viernes, 31 de marzo de 2017

En tiempos de paz: crímenes de guerra

En los conflictos armados tanto internacionales como no internacionales de las últimas décadas, la humanidad ha observado cómo las víctimas de éstos son, en su mayoría, población civil y el caso colombiano no ha sido la excepción. De manera específica, en el Nordeste Antioqueño se han generado diversos crímenes de guerra como violaciones directas al Derecho Internacional Humanitario, donde la población civil ha sido víctima y el Ejército Nacional perpetrador.

En año 2014, en la Vereda Las Guaguas de jurisdicción del municipio de Segovia, Antioquia, miembros del Ejército Nacional, específicamente del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 MY. Mario Serpa Cuesta, sede Segovia, el cual hace parte de la Décima Cuarta Brigada, Unidad Operativa Menor, adscrita a la Séptima División del Ejército, hirieron gravemente a la indígena Omaira Nayaza González, perteneciente a la comunidad Embera Chamí que reside en el resguardo indígena Tagual – La Pó, con arma de fuego, bajo la modalidad de tiradores de alta precisión, sin estar bajo ningún tipo de combate, atentando contra la humanidad de una mujer indígena completamente indefensa, violentando de manera clara los principios de distinción y precaución traídos por el Derecho Internacional Humanitario.

No obstante las denuncias, exigencias y visibilización por parte de la comunidad y de las organizaciones defensoras de derechos humanos de estas claras infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los miembros de la fuerza pública del Estado colombiano, hoy tristemente la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, denuncia nuevamente una grave infracción a la normatividad internacional sobre la conducción de hostilidades y a sus principios de distinción, precaución y trato humanitario por parte de miembros del Ejército Nacional, mediante operación con tiradores de alta precisión, la cual cobró la vida del arriero, campesino y moto-taxista Hernán Guillermo Villa Gómez, padre de una niña de tres años de edad y cabeza de hogar, miembro de la comunidad completamente ajeno al conflicto armado interno, en hecho acaecido el pasado 23 de marzo de 2017, aproximadamente a las 3:15 PM, en la vereda Panamá 9 de jurisdicción del municipio antioqueño de Remedios, en la zona de descargue de madera cerca al caserío denominado Mina Nueva.

Es menester resaltar que esta clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de los miembros del Ejército Nacional, en la que se involucra y se causan perjuicios de manera injustificada a la población civil en acciones militares, incluso cobrando la vida de un campesino reconocido por la comunidad y en medio de la materialización de un proceso de paz con el grupo insurgente FARC-EP, resulta aún más preocupante cuando en los informes oficiales brindados a los medios y a la ciudadanía por parte del Ejército Nacional, en específico, por parte del Coronel Nelson Vanegas Acosta, comandante de la Décima Cuarta Brigada, Unidad Operativa Menor, adscrita a la Séptima División del Ejército, se afirma que la mencionada operación militar fue legítima, negando el carácter de población civil del campesino, moto-taxista y arriero Hernán Villa, al aducir que era miembro del grupo insurgente ELN, afirmación que va en contravía de los testimonios dados por la comunidad sobre el carácter civil del campesino. Es de conocimiento general la actividad lícita desempeñada por el campesino en la región.

Si bien a partir de los hechos narrados por la comunidad posterior a la comisión de verificación adelantada por sus miembros y por los equipos de acción humanitaria no se logró conocer ni establecer el batallón al cual pertenecen los miembros del Ejército Nacional perpetradores en esta oportunidad, a partir de las declaraciones oficiales dadas por el Coronel Nelson Vanegas Acosta comandante de la Décima Cuarta Brigada, dichas acciones resultan atribuibles a la misma.

