarta
Brigada del Ejército Nacional, Batallón de Infantería No.42 “Batalla de
Bombona” y el Batallón Especial Energético y vial N°8 del Ejército Nacional,
también se encuentra la Multinacional Anglo Gold Ashanti y la empresa Zandor
Capital -filial de la Gran Colombia y los grupos paramilitares “Urabeños”,
“Rastrojos” y “Héroes del Nordeste” lo que genera una disputa territorial en
términos del poder del capital. En estos lugares apartados de las grande urbes
se vive con más fuerza el rigor de la guerra, por ello el día 22 de mayo a la media
noche se escuchan bombardeos, en la madrugada del día 23 ametrallamientos y se
empezaron hablar de daños y posible desplazamiento de los habitantes de las
veredas Panamá 9, Cancha de Manila y el sitio conocido como Mina Nueva,
jurisdicción del municipio de Remedios, aunque los medios masivos de
comunicación afirman que los ataques contra la insurgencia se efectuaron en el
municipio de Segovia, las comunidades que habitamos la zona después de una
comisión de verificación conformada por miembros de la juntas de acción comunal
y de líderes y campesinos pudimos confirmar esta información.
Esta comisión pudo evidenciar el daño efectuado por las bombas y
los ametrallamientos indiscriminados que dejaron daños en varias parcelas, sin
víctimas civiles, pero lo que aún persiste es el temor y la necesidad que
contemplan los campesinos de desplazarse por miedo a que estos artefactos
caigan sobre sus casas, que se reactive la modalidad de ejecuciones
extrajudiciales como ha sucedido en ocasiones anteriores, que continúe la
estigmatización o que sigan viendo personas encapuchadas detrás de sus
viviendas, sin poder desplazarse tranquilamente por sus territorio, zozobra que
aumenta con el desembarco de ejército que sigue haciéndose. Lo más paradójico
es que mientras se sigue prolongando el conflicto armado las comunidades
campesinas seguimos buscando alternativas para aportar a la construcción de la
paz territorial, para cumplir con este objetivo se tiene programado el
Encuentro Territorial por la paz y la participación de las comunidades en los
acuerdos preliminares surgidos de la mesa de diálogos de la Habana a realizarse
los días 28 y 29 de mayo en el municipio de Remedios, se espera la
participación de organizaciones de la Coordinación Agrominera y comunidades de
otros municipios del Nordeste Antioqueño, para así fortalecer las propuestas
comunitarias como parte de la construcción territorial de la paz con Justicia
social.
Debido a la coyuntura se hace necesario mostrar las realidades de
los habitantes de las veredas afectadas, los estragos que dejan las acciones
indiscriminadas del ejército y emprender acciones para permanecer en el
territorio y hacer respetar nuestros derechos ante el Estado, en este sentido
se convoca desde el día sábado 30 de mayo al Tribunal Permanente por la paz y
la vida digna que estará conformada por miembros de organizaciones de derechos
humanos, líderes y lideresas de la región, miembros de Acción Comunal y
habitantes del municipio de Remedios quienes nos dirigiremos al lugar de los
hechos, vereda Panamá 9 (Mina Nueva) donde se recogerán testimonios y denuncias
de los habitantes, a su vez hara parte de otra serie de acciones como espacios
asamblearios a cargo de los equipos regionales, comisiones de verificación y
cada una de las reuniones que se tengan en las diferentes veredas.
No es la primera vez que atentan sobre la permanencia de las
comunidades en el territorio
Los hechos de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados,
infracciones al DIH por el no respeto del principio de distinción, los hostigamientos,
amenazas y señalamientos a los pobladores de la región por parte de la fuerza
pública, conjunto el abuso de autoridad y la extralimitación de sus funciones
evidenciadas en las intimidaciones y amedrentamientos, se suma al hecho de
patrullar con desmovilizados y encapuchados en la región, quienes de manera
irresponsable señalan de auxiliadores de la guerrilla a las personas,
apareciéndose en sus casas y generando temor y zozobra a las comunidades. Todos
estos hechos que se han presentado a lo largo de los últimos meses en la región
del nordeste, no es la primera vez que suceden. Desde el nacimiento de
CAHUCOPANA, fruto de la necesidad de las comunidades de defender a vida y la
integridad de los pobladores, quienes desde principios del 2000 se vieron
inmersos en una ola de violencia dirigida por grupos paramilitares en
concomitancia con la fuerza pública de la región, la fuerza pública ha jugado
un papel determinante tanto en los hechos de amenazas e intentos de
desplazamiento de los pobladores de la región, como en los asesinatos de los
pobladores per se. Tal como es el caso de las 16 ejecuciones extrajudiciales
entre 2004 y 2008 que al día de hoy se están esclareciendo.
