lunes, 4 de marzo de 2019

Comunidades de Remedios (Antioquia) piden al Gobierno prestar atención a las problemáticas de su país


Comunidades de Remedios (Antioquia) piden al Gobierno prestar atención a las problemáticas de su país

Las comunidades campesinas y las organizaciones sociales del bloque de Juntas de la Mesa Comunal por la Vida Digna y la Paz de la Región, municipio de Remedios, Antioquia; hacemos un contexto general del tema de seguridad en la región, en el cual comunicamos que existen grupos armados ilegales en la zona, como paramilitares y ELN. Además que como comunidades pedimos que se reanuden los diálogos con esta insurgencia. A su vez vemos el enfoque que ha hecho el gobierno, el cual tienen sus ojos puestos en el país vecino (Venezuela) y se ha olvidado de Colombia, no se preocupa por el campesinado de este país, además está dejando de lado la implementación de los Acuerdos de paz con las FARC y el avance de la JEP; vemos con preocupación también la problemática social del aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución y copamiento que están haciendo los grupos paramilitares.

Como campesinos no olvidamos las luchas de nuestras comunidades, las cuales siempre han buscado la formalización de la minería y la tenencia de la tierra, y que siempre hemos estado comprometidas con el avance del proceso de paz, expresamos que, lo que más necesitamos como campesinos organizados en JAC y organizaciones sociales, no es la militarización del territorio, sino la garantía de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, y la permanencia en la región.

Pese a que con el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC ha disminuido el conflicto armado, aún existe una problemática latente con el aumento del conflicto social, como proliferación de bandas criminales, robos, prostitución, drogadicción y capturas a los campesinos por parte de la fuerza pública, así como también asesinatos selectivos de actores armados desconocidos y secuestros y homicidios a los campesinos por parte del ELN. Teniendo en cuenta que toda esta problemática también se ha venido dando por causa de la terminación de los diálogos con el ELN, por eso exigimos como comunidades que se reanuden dichos diálogos y se continúe el desmonte de bandas criminales que afectan la región.

Vemos también con preocupación la actual situación minera en nuestros municipios de Remedios y Segovia, la cual nos afecta a las comunidades de esta región, ya que en su mayoría todas tenemos el sustento principalmente de la pequeña y mediana minería; aún más tememos por la amenaza directa por parte del gobierno nacional sobre este sector, en la que se ha eliminado las consultas populares establecidas en el artículo 33 de la Ley 36 de 1994. Conociendo la visión del gobierno sobre una explotación extractivita a nivel nacional, donde han puesto en subasta nuestros territorios al gran capital extranjero, en el que se deja nuestros medianos y pequeños mineros, que en su mayoría somos campesinos, sin trabajo, sin el sustento para nuestras familias y sumándole esto, nos tratan de criminales; partiendo de que ni siquiera somos dueños de la tierra, ya que nos encontramos en Ley 2da, lo que se ha dificultado para poder trabajar como campesinos dueños de la tierra; además el gobierno nunca nos ha entregado una propuesta de cambio para dar solución a esta problemática, teníamos las esperanzas en la implementación del punto 1 de los acuerdos de Paz firmados con las FARC, pero que a la fecha no se ha visto cumplimiento de esta, conjuntamente las únicas soluciones que nos presenta el Estado es la represión militar y la amenaza que existe para el cierre de las minas bajo los llamados amparos administrativos, así como también la quema, expropiación de mini-dragas, motores y retro excavadoras por parte de la Fuerza Pública.

Como campesinos organizados convocamos para que se realice una acción humanitaria con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, tales como Alcaldías de Remedios y Segovia, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, ONU, MAPP-OEA, IAP, PBI; queremos que dicho evento se lleve a cabo con las autoridades competentes para dar solución a las problemáticas y contribuir en el desarrollo de la región.