Dichas afirmaciones vislumbran la repetición de una de las faltas más graves cometidas por los militares en Colombia de manera abrumadora durante los últimos años, esto es, las ejecuciones extrajudiciales conocidas coloquialmente como falsos positivos, en la medida que el Ejército quiere justificar sus acciones infractoras al DIH y al DIDH con la supuesta pertenencia de la víctima a los grupos guerrilleros del país, justificación vacía a la hora de confrontar con los testimonios de la propia comunidad que tiene presencia en la zona de ocurrencia de los hechos.

De conformidad con la normatividad internacional que obliga al Estado colombiano y a todos sus funcionarios, no resulta legítimo generar la muerte de dos personas que se conducían en un vehículo civil sin ningún tipo de arma visible, vestidos de civil y en medio de un caserío con alta presencia civil el cual es bastante cercano a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal, Remedios, Antioquia, como foco de vital importancia en el proceso de paz por el cual atraviesa Colombia en la actualidad. En definitiva, en los hechos acaecidos no se encuentran elementos materiales que justifiquen el ataque por parte del Ejército con arma de fuego a la humanidad de estas dos personas.

En concordancia con todo lo anterior, resulta importante resaltar que lo acaecido se constituye como una clara infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de miembros del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que Colombia ha suscrito y hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Programa de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, además de múltiples tratados que tocan con la materia. En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, vemos cómo en esta oportunidad los miembros del Ejército Nacional violentaron los siguientes principios:

  • El principio de distinción al dirigir un ataque indiscriminado, sin estar en el marco de un enfrentamiento, por el contrario, encontrándose en una Vereda netamente campesina y aledaña a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal, teniendo como resultado la muerte del campesino Hernán Guillermo Villa, generando un daño innecesario y excesivo a una persona perteneciente a la población civil con especial protección constitucional, a su familia y a la comunidad en general.
  • El principio de protección, de humanidad o inmunidad, pues se vio afectado un miembro de la población civil, de manera directa, resultando herido con arma de fuego, heridas que le causaron la muerte, sin que exista justificación alguna para dicho proceder. 
  • El principio de precaución, en tanto no se consideró la presencia de población civil en la planeación y realización de una operación militar en específico.

En general, si bien estos principios subrayan de manera clara una serie de obligaciones para el Ejército Nacional, los cuales podrían resumirse así: no se puede atacar a cualquiera, no se puede atacar cualquier cosa y no se puede atacar de cualquier manera. Miembros de dicha entidad estatal incumplieron sus obligaciones a la luz de los principios rectores del DIH, al desarrollar una operación militar que dio como resultado la muerte del campesino Hernán Guillermo Villa, quien se encontraba totalmente indefenso y ajena a los actores del conflicto armado interno que se vive en Colombia.

Con relación a las normas vigentes en la materia, que sin duda obligan al Estado colombiano, se trae a colación el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, el cual es aplicable en todos los conflictos de índole no internacional, con el fin de resaltar la infracción a dicho precepto normativo que obliga a las fuerzas armadas colombianas, al atentar contra la vida y la integridad corporal del señor Hernán Villa. Dicho artículo prescribe el trato humano, sin discriminación alguna, de todos aquellos que no participen activamente en las hostilidades, prohibiendo los siguientes actos en cualquier tiempo y lugar:

“(a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; (b) la toma de rehenes; (c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; (d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”.

De igual forma y en mismo sentido del desconocimiento del principio de distinción desarrollado por el Derecho Internacional Humanitario, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – Cahucopana, denuncia la presencia de miembros del Batallón de Ingenieros No. 14 "Batalla de Calibio" el cual hace parte de la Décima Cuarta Brigada, Unidad Operativa Menor, adscrita a la Séptima División del Ejército; en la Vereda Cañaveral, de jurisdicción del Municipio de Remedios, Antioquia, al ingresar de manera indiscriminada a las casas y hogares de los campesinos que habitan la zona, creándoles un riesgo innecesario y colocando, una vez más, en peligro la vida y la integridad física de las familias que allí habitan.

