De víctimas a pastorcitos mentirosos

De víctimas a pastorcitos mentirosos

Las acciones violentas contra la población civil, en el marco del conflicto armado, que por años hemos tenido que padecer las comunidades que habitamos las zonas rurales de los municipios de Antioquia, nos llevó a organizarnos para resistir en nuestro territorio al desplazamiento y así buscar alternativas para salvaguardar nuestras vidas y tratar de visibilizar lo que ocurre en estos lugares olvidados del país. Sin embargo, ahora la misma institucionalidad, en cabeza del gobernador de Antioquia Luis Pérez, nos tilda de mentirosos frente las denuncias hechas por la presencia de grupos paramilitares, que él denomina bandas criminales.

El Gobernador aseveró en entrevista concedida a Blue Radio: “Yo creo que tenemos que quitar esa palabra de paramilitares, son bandas criminales y estamos pendientes que algunos han estado en municipios de Antioquia, lugares donde abandonaron las Farc y otros donde no había Farc. Están tratando de hacer terrorismo porque no están apareciendo bandas sino que están apareciendo pinturas. Nos dio mucha risa porque algunos decían que iban a ver la caligrafía a las pinturas, suponemos que es algún muchacho que contratan en algún municipio o corregimiento para que haga unas letras y salgan corriendo”.

Frente a estas declaraciones, le solicitamos al señor Pérez tener mayor precisión en sus afirmaciones, ya que en asuntos tan delicados como la presencia de grupos paramilitares surgidos de la “desmovilización” de las AUC, en varios municipios antioqueños, no se puede partir de creencias propias y subjetivas, y mucho menos de suposiciones, desconociendo la verdad histórica contada desde quienes hemos padecido el rigor de la guerra y somos víctimas directas de ese grupo, además sin que se adelanten las respectivas investigaciones por parte del ente investigador, esto es, la Fiscalía General de la Nación. Las organizaciones sociales y la comunidad campesina concebimos dicha declaración como irresponsable e infundada, generando un mayor riesgo para las comunidades campesinas del departamento.

Es importante resaltar que el informe N° 010-17 A.I., emitido el pasado 30 de marzo del año en curso, por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reconoce que los líderes sociales y defensores/as de derechos humanos son una población en especial situación de riesgo. A partir de una análisis de contexto en el cual se afirma que “Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios”, recomposición que puede ser explicada a partir del proceso de concentración y tránsito a la vida civil de las FARC-EP. Es así como la disputa se da en el marco del control territorial y de las economías ilegales, donde son los voceros comunitarios, defensores y representantes de víctimas y otras poblaciones vulnerables quienes se encuentran en riesgo, “no solo en cuanto a represalias y ataques por las denuncias que interponen o por la reivindicación de derechos comunitarios, sino que este riesgo aumenta al no contar con un marco de protección y garantías legales e institucionales que disuadan a quienes conspiran para agredirlos”; y es precisamente a partir de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares que se intensificó la ola ofensiva en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales a raíz de la constitución de grupos armados derivados de los grupos desmovilizados, quienes hasta la actualidad cuentan con presencia en distintas regiones del país.

En la misma declaración, el gobernador dijo: “Le pedimos a las comunidades que no hagan denuncias infundadas porque de pronto les pasa lo del pastorcito mentiroso, que cuando realmente si sea grave la situación de pronto no se vaya con la premura que se requiera”.

Con respecto a esto nos parece una falta de respeto tildar de mentirosos a una comunidad que ha tenido que sufrir el abandono estatal y la crudeza del conflicto. Las comunidades siempre hemos tenido que enfrentar estos grupos por medio de la organización comunitaria ante la ausencia institucional, teniendo como herramienta la interlocución con los armados y la denuncia, nuestras únicas armas para enfrentar la quema de nuestros caseríos, los asesinatos de nuestros líderes, las desapariciones de nuestros jóvenes y las masacres de nuestras comunidades. Esto no ha sido suficiente para poder identificar a quienes quieren seguir haciéndonos daño, ya que además de la denuncia, el Estado pretende trasladarnos la responsabilidad de la prueba y las investigaciones. Además de esto el gobernador ¿pretende que guardemos silencio mientras estos sujetos ocupan nuestros territorios?

Señor Luis Pérez: le recordamos su obligación constitucional y legal que tiene como gobernador de Antioquia y las demás instituciones estatales con relación al desmonte efectivo del paramilitarismo, dando cumplimiento al el Decreto Ley 898, Título I, capítulos I, II, III y IV del 29 de mayo de 2017, además de la obligación de seguridad y salvaguarda de la vida y la integridad física de los ciudadanos por parte del Estado y de sus instituciones. Es por ello que si las comunidades sufren menoscabos a sus derechos, será el Estado el principal responsable en su posición de garante y en consideración al monopolio de las armas.

Finalmente, de la manera más amable y atenta se le pide al Gobierno Departamental de Antioquia que no trate de invisibilizar un fenómeno tan latente y actual como la recomposición de las estructuras paramilitares en la región, quienes buscan ejercer un control territorial y social a partir de la salida de la insurgencia de las FARC-EP, quienes en la actualidad dan su paso a la vida civil y política.