Comunidades y organizaciones participantes:

Chicamoqué, Carrizal, La Cristalina, panamá 9, Altos de Manila, Tamar Alto, Cañaveral, Piñal, Aguacates, El Carmen.
Organizaciones Sociales:
CIANA, CAHUCOPANA, ACVC-RAN, Partido FARC.
Organizaciones Internacionales acompañantes:
PBI.

sábado, 23 de febrero de 2019

Hombres armados encañonan y roban información en el teléfono móvil del líder campesino


Hombres armados encañonan y roban información en el teléfono móvil del líder campesino

Carlos Morales es un líder destacado que como defensor ha intervenido frente a todos los actores armados legales e ilegales en defensa de la vida y para la permanencia en el territorio de los habitantes del nordeste antioqueño. Esto conllevó a una fuerte persecución, estigmatización, amenazas y judicialización que lo mantuvieron injustamente privado de la libertad durante 8 meses, posteriormente fue liberado y con el paso del tiempo se pudo demostrar su inocencia.


Aunque Cahucopana se ha caracterizado por insistir a las instituciones que es necesario pensarse las medidas de protección colectivas y diferenciadas, sin otra alternativa, Carlos cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección, que consta de un carro blindado y dos escoltas producto del estudio de riesgo, que ha implicado otros costos adicionales para la Corporación y el líder.

***
Carlos, desde el pasado domingo 17 de febrero, se encuentra sin camioneta debido a daños que presentaba. A la fecha la Unidad no ha facilitado automóvil para garantizar su seguridad y movilidad.
Al no encontrarse el esquema de seguridad decidió ir sin escoltas a recoger a su esposa al lugar donde ella estudia, esta es una actividad rutinaria, resolvió ir sin ellos debido a que por sus limitaciones económicas no le alcanzaba para pagar el transporte de todos.

El día 21 de febrero, a las 5:25 p.m., en el barrio La Floresta (Barrancabermeja), mientras el dirigente campesino esperaba a su esposa, dos hombres que se movilizaban en una moto, la cual tenía las placas tapadas, lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego, posteriormente procedieron a hurtar su teléfono móvil.

Frente a esto reiteramos que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad integral de los líderes sociales amenazados y con altos niveles de riesgo.

Es preocupante que durante cinco días Carlos tenga que dejar de ejercer su labor y detenga hasta su vida familiar debido a la negligencia de la Unidad Nacional de Protección.

En esta ocasión afortunadamente no ocurrió nada en contra de la integridad de Carlos, sin embargo la información contenida en el móvil era confidencial y de suma importancia, aparte de tener sus contactos, grupos de trabajo y su correo electrónico, también tenía información de la Corporación y denuncias e informes de la situación actual en la región del nordeste antioqueño.

Si bien en esta hecho solo resultó en hurto, cómo organización creemos que es una alerta teniendo en cuenta que en otros casos, como el de José Yimer Cartagena, (vicepresidente de ASODECAS, asesinado en Córdoba) se demostró que su asesinato, por más que parecía que fue por un hurto, tuvo como móvil el hecho de ser líder social en su territorio.

martes, 19 de febrero de 2019

ELN y Ejército violan derechos humanos de comunidades del Nordeste Antioqueño


ELN y Ejército violan derechos humanos de comunidades del Nordeste Antioqueño

Damos a conocer la denuncia construida por líderes comunitarios del nordeste antioqueño, a raíz del asesinato del líder minero Alberto Jiménez, a manos del ELN.

Las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño, del municipio de Remedios y Segovia, departamento de Antioquia, las organizaciones sociales y el partido político FARC de esta región, expresamos inicialmente nuestro dolor por el asesinato de nuestro compañero, amigo y líder minero, Jaime Alberto Jiménez Fernández, habitante de la vereda Panamá 9 en manos de la insurgencia del ELN, además de la violación de derechos humanos que se han venido presentando por parte de las Fuerzas Militares y atropellos a la comunidad de esta región en general, de este modo exponemos nuestro rechazo a todas estas violaciones de DD.HH, sociales y económicos de los campesinos y campesinas de este territorio como resultado del abandono estatal que aún vivimos.