Es así como se hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ejército Nacional para que cumplan a cabalidad las obligaciones internacionales adquiridas de conformidad con los tratados internacionales de DIH y DIDH, en especial, las obligaciones dirigidas a la protección y distinción de la población civil dentro del conflicto armado, en la medida que no resultan justificables los hechos acontecidos en los últimos días en el Nordeste Antioqueño y en otras regiones del país, donde nuevamente es la población civil la realmente afectada.

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miércoles, 29 de marzo de 2017

Comunidades del Nordeste Antioqueño siguen en asamblea permanente por crisis humanitaria

Declaración política de la asamblea general de las comunidades campesinas 
del Nordeste Antioqueño



Las comunidades agrarias, campesinas, indígenas y mineras del Nordeste Antioqueño aquí firmantes, luego de los operativos de las Fuerzas Militares del 2 de marzo del presente año en la región, decidimos estar en una movilización-plantón en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal desde el 6 hasta el 18 de marzo. Posteriormente, en conversaciones con delegados del Gobierno Nacional en Medellín y al no llegar a ningún acuerdo frente a la crisis humanitaria que se presenta en la región y la reiteración de la continuación de los operativos contra la pequeña y mediana minería, nos declararnos a partir del 18 de marzo en asamblea permanente y desacato a la autoridad.

En el marco de esta Asamblea Permanente las comunidades nos encontramos nuevamente el 25 de marzo del año en curso en la vereda de Carrizal y evaluando el contexto nacional, regional y local declaramos:

1. No estamos de acuerdo con las declaraciones que dio la Secretaría de Gobierno del Municipio de Remedios, a través de la emisora Colombia Estéreo, en donde afirma que nos encontramos divididas frente a los proyectos de Colombia Responde patrocinados por la USAID.

2. Recalcamos que hemos estado al tanto del desarrollo de dichos proyectos y en varias ocasiones hemos informado que el desarrollo de los mismos se ha logrado gracias a la buena disposición de las comunidades.

3. Reiteramos que es responsabilidad del Gobierno nacional, departamental y municipal la crisis social y humanitaria que se viene presentando en la región y no de las comunidades.

4. Por el contrario, hemos expresado y demostrado total disposición al diálogo y a la solución de estas problemáticas, y que nos encontramos en esta situación de desacato es por los mismos incumplimientos y negligencias por parte del Gobierno.

5. Reafirmamos que no nos encontramos divididas, al contrario, estamos todas las veredas de Remedios y parte de Segovia, construyendo unificadamente y en consulta permanente vereda por vereda en toda la región del Magdalena Medio, para decidir cuál será la ruta a seguir de esta Asamblea Permanente y las acciones a desarrollar.

Comunidades mineras campesinas e indígenas del Nordeste Antioqueño asistentes a la asamblea:

Panamá 9, La cristalina, Altos de Manila, Mulatos, Cañaveral, Santa Marta, Lejanías, Dos Quebradas, Santa Isabel de Amará, El Piñal, Monte Frío, Campo Bijao Yondó, Carrizal, Campo Bijao Remedios, El Carmen, La Gorgona, Mina la Esperanza, Puná. Resguardo Indígena Tawal la Pó, Las Delicias, Arenales, Los Aguacates, Tamar Alto y Las Guaguas.

Organizaciones Sociales Acompañantes:

Comité de Integración Agrominera del Nordeste Antioqueño -CIANA-, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -CAHUCOPANA-, Congreso de los Pueblos, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Red Agroecológica Nacional -ACVC-RAN-, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó -AHERAMIGUA-, Marcha Patriótica Magdalena Medio, Escuela de Formación Popular “Sandra Rondón Pinto”, Equipo Jurídico de los Pueblos, Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolivar y Antioquia.

