Finaliza
la gira de fortalecimiento regional de Cahucopana
Por: Kary Mancera
Imagen de archivo Cahucopana
A pesar de que en otras partes del país se presenta
sequía, en una de las veredas de la parte alta del Nordeste Antioqueño llueve.
La gente, por medio de canaletas de los techos de zinc y canecas, recolectan el
agua que utilizan en sus quehaceres cotidianos. Ahora están empezando a
solucionar el problema del acueducto para todos. Se escuchan los rumores de la
llegada de la electrificación pública que hace unos días se volvió realidad en
una de las veredas que queda aproximadamente a tres horas en moto de este
caserío. Luego de interminables luchas desde la junta de acción comunal con el
municipio y desde las organizaciones sociales en los escenarios de negociación
departamentales y nacionales, se empieza a ver la intervención del Estado más
allá de la militarización del territorio. Ahora se espera que la energía llegue
allí. El consumo de gasolina de la planta de la mina, que es la que garantiza
la energía actualmente, se disminuiría y dicha energía estaría totalmente en
función de los ascensores y otros aparatos que poco a poco se han ido comprando
para tecnificar la veta de la mina artesanal del caserío.
Hace unos años, las condiciones de vida eran
totalmente diferentes. Ante la falta de una carretera, llegar a las veredas más
lejanas tomaba de dos a tres jornadas en bestia (caballo o mula), dependía del
clima y de la situación de orden público. La gente se arriesgaba a moverse de
una vereda a otra según lo que se escuchara de hechos y de presencia de actores
armados en los caminos. Entre los bloqueos económicos de los paramilitares a la
entrada a región y los operativos militares constantes (a veces coordinados con
los paramilitares), nace hace 10 años la Corporación CAHUCOPANA como iniciativa
campesina, para afrontar dichas situaciones.
Ya en un contexto diferente, donde persiste el
conflicto armado, se pueden encontrar tiendas con algunos productos, que por lo
menos permite variar la dieta y tener de vez en cuando frutas y verduras
diferentes, en neveras que pueden ser entradas. Así mismo, se pudieron entrar
letrinas, tejas de zinc, cemento, cosas básicas que están permitiendo mejorar
las condiciones de las viviendas. Se empiezan a ver condiciones que han sido
producto de las iniciativas y acciones de las comunidades.
A propósito de las elecciones, ahora que hay
carreteras, diferentes candidatos a la Alcaldía han hecho presencia en las
comunidades. Han tenido que sufrir las complicaciones de un viaje por los
caminos abiertos por una retroexcavadora, pero mantenida por las mismas
comunidades. Aquí todas las comunidades acordaron sacar un día al mes para
arreglar los espacios comunales, de los caseríos y la carretera que las
comunica, por ello se prohíbe que ese día transiten vehículos por la carretera,
excepto por una emergencia.
Echando “rula” y piedra los días de trabajo colectivo,
como lo llaman allá, garantizan que partes de la carretera dañadas por el clima
sean transitables para todos: “porque como es algo que logramos entre todos y
nos beneficia a todos, nosotros mismos debemos garantizar que esté en buenas
condiciones para que nos siga sirviendo” plantea uno de los habitantes que va
saliendo ese día de trabajo colectivo. Mientras tanto las mujeres garantizan
que el caserío esté aseado, que haya canecas, que la caseta comunal esté en
buenas condiciones. “Ahí van saliendo una y otra cosita, siempre hay algo que
hacer” comentaba una de las líderes ese día. Por ello no se espera nada del
Alcalde que gane, porque allí llegan con promesas, pero la lucha por el
mejoramiento de las condiciones de vida ha dependido única y exclusivamente de
las comunidades.
Sin embargo, ante el nuevo escenario político en el
marco de los acuerdos de la Habana, algunos líderes fueron apoyados por las
comunidades para ser candidatos al Consejo Municipal. Doce líderes y lideresas
de diferentes veredas conformaron una lista que pretende llegar a este cuerpo
colegiado para realizar un control e incidencia en la política pública del
municipio de Remedios, con el ánimo de garantizar un cambio en las formas de
hacer política y el direccionamiento a las comunidades de miles de millones de
pesos que le entran al municipio.
Aunque es un reto que se asumió colectivamente, desde
la Mesa Comunal por la vida Digna en la cual nos encontramos las comunidades de
toda la región, se sabe que tenemos que afrontar toda una maquinaria electoral
de quienes siempre han estado en el gobierno municipal, pero además de ello
convencernos de que en este momento de la historia colombiana se está mirando
si existen las garantías para la participación política de quienes
históricamente hemos sido excluidos en nuestro derecho de elegir y ser elegidos
y convencernos de que vale la pena participar en los escenarios electorales
para transformar la realidad.
Adicional al miedo que generan las amenazas que han
llegado y al aumento de asesinatos que se percibe en los municipios por los
corrillos de los habitantes del pueblo, muchas de las personas de las
comunidades, con más de 30 años de edad, jamás han votado. En el sistema
electoral colombiano muy poca gente es la que cree. Colombia se caracteriza por
tener altos porcentajes de abstencionismo, siendo el país latinoamericano con
menor participación electoral en las últimas tres elecciones presidenciales.
Esto se refleja evidentemente en la región, en donde muchas personas que van a
salir a votar por primera vez lo hacen para apoyar al líder comunal que
apoyaron las mismas comunidades desde el principio.
Los
anuncios de la Habana y la incertidumbre de las comunidades mineras
Cahucopana, en su próxima entrega sobre la gira de
fortalecimiento, dará a conocer las conclusiones del trabajo que se realizó en
torno a la política gubernamental de persecución contra la pequeña minería, en
donde se socializó la normatividad que progresivamente ha hecho el gobierno
colombiano desde 2007 para direccionar una persecución militar y judicial que
se ha agudizado contra las comunidades mineras.
Hoy, en el marco del proceso de paz, el gobierno en
sus anuncios “Declara la guerra a la minería criminal” y se enorgullece de la
presentación de cifras de “resultados en la lucha contra la minería ilegal
2010-2015” [1]:
1.118 operaciones realizadas. 3.555 minas han sido
intervenidas. 8.202 personas han sido capturadas. 258 piezas de maquinaria han
sido destruidas. 4.879 piezas de maquinaria incautadas (volquetas, motores,
motobombas, dragas).
Las comunidades, así como lo han hecho con el tema de
electrificación, han reiterado que se necesita una intervención social y
económica que conduzca a la legalización y formalización de las minas
artesanales en el nordeste.
Por el contrario, y como se ha presentado a lo largo
del año, solo existe una intervención militar persistente, con hechos de
infracción al DIH y estigmatización que la Corporación continua denunciando. La
constante persecución hacia las comunidades mineras mantiene en zozobra a las
comunidades debido al temor de alguna intervención a la mina o capturas que se puedan
presentar en la región, tal como hemos podido constatar con el seguimiento de prensa
sobre las “intervenciones” a minas y capturas de mineros en diferentes regiones
del país.
[1] Tomado de: http://wp.presidencia.gov.co/Notici...