Como habitantes de este territorio, declaramos que somos mineros desde la cuna, pero existe una problemática latente en esta región que nos pone en el medio del conflicto armado, además que las luchas de nuestras comunidades siempre han buscado la formalización de la minería y la tenencia de la tierra, que siempre hemos estado comprometidas con el avance del proceso de paz y que lo que más necesitamos como campesinos organizados en JAC y Organizaciones Sociales, no es la militarización del territorio, sino la garantía de los DD.HH, sociales, económicos y culturales, y la permanencia en la región.

Desde hace muchos años la violencia en esta región es histórica y como comunidades creíamos que íbamos a descansar de la guerra con el desarme de las FARC y como campesinos aspirábamos que con la dejación de las armas se iba consolidando la paz, hoy miramos con preocupación la crisis del proceso de paz a raíz de los incumplimientos del gobierno en la implementación de los acuerdos.
En esta región somos en promedio más de cinco mil personas que estamos aquí y vivimos de la minería y la agricultura, pero en estos momentos nos vemos amenazados de diferentes fuerzas armadas, tanto legales como ilegales y el fortalecimiento del paramilitarismo que nos están obligando a salir desplazados de esta región.

Las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño del municipio de Remedios y Segovia, las organizaciones sociales y el Partido Político FARC de esta región nos pronunciamos ante la problemática que estamos viviendo en este momento, y exigimos al Gobierno Nacional que nos brinde solución a dichas problemáticas, las cuales son:

Problemática de minería ya que el gobierno ha legislado, pero no para los sectores más pobres, sino para las grandes multinacionales extranjeras, dejándonos por fuera a los campesinos que siempre hemos vivido de esta economía y nuevamente nos lanza al abandono estatal, el incumplimiento al proceso de paz con las FARC, la problemática social y económica, la falta de la tenencia de la tierra por encontrarnos en un territorio aún en ley 2da de 1959, problemática de seguridad de la región como la confrontación armada entre la insurgencia del ELN, el paramilitarismo y las Fuerzas Militares, lo cual nos deja en medio de la guerra a la población civil y somos quienes nos vemos más afectados ante este problema horripilante.

Dejamos en claro al Gobierno Nacional que como campesinos, excombatientes de las FARC, organizaciones sociales y población civil que somos, no tenemos nada que ver en esta guerra en la que siempre somos la población más vulnerada y abandonada, y los que ponemos siempre los muertos por una lucha que para nada nos favorece y una vez más nos vemos en el abandono estatal.
Solicitamos también al Gobierno Nacional que el ETCR Juan Carlos Castañeda sea declarado como una universidad campesina donde podamos tener un espacio educativo para el campesinado del corregimiento de Carrizal y sus veredas.

Como campesinos y campesinas siempre hemos estado en resistencia en este territorio y esto es lo que nos ha mantenido en la región, pero exigimos ya, que cese la violencia en nuestro territorio porque estamos cansados de esta y queremos que nuestros hijos e hijas vivan en una región de paz.
Hacemos también un llamado a todos los actores armados para que identifique quiénes son los que realmente están directamente implicados en el conflicto y quiénes no tenemos nada que ver en dicha guerra, además que se respeten los DD.HH y el DIH.

Las comunidades exigimos que se reanuden los diálogos con el ELN y que se haga un cese al fuego bilateral.

Esperamos que el Gobierno Local, Departamental y Nacional nos escuche y nos brinde solución a esta problemática.

Las comunidades que nos recogemos en este documento y que pertenecemos al bloque de JAC del corregimiento de Carrizal son: La Cristalina, Cañaveral de Chicamoqué, Mulato, Tamar Alto, Panamá 9, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Lejanías, Ojos Claros, El Piñal.

Las organizaciones sociales que nos recogemos para apoyar este pronunciamiento son: ACVC-RAN, CAHUCOPANA, CIANA, Partido Político FARC, Comunidad Indígena Embera Chamí del Mosquito.

Denuncia construida en la vereda Panamá 9, a los 17 días, del mes de Febrero de 2019.