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viernes, 24 de marzo de 2017

Defensor de derechos humanos de Cahucopana fue retenido ilegalmente por la policía

Defensor de derechos humanos de Cahucopana 
fue retenido ilegalmente por la policía

El 23 de marzo de 2017, el líder de la Corporación Cahucopana y defensor de derechos humanos Carlos Morales se dirigía de la ciudad de Barrancabermeja hacia Medellín en el esquema otorgado por la Unidad Nacional de Protección, ante el riesgo que corre en el marco de su labor. Salió aproximadamente a las 8 de la noche, posterior a su asistencia al Foro Regional de Participación Ciudadana con su escolta José Edilberto Beltrán Restrepo.

En la vía que conduce de Puerto Berrío a Cisneros fueron detenidos por la policía quienes realizaron una verificación de los papeles. Posterior a esto, fueron perseguidos por un carro de la Policía desde el peaje El Trapiche, hasta hacerlos detener para realizar el mismo procedimiento.

Siendo las 2 de la mañana, encontrándose en la puerta de la oficina de Cahucopana en Medellín, llegaron los intendentes Arbey Riasco y Edison Yepes, quienes con pistola en mano pusieron al escolta contra la pared y le quitaron su arma de dotación, requiriendo una requisa.

Ante esto, Carlos se presentó como defensor de derechos humanos, entregó su cédula y preguntó de forma respetuosa, que qué estaba pasando ya que era la tercera vez que la Policía lo había detenido para lo mismo. Uno de los uniformados le solicitó que presentara el carné que certificara su labor.

Carlos respondió que no es necesario tener un carnet para identificarse como tal, mientras los agentes iniciaron una requisa al esquema y los objetos personales. Anotaron las cédulas y revisaron el carro. Además llamaron a la empresa donde trabaja el escolta y confirmaron la información del mismo. Se presentó el acta de entrega del vehículo para la movilidad de Carlos. Todo este procedimiento duró una hora aproximadamente, el cual fue grabado por los agentes.

En seguida llegó el Capitán Roa de la estación de Policía del barrio Villa Hermosa, quien manifestó tener 5 horas para corroborar la información suministrada por los retenidos, por lo que decidieron trasladarlos a la estación. En ningún momento señalaron qué tipo de procedimiento realizaban.

Al haber pasado una hora y ser grabados todo el tiempo, fueron anotadas las informaciones de Carlos, su escolta y la dirección de la oficina de la Corporación.

Es pertinente señalar que Carlos es miembro del Movimiento Político y social Marcha Patriótica, defensor de derechos humanos de la Corporación Cahucopana desde el 2005, elegido como representante legal en la última asamblea el pasado 18 de marzo. Fue privado de la libertad durante 7 meses y medio en la Cárcel de Palogordo bajo un montaje judicial que realizó la Fiscalía.

Cahucopana exige al Gobierno nacional y departamental tomar las medidas pertinentes frente a las actuaciones de los agentes de policía, en especial promoviendo el reconocimiento del trabajo y labor de los defensores de derechos humanos. A la Procuraduría realizar las investigaciones y sanciones pertinentes del caso. A la Unidad Nacional de Protección, atender y dar trámite ante este tipo de situaciones con los demás entes gubernamentales, en especial la fuerza pública.

Cahucopana solicita a la comunidad nacional e internacional acompañar y denunciar estas situaciones, quienes deben estar atentos al abuso de autoridad legalizado en el nuevo Código de Policía.

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Presunto francotirador del ejército asesinó dos personas en Remedios, Antioquia

Presunto francotirador del ejército asesinó dos personas en Remedios, Antioquia


Foto: Agencia Prensa Rural


En Remedios, Antioquia, fueron asesinados dos hombres por presuntos francotiradores del Ejército Nacional a tan solo una hora de la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Carrizal.

Comunidades campesinas del municipio de Remedios informaron que el jueves 23 de marzo, siendo aproximadamente las 3:15 de la tarde, entre la vereda Mina Nueva y el caserío de Panamá Nueve, después de escucharse varios disparos y observarse la presencia del Ejército Nacional, se hallaron los cuerpos de dos hombres asesinados.