Así mismo, los bloqueos de la entrada a región de alimentos y
medicinas son acciones hechas por la fuerza pública o grupos paramilitares bajo
el argumento que toda posible mercancía llevada por el campesinado podía ser
para la insurgencia, acciones a partir de una estigmatización que al día de hoy
persiste con una manera directa cuando miembros del ejército, en el marco de
operativos “militares” que realizan en los caseríos y viviendas civiles,
señalan de auxiliadores de la guerrilla a miembros de la Corporación, tal como
le ocurrió a Fanny del Socorro, habitante de la vereda Dos Quebradas, lugar
donde se encuentra un proyecto productivo de la Zona de Reserva Campesina del
Valle del Río Cimitarra, y sitio donde el paso de pobladores y grupos armados
legales e ilegales es común.
Para esta ocasión se realizan acciones militares por parte del
Ejército en donde se da de baja a un insurgente de las FARC, acción que pone en
riesgo la vida e integridad de menores que estaban a escasos metros del
insurgente al que le fueron propinados los disparos. Posterior a los hechos, el
Ejercito arribó a la casa de la señora Fanny del Socorro a realizar requisas,
entraron a todas las habitaciones, sacaron pertenecías y junto con esto,
procedieron a señalarla de estar auxiliando a la guerrilla, la amenazaban
diciéndole que “se había salvado del primero y segundo asalto, pero que del
tercero no se iba a salvar.”
Anteriormente, en este mismo lugar el día 27 de octubre de 2011,
siendo las 11:05 de la noche, aviones pertenecientes al Ejército Nacional
descargaron cinco bombas de alto poder las cuales cayeron a escasos 1.000
metros de la vivienda, produciendo altos daños psicológicos a la familia y al
bien civil, situación que hasta el momento no ha sido investigada por las
autoridades. De igual forma ocurren con los ametrallamientos indiscriminados.
Si bien en la región se han presentado muchos casos que han sido documentados
por la Corporación, un caso significativo fue el de la indígena María Omaira
Nayaza González, perteneciente al resguardo indígena Tagual la Pó, ubicado en
esta región, el día 31 de octubre de 2014 producto de disparos indiscriminados
realizados por militares que dicen haber visto “guerrilleros de civil” en el
caserío. Como este caso, encontramos muchos otros denunciados desde 2004 hasta
hoy, donde se involucran hombres, mujeres en estado de embarazo y menores,
algunos heridos ante los hechos, otros sin impactos físicos pero si
psicológicos.
Ante estas situaciones reiteradas, las organizaciones y
comunidades realizamos la exigencia del respeto al principio de distinción,
donde el ejército el cual históricamente para acercarse a las comunidades
presupone que todos los habitantes hacen parte de la insurgencia de una u otra
manera. Esto se ha profundizado con el hechos del acompañamiento por parte de
desmovilizados a los operativos militares, los cuales de una manera
irresponsable y extralimitándose en sus funciones, realizan señalamientos sobre
los habitantes quienes temen por sus vidas (debido a las amenazas que esto desencadena)
y por su libertad. Esta situación se había presentado en noviembre de 2007 a
uno de los líderes de la región y miembro de CAHUCOPANA, Pedro Samudio
habitante de la vereda Caño Tigre , y al cual a lo largo del 2015 se le han
aparecido en su vivienda dos veces actores armados. La primera, encapuchados
sin identificar, cuestión que fue alertada al líder por la comunidad debido a
que este no se encontraba en la vivienda y la segunda por parte de miembros de
la fuerza pública que interrogaron a su esposa debido a que en esta
oportunidad.
Notas:
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