Barbosa
– Antioquia
Reportaje.
Mandato Agrominero desde Barbosa – Antioquia
Los
días 8, 9 y 10 de septiembre se realizó en el campamento de refugio humanitario
el ejercicio de constituyente. El resultado fue socializado en asamblea general
con el lanzamiento de la constituyente regional construida con el grueso de las
delegaciones que estamos habitando el complejo deportivo.
Hacia
las nueve de la mañana se dio inicio al evento con una homilía por la paz con
justicia social a cargo de un pastor campesino que también se ha estado
desempeñando como asistente en el punto de salud, luego se procedió con un
homenaje a las delegaciones que cumplen hoy 24 días en resistencia pacífica en el
Paro Nacional Agrario Minero y popular desde el departamento de Antioquia. Las
comunidades del nordeste Antioqueño, el noroccidente y el Magdalena Medio se recogieron en
el mandato agro-minero realizado por ellas mismas donde se expresa que la paz
tiene que ver con el respeto a las culturas propias, la autonomía y el
territorio, el derecho a la vida y el trato digno como seres humanos.
Los
artículos del mandato hablan de la exigencia porque se reconozca al
campesinado como actor político en el territorio colombiano, como sujeto de
derechos, de las garantías que el Estado debe brindarle a este para el
ejercicio político y su manifestación sin ser objeto de persecución,
empadronamiento o represión alguna, señalamiento, deslegitimación o
criminalización desde los medios de comunicación oficiales, de la necesidad de
que se cumplan sus exigencias y del derecho al voto manteniendo la
transparencia en el sufragio; de la posibilidad de crear gobiernos autónomos
para el beneficio nacional y capacidad de decisión en los territorios.
Entre
los sesenta y tres artículos que constituyen el mandato se contemplan también
las garantías económicas y formativas para las Juntas de Acción Comunal,
prioritariamente para las veredales, su fortalecimiento y protección tanto
física como sicológicamente contra las pretensiones manipuladoras de las
multinacionales.
Se
hace énfasis en la aplicabilidad de las Zonas de Reserva Campesinas como figura
jurídica para garantizar la tenencia de la tierra y el respeto a los
territorios, de las regalías que deben generar las multinacionales para con las
ZRC mientras salen de ellas, de la devolución de territorios perdidos por causa
del conflicto social y armado además de garantías para los planes y proyectos
que se desarrollen en las ZRC con asistencia técnica, autonomía y adecuación de
vías que posibiliten la comercialización de productos a precios justos,
indemnización por fumigaciones indiscriminadas con glifosato y otros, sin dejar
de lado la exigencia de reconocimiento y respeto de las ZRC existentes y su no
militarización por ser territorios donde se propende la paz con justicia
social.
En
cuanto a la minería el mandato demanda la titulación autónoma, subsidios para
barequeros y pequeños mineros, precios justos en combustibles usados para la
minería, no venta de territorios a multinacionales e iniciar el traspaso a
pequeños y medianos mineros de los títulos que poseen estas, la no valides de
introspección aérea ni terrestre y el reconocimiento de la pequeña y mediana
minería como patrimonio histórico nacional.
En
varios puntos el mandato deja por sentado que toda propuesta, plan o proyecto
debe ser realizado o en su defecto consensuado y aprobado por las comunidades,
quienes tendrán potestad de reconocer y decidir sobre cualquier intervención en
sus territorios. Finaliza instando a la indemnización de las familias afectadas
por megaproyectos, multinacionales y transnacionales.
Pasado
el mediodía los líderes de las delegaciones se reunieron con varios
funcionarios de la gobernación departamental en el centro administrativo la
Alpujarra en Medellín para la preinstalación de la mesa de interlocución.
De
los primeros puntos en la agenda fueron las garantías de seguridad para la
permanencia del refugio humanitario, los líderes y para el retorno de las
delegaciones a sus territorios posterior a los acuerdos, siendo este último la
principal exigencia de la administración para dar inicio a las conversaciones
quienes a su vez manifestaron su preocupación por la llegada de más delegaciones
a las instalaciones ocupadas por el campamento de refugio humanitario en
Barbosa. Los líderes ratificaron la determinación de las delegaciones de
permanecer en concentración como apoyo al Paro Nacional Agrario Minero y Popular hasta obtener respuestas serias y consecuentes con las exigencias
planteadas en el mandato agro-minero, que pasen del papel a lo tangible.
Se
solicitó la presencia de varios entes como la ONU y la Defensoría del Pueblo
como garantes de la Mesa de Interlocución sin obviar la presencia de los
alcaldes de los ocho municipios a los cuales pertenecen las delegaciones en
resistencia y por supuesto del gobernador de Antioquia.
Se
propuso un subsidio para la reparación de las familias que están en apoyo al
paro dadas las pérdidas de cosechas y demás, a lo que los representantes de la
administración redundaron no contar con presupuesto. De parte de los lideres
delegados se planteó entonces la posibilidad de apoyar las familias con
insumos, proyectos productivos que den inicio al desarrollo de los acuerdos o
cualquier otro tipo de incentivo.
Una
vez más se hizo necesario poner sobre el tapete las denuncias a los constantes
intentos de sabotaje y criminalización de parte de las administraciones y los
organismos de represión como el soborno a delegaciones, detenciones arbitrarias
sin el cumplimiento del debido proceso como el caso del compañero Huber Ballesteros entre otros
líderes sociales y campesinos, la publicación por parte de la administración de
Barbosa de comunicados que pretenden individualizar y satanizar el proceso que
llevan las comunidades en el refugio humanitario, la puesta en conocimiento
público por parte de la Policía Nacional de un cartel similar al de Bogotá con
rostros de campesinos que en su mayoría se ven ajenos a actos vandálicos además
de inidentificables y el papel de
desinformación asumido por los medios de comunicación oficial, actos todos
asumidos como elementos de distracción que solo buscan empantanar el proceso de
concertación. Se solicitó también se inicien acciones judiciales por las agresiones de la fuerza
pública, el Esmad, los civiles azuzados a agredir manifestantes con el apoyo y
encubrimiento de agentes del Estado y el uso de fondos por parte de funcionarios de la
administración Barboseña para sobornar a campesinos.
La
reunión en la Alpujarra dejó como fecha tentativa para la instalación de la
Mesa de interlocución el día 24 de septiembre.
En
horas de la noche representantes de las delegaciones en concentración en el Refugio
Humanitario viajaron a la ciudad de Bogotá para participar del lanzamiento de la Cumbre Agraria y Popular donde se presentará
una mirada común de los aspectos positivos y logros del Paro Agrario y Popular,
en un análisis de las apuestas de unidad y de las iniciativas de tipo político
que se desarrollaran en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina y Popular.
Igualmente se avanzará en la consolidación de un pliego unitario
que proyecte la lucha agraria a un escenario que contribuya a la transformación
de la realidad política y social que vive Colombia.[1]
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