Según la información recibida por Cahucopana, posterior a la comisión de verificación adelantada por miembros de la comunidad y de los equipos de acción humanitaria, se logró establecer que una de las personas era un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se encontraba de civil desplazándose en una moto manejada por Hernán Guillermo Villa, un trasportador y arriero de la región, quien también fue asesinado y del cual se constató no tenía ninguna relación con el grupo guerrillero.

Al parecer los disparos fueron propinados por un francotirador del Ejército Nacional en un modus operandis que la corporación ha venido denunciando en los últimos dos años, en hechos similares donde tres insurgentes en estado de indefensión y estando con civiles -casos de alias Zapata de las Farc-EP y alias Marquitos y Pitufo del ELN- fueron asesinados por francotiradores del ejército infringiendo el DIH y las normas internacionales de protección al combatiente indefenso y en hechos donde pudieron haber sido capturados.

A su vez, un habitante de la región que se encontraba cerca al lugar de los hechos y quien iba en moto, al percatarse lo ocurrido, se lanzó de la misma dejándola abandonada para salvaguardar su vida, la cual fue quemada minutos después por soldados del Ejército.

Resaltamos la preocupación de la organización frente a la posible vinculación del arriero con el ELN convirtiéndose en un caso más de ejecución extrajudicial, práctica sistemática e histórica que se ha dado en la región por parte del ejército.

Hacemos un llamado al gobierno nacional y el ELN para que declaren el cese bilateral y avancen en las negociaciones hacia la consecución de la solución política con este grupo insurgente. Las comunidades persisten en la construcción de paz en los territorios.

miércoles, 8 de marzo de 2017

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer

En el Nordeste antioqueño con entusiasmo y sonrisas avanzamos por los derechos de la mujer


 
Mujeres del Equipo Femenino de Acción Humanitaria, vereda Plaza Nueva

Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, acontecimiento que ha tenido a lo largo de su historia múltiples significados, unos con tintes políticos, otros familiares y en la historia reciente, unos más comerciales. La Corporación CAHUCOPANA, organización campesina defensora de los Derechos Humanos, quiere aprovechar la ocasión para rendir homenaje a aquellas mujeres luchadoras que han sido parte activa de la construcción de la organización política de las mujeres de la subregión del Nordeste Antioqueño y que, con su sabiduría y constancia, han resistido en el territorio, fortaleciendo el tejido social necesario para defender los derechos humanos y, desde los Equipos Femeninos de Acción Humanitaria, para promover y generar conciencia sobre los derechos de la mujer.


 
Equipo de fútbol sala femenino, vereda Lejanías

Las mujeres han sido pilares fundamentales de la territorialidad y la cohesión de las comunidades, aunque sus derechos no hayan sido reconocidos por compañeros y líderes comunitarios. Desde el hogar, la parcela y las Juntas de Acción Comunal, ha habido mujeres que se han destacado por su liderazgo, apoyo organizativo y su capacidad de motivar y movilizar a las comunidades en pro de sus derechos. En medio de ideas y prácticas machistas, reproducidas por ambos sexos, las lideresas han destacado por sus convicciones y disposición para enfrentar los retos propios de la organización social en Colombia que, para el sexo femenino, trae unas cargas extras debido a la cultura machista y el sistema patriarcal que todavía es la regla en los territorios rurales. Por su valor, pensamiento y acción, recordamos hoy a:

Doña Fanny, cofundadora de CAHUCOPANA en el año 2004 y primera presidenta de la Corporación, miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Dos Quebradas.


Doña Libia, fundadora de la vereda Camelias II, lideresa comunitaria y presidenta del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la misma vereda.

Doña Carmen, socia actual de CAHUCOPANA, lideresa comunitaria y miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Dos Quebradas, en el cual desempeñó de manera ejemplar el cargo de presidenta durante 4 años.


Nos reunimos porque es la mejor manera de nosotros visibilizar nuestro sufrimiento, todos los atropellos que nos han hecho en nuestras regiones, porque visibilizando yo creo que vamos a lograr lo que buscamos que es la paz”.

