Comunidades campesinas del nordeste
antioqueño esperan que la paz pueda ser realidad en sus territorios
Después de varias jornadas de
pedagogía para la paz, de esfuerzos mancomunados con las comunidades
campesinas y mineras de las veredas de Remedios, Segovia, San Roque y Santo
Domingo, municipios de Antioquia, vimos al caer la tarde del domingo rostros de
mujeres, hombres y niños que por momentos perdían la esperanza de vivir en
territorios en paz. El camino recorrido por las comunidades víctimas de
conflicto armado, de aquellas que aprendieron a sobrevivir en medio de la
guerra y el terror, ha sido prolongado. Durante muchos años aprendieron
que solo organizándose, denunciando y visibilizando lo que ocurre en estas
zonas apartadas, puede garantizar seguir habitando sus tierras, permanecer en
el territorio y construir un proyecto de vida junto con las nuevas
generaciones.
Sin embargo, hay una característica
generalizada en estos territorios, la pobreza y la desigualdad son constantes y
los derechos son vulnerados, partiendo del hecho de que sus veredas no sean
tenidas en cuenta para la inversión social; así mismo, las dinámicas económicas
de la pequeña minería y la minería artesanal han sido criminalizadas; la
legislación actual se fortaleció criminalizando los proyectos colectivos y
legitimando la intervención violenta a las minas, que no han podido ser
formalizadas por el Estado a pesar de tener practicas sociales y ambientales
que exige la ley, lo cual deja sin garantías a los mineros. Pero además
de esto, el derecho a la participación política de estas comunidades ha sido
casi nula por dos razones. Por un lado, por la característica de su población,
que al haber sido desplazada hace años o en décadas anteriores no son oriundos
del municipio que habitan, por lo que el Estado, el año pasado decidió anular
cientos de cédulas de personas que, al no haber participado nunca en elecciones
y no ser de este municipio, era extraño que inscribiera su cédula en un puesto
de votación ajeno al de siempre. Se presumía trashumancia, nunca el Estado
respondió al llamado de revisar los libros de las Juntas de Acción Comunal
donde están inscritos desde hace más de 5 o 6 años.
Por el otro, porque la violencia ha
sido un factor que ha cohesionado a los líderes que se han postulado para la
representación, como por ejemplo ocurre con las amenazas y hostigamientos a
candidatos que las mismas comunidades habían elegido desde un ejercicio
democrático desde la base.
Después de todas las enseñanzas que
nos dejó el año pasado las elecciones y los retos que tenemos para una apertura
democrática en el país, el domingo decenas de campesinas y campesinos dejaron
sus fincas para desplazarse por más de tres horas hasta el casco urbano más
cercano con el fin de ejercer su derecho al voto, todos conscientes de la
necesidad de parar el conflicto con uno de los actores que hace fuerte
presencia en la zona y que históricamente ha sido autoridad en sus territorios.
Se dará un paso a nuevos escenarios de concertación con otros actores armados,
se irá arando el camino de la paz estable y duradera, afirmaban. Al
regresar de nuevo a sus veredas y ver la decisión que tomaron 6.431.376
colombianos, muchos de los cuales no saben qué es perder a un ser querido o
escuchar caer una bomba, resuelven no decaer en la tristeza y apelar a la
sensatez. Saben que las reivindicaciones propias del campesinado siguen siendo
una lucha constante, que le seguirán apostando a la paz y que a pesar de la
desolación con la que amaneció la otra mitad de la población que voto por el
sí, continuarán en la construcción de escenarios de participación y
reconciliación que solo valoran aquellos que han sufrido los estragos de la
guerra.
Cahucopana y las comunidades
agrarias y mineras del nordeste antioqueño ratifican el apoyo total a los
diálogos de paz. Creemos que el camino recorrido hasta el momento aún no se ha
perdido. Hacemos el llamado al Gobierno Nacional y a las FARC- EP a que
continúen en el propósito de la paz estable y duradera.
5 de octubre de 2016
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