Doralba Valbuena, conocida de manera cariñosa como La Gata, miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Lejanías, cantautora de la región y lideresa comunitaria.



     

Yo le aporto con todo mi corazón de cantante hacia la paz, porque siento un cariño por todos mis campesinos y por ellos yo entrego la vida”. 

El compromiso de las mujeres es la organización y la participación política para avanzar en la consolidación de nuestras aspiraciones, la construcción de paz territorial y la real garantía de nuestros derechos. Este 8 de marzo, reivindicamos a las lideresas, campesinas y mineras, rurales y urbanas, que en memoria de las luchadoras ancestrales y con el horizonte claro de justicia, continuamos en la resistencia incesante contra el machismo, contra el patriarcado y contra las estructuras e ideas que subvaloran a las mujeres y que oprimen al pueblo colombiano.


 Equipo Femenino de Acción Humanitaria, vereda Caño Tigre






 Fotos y frases tomadas de la Agencia Prensa Rural 

martes, 7 de marzo de 2017

Comunidades mineras de Antioquia concentradas indefinidamente a la entrada de ZVTN de Carrizal

Comunidades mineras de Antioquia concentradas indefinidamente a la entrada de ZVTN de Carrizal


Tras las operaciones militares adelantadas contra la minería informal en el sur de Bolívar y Antioquia, las comunidades de Remedios y Segovia, desde el día 6 de marzo se encuentran en un plantón indefinido como expresión de rechazo ante los constantes incumplimientos por parte de las autoridades municipales, departamentales y el gobierno nacional, quienes se habían comprometido en buscar alternativas, de manera concertada, que llevaran al cese de la persecución, estigmatización y criminalización de la labor minera, y el inicio de procesos de formalización de las minas que se encuentran en producción.  

Particularmente en la reunión adelantada el 14 de agosto del 2016, en donde estuvo presente el gobierno nacional representado allí, por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía municipal de Remedios y Segovia, y representantes de las FARC, se ratificó el compromiso por parte del gobierno de no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), lo cual no se ha cumplido y en cambio de ello, el pasado 2 de marzo se irrumpió de manera violenta en lugares donde se práctica esta economía acabando con el único sustento de más de ochocientas familias que viven de la extracción de oro.

Es por ello que alrededor de 600 personas, de las veredas: Lejanías, Carrizal, Piñal, Panamá Nueve, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Puna, Santa Marta, La  Cristalina, Ojos Claros, Tamar Alto, entre otras, se encuentran concentradas en la vía que comunica a la ZVTN ubicada en la vereda Carrizal, esto como única salida para exigir el acatamiento de lo acordado, se brinden las garantías para la población minero campesina y se respeten los derechos de dicha comunidad.

Ante la incertidumbre que generan los operativos en la zona:

Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las FARC-EP para que entiendan que dichas acciones no pretenden torpedear el proceso de adecuación de la Zona Veredal ni la dejación de armas, por el contrario creemos necesario y urgente que el Mecanismo Tripartito sea garante de que las acciones del gobierno hacia las comunidades no sean violentas, difamatorias e impliquen el aumento de riesgo a las mismas, sino que correspondan a contribuir al desarrollo regional, a la implementación de proyectos y programas que muestren esto, al inicio de la construcción de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PEDET´s), lo que implica reconocer las prácticas mineras históricas que se han dado en la región.

Consideramos que, el hecho de que las operaciones involucren un señalamiento de conexidad con el ELN, tal como lo difundieron los medios de comunicación y ante el contexto de aumento de violencia en los cascos urbanos de Segovia y Remedios, tal como lo expone el Informe de Riesgo del SAT en 2016, se estaría incurriendo en la violación de las reglas que rigen el cese en el punto 6 y 15 de los compromisos que adquiere el gobierno nacional y las FARC -EP del protocolo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas (CFHBD).

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente Acuerdo las siguientes acciones:

6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio 
15. Afectar los derechos y libertades de la población civil.”

Para el caso de la vereda Lejanías concretamente, genera prevenciones en futuras apariciones de los helicópteros en la zona ya que no se tendría certeza si los helicópteros estén en función de la zona veredal o hacen parte de un operativo militar contra la minería informal.

Exigimos que se inicie la implementación de los acuerdos de manera integral.


Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)

Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño

Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño


El pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio Remedios en Antioquia, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en cuatro helicópteros arribaron miembros del Ejército Nacional, personal del CTI, del Esmad, de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominan minería ilegal y un “golpe contra las finanzas del ELN” quienes supuestamente recibirían las comisiones de esta actividad.

Cabe mencionar que la subregión del Nordeste antioqueño es una zona en la que están ubicados Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales. También ha sido históricamente una región golpeada por el conflicto social y armado debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por parte de los diferentes actores armados -legales e ilegales- y las empresas con intereses en la exploración y explotación desconociendo la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años por campesinos colonos.

Es por ello que la mayoría de los habitantes del nordeste antioqueño tienen como sustento económico la extracción de oro mediante la minería artesanal y la pequeña minería, sin contar con la capacidad económica para cumplir con los requisitos necesarios para legalizar su labor. Estos requisitos se facilitan para las multinacionales, mientras las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el primero se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).
El Estado justifica estos hechos como acciones contra la “minería ilegal”, pero están por fuera de lo dialogado el pasado 22 de febrero con representantes de la alcaldía de Remedios y la gobernación de Antioquia, cuando se acordó la formalización de la minería en la región y para ello se pactó un plazo de seis meses. Dicha reunión se suponía que era con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, pero con estas acciones de represión se está violando lo acordado, incumpliendo con la palabra empeñada por las administraciones municipal y departamental.

Según la información recogida en terreno, durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero-campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de tres años, que fueron usados como escudo humano, previniendo un posible ataque del ELN. En la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas más, quienes fueron conducidas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales robando herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas y otros bienes; fueron afectadas 70 familias aproximadamente. Se desconoce el acta del allanamiento y por lo tanto dicha conducta reincidente se constituye como hurto por parte de los funcionarios y servidores que hicieron parte del operativo.



Frente a los hechos, delegados de las juntas de acción comunal de las veredas en mención, del Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y de la Corporación Cahucopana llegaron a la finca en cuestión para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestar los actos violatorios en los que estaban incurriendo las autoridades. Con estas acciones se alerta a las otras comunidades del país, especialmente en las que se enfatizaron los acuerdos de paz, por la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras los mineros artesanales en vía de formalización se esfuerzan para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en el país; son calificados como ilegales y se violentan sus derechos. De igual manera los territorios de mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización sino que el interés del Estado es expulsar a estos trabajadores de su territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es clara la contradicción entre lo que dicen los acuerdos de paz y los intereses de ciertos funcionarios a favor de las trasnacionales. Esa contradicción debe conducir a que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), revise esta situación y tome las medidas para que el Estado, como responsable de la implementación de los acuerdos, permita que los mineros artesanales se formalicen y sean protegidos de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una “normatividad transitoria”.
El Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño exige al Estado:

1.     La libertad inmediata de los mineros que están siendo judicializados; 

2. La protección y garantía de los derechos humanos para toda la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería; 

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio; 

4. La sanción a los funcionarios que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función; 

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, y entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional expresadas en el apoyo, acompañamiento y facilidades para la formalización de la minería; 

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Se exige además a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI):

1.     Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementarán más enfáticamente los acuerdos de paz. 

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones que permita la participación de quienes ejercen la minería en municipios en los que la economía se basa en esta actividad, y que haga seguimiento a este tipo de hechos que vulneran los derechos de las comunidades y que atentan contra el acuerdo.




Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño Remedios-Segovia